Paseando por la noche, poco antes de ver arriar la bandera roja que la preside, la plaza de Tiananmen me pareció la metáfora más pura de la China actual. Un espacio inmenso: si la trasladáramos a Barcelona, se extendería desde la Gran Vía hasta la calle Mallorca y desde Balmes hasta Pau Claris. El poso deprimente del socialismo real (reducido ahora a ideología de afirmación nacional y al dominio incontestable del Partido Comunista): un gran retrato de Mao con los rasgos rejuvenecidos, colgado en la entrada del palacio imperial, en el extremo norte de la plaza; su mausoleo en medio; al este y al oeste, los edificios, grises, angulosos, estalinistas, de la Asamblea del Pueblo y del Museo de Historia de China, alrededor de toda el área central, un largo cordón policial para filtrar los visitantes y prevenir cualquier alteración del orden público. Y, finalmente, una apuesta capitalista, libre de todo prejuicio estético: cerca del monumento a los héroes del pueblo y enfrente del retrato de Mao, habían levantado dos paneles electrónicos, cada uno de casi 50 metros de largo, que emitían, sin parar, anuncios llamativos dirigidos a incitar el consumismo más rabioso.
Esta síntesis es, sin duda, el producto de una gran obsesión: modernizar China y superar las humillaciones sufridas a manos de los europeos en el siglo diecinueve sin caer nuevamente en la inestabilidad y las guerras civiles del siglo veinte. Por ello, el sistema gira alrededor del mercado, pero el partido comunista continúa vertebrando todo el país, política y económicamente. El estado chino es el accionista principal de miles de empresas. Las empresas públicas reciben el ochenta y cinco por ciento de todos los créditos bancarios y suman el ochenta por ciento de los valores que se cotizan en bolsa.
Los partidarios del capitalismo chino alaban la capacidad de maniobra de Pekín, su poder de sumar esfuerzos al servicio de objetivos bien definidos, su superioridad respecto al cortoplacismo e inestabilidad del capitalismo liberal. Contraponen el crecimiento imparable de China al crack financiero de 2008. Subrayan su peso internacional: la suma de los activos de las ciento veinte empresas públicas chinas más importantes equivalen a toda la economía francesa; China controla una quinta parte de todos los fondos de inversiones soberanos; tres de las diez empresas más grandes del mundo son propiedad de China.
Ahora bien, haciendo hincapié en la superior eficiencia del capitalismo de estado, sus partidarios pasan de puntillas por encima de su debilidad fundamental (que, claro, muchos de ellos ven como máxima virtud): el poder, inmenso, casi incontrolable, que otorga a las instituciones estatales y, por tanto, a sus dirigentes y a los que están conectados. El problema, a mi entender, es que esta diferencia de trato entre Estado y agentes privados no sólo viola las prácticas más elementales de una democracia sino que genera, por fuerza, un grado de corrupción y una desigualdad económica extraordinarios. De hecho, no puede ser causalidad que el capitalismo de estado lo inventara Mussolini y que lo practicara, a través del INI principalmente, el régimen franquista.
El antónimo del capitalismo de estado es la economía social de mercado, que Ludwig Erhard, el ministro de Economía de Adenauer, introdujo en la Alemania de la posguerra en reacción a la concentración de poder político y económico del régimen nazi. Como en la China actual, este modelo económico reconoce la maximización de beneficios y la ganancia privada como parte inherente de la naturaleza humana. Pero contrariamente al sistema chino, su gran preocupación es el mantenimiento de la libertad y la igualdad de los individuos. Por ello, mientras que el Estado mantiene una posición preferente en la actividad económica en el capitalismo de estado, en una economía social de mercado ninguno de los agentes económicos (el Estado incluido) tiene prioridad sobre el resto. El poder público no puede favorecer o discriminar a determinados propietarios, inversores o empresarios en nombre de un objetivo específico decidido por la mayoría o el político de turno. Las reglas económicas son idénticas para todos y estables en el tiempo (es decir, protegidas de la tentación de ser manipuladas por el gobierno del momento). En este sistema, el Estado tiene un rol esencial. Pero sus tareas son mantener un sistema judicial independiente e impedir la creación de monopolios u oligopolios que hagan peligrar la libre competencia y la igualdad de todos.
Del milagro alemán de los años cincuenta y su trayectoria hasta ahora hay que extraer dos conclusiones innegables: una, que este modelo es tan eficiente como (y probablemente más eficiente que) el capitalismo de estado, y, dos, que, contrariamente a capitalismo chino, es compatible con la democracia (y, de hecho, con el estado de bienestar, raquítico en China). (Cabe decir que, si contara con el tipo de instituciones transparentes e imparciales propias de una economía social de mercado, y no con el amiguismo y las arbitrariedades estatales de siempre, España ya tendría, como mínimo, la mitad del paro actual).
ARA
