En mi libro recién publicado, ‘La trama contra Cataluña’, dedico un capítulo a seguir el rastro de las conexiones que, durante la Transición, vincularon a algunos cuadros de los dirigentes que acabarían liderando el PSC a prohombres del estamento franquista. La tesis que planteo en el texto es que sectores relevantes del socialismo catalán, algunos de los cuales mantenían incluso lazos familiares con jerarcas del régimen, pactaron con los poderes fácticos procedentes de la dictadura que la democracia no implicaría una ruptura ni en el orden social ni en el marco político nacional. La parte esencial del pacto consistía en garantizar la españolidad de Cataluña y profundizar en su asimilación en la siguiente etapa, aprovechando electoralmente el numeroso contingente de inmigración procedente de diversas regiones de España que se había instalado en Cataluña durante los años cincuenta y sesenta bajo una administración franquista. Con este aparato de dominación, también nutrido en buena parte de funcionarios ajenos al país y hostiles a la realidad catalana, se consolidó un imaginario de españolidad que dificultaba la integración de la inmigración en la lengua y en la cultura propias, una circunstancia que, según el referido entendimiento entre las élites y la izquierda moderada, había que mantener y cultivar bajo el sistema constitucional si se quería minorizar el catalanismo, cortar de raíz cualquier deriva independentista y blindar la integridad del Estado.
Espero que el lector comprenda que no destacaré en este artículo nombres y apellidos porque, a pesar de ser consciente de que la genealogía presentada en ‘La trama contra Cataluña’ tampoco sorprenderá a aquellos que conozcan nuestro pasado reciente, aspiro a que compren el libro y lo lean y que, si no están de acuerdo con mi hipótesis, se animen a abrir un debate de momento inexistente (lo que quizá señala que tengo razón).
En cualquier caso, la operación que en mi narración se despliega durante los años setenta y que contó con algún azar funesto para el catalanismo (como la desaparición de Josep Pallach en enero de 1977) tuvo un cierto éxito, puesto que la impermeabilidad a la catalanidad ha acabado definiendo a una parte importante de la población inmigrante llegada durante el franquismo y también a sus descendientes (otra cosa, como veremos, son las desastrosas consecuencias que la citada maniobra ha tenido para el PSC visto en retrospectiva). En el año 2013 sigue siendo posible vivir en Cataluña y progresar socialmente sin tener que hacer ningún esfuerzo de integración ni en la cultura ni en la lengua del país. Una persona monolingüe castellana que resida en el área metropolitana de Barcelona puede desarrollar la misma actividad laboral, los mismos hábitos de consumo mediático o la misma actitud cívica y política que si viviera en Alcobendas o Dos Hermanas y para la persistencia de este estado de cosas durante décadas el PSC ha sido determinante. Esto se ha producido a pesar de algunos gestos de compromiso del PSC con el catalán, como el apoyo a la inmersión lingüística en las escuelas pero, salvo en los momentos iniciales, la actitud socialista hacia el hecho nacional siempre ha estado marcada por una cierta tibieza, con fuertes discrepancias respecto a otros ámbitos de la política lingüística (como sucedió en la tramitación de la ley de 1998) y sin nada de entusiasmo en el momento de hacer efectivas las medidas que deberían haber tendido a reforzar el catalán como lengua hegemónica en el espacio público.
Paradójicamente, esa alianza entre las estructuras franquistas y la inmigración no integrada ensambladas a través de determinadas figuras del socialismo catalán, que tantos réditos dio durante los años ochenta y noventa, está llevando al PSC al abismo. Primero significó el destierro del supuesto sector catalanista del partido (digo supuesto no sólo por la connivencia fundacional con los poderes del régimen, sino también por los beneficios políticos y profesionales que ungieron a sus protagonistas cuando se trataba de obtener votos del obrerismo español en el marco electoral estatal, momento en el que no sólo no discrepaban en nada, sino que eran los principales responsables del mantenimiento de unas líneas de fractura de identidad que podían reventar en cualquier momento). Después, la falta de determinación nacional ha acabado desembocando en la pesadilla que desde el PSC se había blandido como coartada para no cuestionar el orden español: el lerrouxismo, el fin de una (ficticia) cohesión social. El avance electoral de las opciones españolistas sin rodeos entre los antiguos votantes socialistas (PP, Ciudadanos) está a punto de dar la estocada final a un gran autoengaño que no se supo corregir a tiempo. Un movimiento que se acelera desde el mismo PSC incluso alineándose con sus competidores y tratando de reforzar su acento en un atributo que, a pesar de haber estado siempre presente y siempre revelado con sutileza, las otras fuerzas políticas contrarias a la catalanidad exhiben con mayor efectividad: el españolismo étnico.
Este movimiento fue el que presenciamos la semana pasada en Hospitalet a través de la determinación de su alcaldesa: tanto en el pacto con el PP y la ultraderecha racista de Plataforma por Cataluña para aprobar una moción que insta a boicotear toda consulta sobre la independencia, como en una extemporánea campaña a favor del no en el supuesto referéndum (lo cual se contradice con el objetivo último de la moción básicamente dirigido a que los ciudadanos no puedan votar sobre el futuro de su país).
Con su iniciativa, de efectos más corrosivos si consideramos que coincidió en el tiempo con la presentación por parte de Pere Navarro del imposible proyecto federal acogido con frialdad por el PSOE, Marín ha cruzado una línea roja, o quizás, de acuerdo con lo dicho, nos ha recordado cuáles eran los verdaderos orígenes del proyecto socialista.
