El pasado 10 de abril se celebró en Barcelona la consulta independentista que supuso la culminación de los diferentes ciclos que ha tenido esta iniciativa de la sociedad civil catalana, desde septiembre de 2009 hasta ahora y que, como sabemos, es una reacción ante el conformismo de la clase política frente a los ataques de Madrid y al expolio feroz que está sufriendo Catalunya. Estas son las cifras: 22.000 millones de euros anuales, 60 millones de euros diarios, 12.000 euros anuales por familia, 3.000 euros cada catalán. Para hacernos una idea de la magnitud de este saqueo español, basta decir que constituye un caso sin parangón en el mundo. Mientras el límite del déficit fiscal en Alemania es del 4% del PIB, en Estados Unidos del 2,5% y en Australia y Canadá del 2%, el de Cataluña llega al 10%, y eso es insostenible. Y lo más grave de todo es que ese expolio no seria posible sin la aquiescencia de la clase política catalana, que hace gala de una gran incontinencia verbal, pero que se muestra sumisa como un masoquista ante su Dominatrix a la hora de la verdad. De hecho, todo cuanto dice no son más que meros aspavientos para suplir con ellos su vergonzosa resignación. Sabe de sobras que no hay más alternativa que la independencia –hasta Jordi Pujol lo ha reconocido–, pero le tiemblan las piernas para dirigirse al país, exponerle la situación y pedirle que actúe en consecuencia.
Ha sido por esa razón, y por la certeza de encontrarse en un callejón sin salida, que la sociedad catalana ha hecho caso omiso de las amenazas de la Fiscalía General del Estado y ha realizado la consulta sobre la independencia en cerca de 600 municipios –de un total de 944– en torno a esta pregunta: “¿Está usted de acuerdo en que Cataluña pase a ser un Estado de derecho, independiente, democrático y social, integrado en la Unión Europea?”. El resultado, de sobras conocido, ha sido altamente favorable al sí –más de un 90%– y los centenares de observadores internacionales que han seguido el proceso han quedado admirados del rigor, la eficiencia y la capacidad organizativa con que se ha llevado a cabo, así como del trabajo indescriptible desarrollado por los miles de voluntarios que lo han hecho posible.
Contra las consultas, los partidos de obediencia española, como era de esperar, lo han probado todo: las citadas amenazas, las coacciones, las deslegitimaciones, las descalificaciones, las satanizaciones, el desprecio… Y, aun así, no han conseguido nada. Han obstaculizado el proceso, es cierto, pero no han podido frenar su desarrollo ni la sensibilización que han producido en muchísimas personas no significadas políticamente. Creo que el País Vasco debería importar esta iniciativa porque, si bien es verdad que no tiene carácter vinculante desde un punto de vista jurídico, es indiscutible que posee tres valores extraordinarios. El primero sitúa el debate de la independencia en la calle y lo introduce en todas las esferas sociales; el segundo obliga a los partidos a definirse y pone fin a la ambigüedad como praxis política; y el tercero desenmascara el tópico que dice que el independentismo es minoritario y demuestra que es una opción que no para de crecer.
De todo modos, no hay nada mejor que observar las reacciones en contra que las consultas han provocado para darse cuenta de hasta qué punto son vinculantes. De entrada, han vinculado de tal manera al Partido Popular y al Partido Socialista que han terminado formando un trio junto a La Falange. Un trio que alguien podría calificar de curioso, pero que, en realidad, tiene mucho sentido, ya que si hay algo que une a las tres formaciones es que profesan una misma religión llamada España que les lleva al éxtasis cada vez que dicen su nombre. El expresidente José Montilla, concretamente, jubilado en activo con una pensión de 115.000 euros anuales con sólo cuatro años de cotización en el cargo, ha criticado el voto favorable de Artur Mas en la consulta diciendo que “representa una institución” con la que se identifican todos los catalanes y que con ese gesto “no contribuye a la unidad, sino a la división”.
Curioso argumento, el de la representación institucional y la división. Según Montilla, para que él y el resto de sectores españolistas no se ofendieran y pudieran sentirse representados por el gobierno de Cataluña, el presidente del país no debería haber votado. ¿Pero qué ocurre con todos los catalanes demócratas que se habrían sentido ofendidos y carentes de representación institucional si su presidente no hubiera votado? ¿No cuenta esa masa social? Pues no, por lo visto no cuenta. Eso sólo ya demuestra a quien representaba Montilla cuando era presidente. La trampa, por lo tanto, consiste en hacernos creer que no votar –que es la consigna que dieron PP y PSOE a sus secciones locales– es una actitud apolítica y neutral, mientras que depositar una papeleta en una urna para impedir que otros decidan por ti es político y parcial. Realmente curioso. Lo más divertido, sin embargo, es el argumento de la “división”. Como si ahora, esa división, no existiese. ¿Cómo es que se han celebrado las consultas, entonces? Los referéndums, justamente, se celebran cuando hay diferencia de pareceres en torno a un tema y sólo los regímenes totalitarios los prohíben. Son los regímenes que, con el mismo argumento de José Montilla, tampoco celebran elecciones. ¿Para qué, si sólo sirven para dividir a la sociedad votando opciones políticas opuestas a la confortable cohesión del pensamiento único?
