La cuestión del euro por receta, sumada a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, debería reabrir (en realidad, de abrir) un debate profundo sobre la naturaleza de un sistema al que atribuimos un origen inventado. Hablamos de igualdad, de derechos adquiridos, de conquistas sociales, de progresismo y otras cosas que suenan muy bien, pero a la vez evitamos púdicamente ciertos referentes que nos parecen vergonzosos. Creo que remitirnos al origen real de todo ello permitiría entender muchas cosas que ahora parecen contradictorias. Al final, todo encaja. La base de lo que podríamos llamar genéricamente seguridad social tiene poco o nada que ver con la épica de las conquistas populares y mucho, en cambio, con un paternalismo franquista que tenía como principal objetivo la inmovilización social (o dicho más crudamente : que el personal estuviera quietecito gracias a su dependencia del Estado). Está muy bien que algunos partidos y sindicatos de izquierdas se envuelvan con esta bandera, por supuesto, pero no resulta admisible que quieran olvidar el origen histórico directo de lo que defienden (ni es honesto que lo hagan, además, desde de una supuesta superioridad moral).
Muchas personas mayores cuando van a un centro de atención primaria todavía se refieren como “el Seguro”. ¿De dónde sale, este término? El origen es muy sencillo: el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, o SOVI, fue instaurado por el régimen franquista en 1947. La consolidación definitiva del Seguro como modelo antiliberal de gestión pública se produce en 1963, cuando las Cortes franquistas aprueban la ley de bases de la seguridad social .Después se acaba de redondear con otras disposiciones jurídicas hechas entre 1966 y 1967, y culmina con la ley de Financiación y perfeccionamiento de la acción protectora del Estado, en 1972. Aquí hemos jugado a confundir estas disposiciones de la España franquista con un estado del bienestar que supuestamente habría conquistado en paralelo a las libertades democráticas. Esto, lisa y llanamente, es mentira. También es falso que todo ello nos equipare a Europa, donde buena parte de los medicamentos y de la asistencia salen del bolsillo de los usuarios, donde la norma es -y era, ya antes de la crisis- el copago.
En todo caso, el argumento no quiere ser un primario “como lo inventó Franco, está mal”, etc. No: el problema que siempre hemos intentado desterrar, porque estorbaba mucho, es qué significa público y privado en el siglo XXI, no en el siglo XIX o en la década de 1950. Ruboriza, por ejemplo, que en 2013 todavía confundamos público con funcionarial, y privado con empresarial. Esta identificación absurda es justamente la que ha querido reenfocar… Barack Obama. En Estados Unidos la distorsión se vive, en general, en un sentido opuesto al de aquí, pero, al final, es exactamente la misma.
Independientemente de cuál sea nuestra opinión sobre este tema, cuando hablamos del euro por receta o de muchas otras cosas por el estilo, deberíamos tener presente que la cuestión de fondo es la de la tipología de Estado que hoy encontramos razonable o bien inasumible. En el siglo XIX, cuando la rigidez de las clases sociales resultaba extrema, el marxismo constituía una respuesta plausible. Quien nacía pobre solía morir pobre, y quien tenía la suerte de nacer rico lo era incluso después de la muerte (los panteones de medidas delirantes del siglo XIX servían apenas para certificarlo). Las cosas ya no son así, y la crisis lo ha dejado clarísimo, tanto para bien como para mal. Incluso a nivel individual, lo que es normal es que a lo largo de nuestra vida ya no experimentamos la engañosa quietud a la que aspiraba “la acción protectora del Estado” en tiempos de Franco. Entiendo que haya gente que lo añore, pero me parece impresentable inventar determinados romances para desvincularse de este origen incómodo. O, lo que es, reclamar la continuidad de las condiciones laborales de las empresas del INI franquista, pero apelando fantasiosamente a la socialdemocracia sueca.
¿Todavía queremos un État-Providence ? En caso de que la respuesta sea que sí, hay que responder a la fuerza a una segunda pregunta: ¿cómo lo pagamos? Últimamente el truco consiste en hablar sólo del fraude fiscal. Muy bien: supongamos que lo tenemos bajo control, es decir, que disponemos de tres o cuatro meses más para pagar una sociedad envejecida donde pronto a cada contribuyente le tocará un jubilado. Repetimos la pregunta, pues: ¿cómo pagamos todo esto? El euro por receta era una manera de aliviar infinitesimalmente el problema, pero se ha vuelto a optar por ” la acción protectora del Estado “. Protectora, providencial, cálidamente paternal.
