Las críticas fáciles a la democracia hacen mucho daño al sistema político que, con ironía británica, Churchill definió como el menos malo de los que se conocen. Y más aún cuando esta cultura, muy severa ante las tentaciones despóticas, tiene fundamentos tan débiles como en nuestro entorno político. Estos días, el caso del juez Garzón lo pone en evidencia. La controversia ideológica popular -y populista- que se ha abierto a raíz de las causas por las que se le juzga ha llevado a olvidar que la cuestión de fondo no es sobre la bondad o no de sus propósitos, sino sobre si sus decisiones judiciales respetaban las garantías que deben caracterizar la justicia en un sistema democrático. Unas garantías entre las cuales está el derecho a la defensa, y por tanto a la confidencialidad de la relación entre acusado y defensor, y la no prevaricación, es decir, la no comisión de arbitrariedades a conciencia.
Hete aquí, pues, por qué es tan importante en un sistema judicial democrático que antes de la sentencia todo el mundo tenga derecho a la presunción de inocencia. O por qué produce tanta angustia, desde una sensibilidad radicalmente democrática, que se pueda vulnerar el derecho de confidencialidad entre abogado y detenido en los casos de terrorismo. Y así se entiende que Guantánamo sea una mancha tan negra en el sistema norteamericano, cuyo mismo rigor judicial hace que ahora sea tan difícil deshacerse de forma legal aquel infierno, por más que Obama se lo proponga. Unas garantías, claro, que encajan muy poco con las exigencias populistas y antidemocráticas de “hacer justicia”. Cuando se ha dejado hacer arbitrariamente al pueblo o a los tiranos, los juicios han terminado en linchamientos en la plaza o en absoluciones vergonzosas de sus líderes carismáticos.
El caso Garzón nos puede servir para comprobar si hacemos prevalecer, en nuestra valoración del caso, las propias simpatías ideológicas o bien el rigor y la severidad democrática. Que Garzón haya intentado perseguir a Pinochet o a Kissinger, que haya querido desvelar la memoria de la barbarie franquista o que se haya encarado con la corrupción política a gran escala, puede hacerlo simpático a los ojos de quienes comparten estas causas. Pero eso no justifica que se prescinda de las razones por las que se le juzga, que se le exculpe sin juicio y se le convierta en víctima de una persecución política.
El itinerario de Garzón no es de los que invita a la confianza ni en su rigor profesional ni en su imparcialidad. Los casos conocidos de sospechosos liberados por errores procesales merecen la crítica más severa. Y hay que recordar el discutible cierre del diario Egin o las detenciones de una veintena de independentistas catalanes que, con pruebas evidentes de tortura, Garzón desatendió, con condena posterior del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en España. Y parecía exigible que se aclarara si quien financió unas conferencias en la Universidad de Nueva York con una generosidad poco habitual en el mundo académico fueron instituciones relacionadas con su actividad de juez -pero ayer supimos que esta causa ha quedado archivada-. Más que un juez escrupulosamente demócrata, Garzón se ha comportado como el llanero solirario, el estilo autoritario y justiciero del que gusta tanto al populismo de los indignados del 15-M. Como demócratas, de Garzón no nos debería interesar si sus causas nos eran simpáticas o no, sino si las instruía con rigor.
La democracia no es sólo un sistema de representación electoral, sino todo un juego completo de reglas que procuran organizar de manera compleja un conjunto de derechos y deberes fundamentales que van asociados. El populismo que ha tomado partido por Garzón muestra que ni de lejos es España de una cultura democrática bien formada.
ARA
