La Agencia Internacional de la Energía (AIE) utiliza en sus análisis un indicador denominado “carga del petróleo” (oil burden). Se trata del cociente entre el gasto en petróleo (demanda multiplicada por el precio del crudo) y el producto interior bruto, ambos expresados en términos nominales. Una carga del petróleo creciente no necesariamente conduce a una recesión económica, pero puede complicar los efectos de otras crisis económicas y financieras subyacentes.
Para ilustrar este punto, en su último informe mensual la AIE analiza los efectos de la escalada de los precios del barril desde cerca de 90 dólares a finales del 2007 hasta los 147 dólares en julio del 2008. La conclusión es que la actividad económica en los países desarrollados ya se encontraba estancada antes del citado aumento de precios, de manera que la gran recesión desencadenada a mediados del 2008 debe atribuirse en gran medida a factores financieros, aunque los altos precios del petróleo representaron algo así como “el último clavo” en el ataúd de las economías avanzadas.
Y para nuestra preocupación, el informe de la AIE nos previene sobre los posibles efectos de una nueva e indeseable situación: la combinación malsana de precios altos del petróleo, una recuperación económica todavía frágil, renovadas presiones inflacionistas y la creciente inestabilidad en el Norte de Áfricay Oriente Medio. No en vano, la agencia constata que a escala global la carga del petróleo alcanzó en el 2010 el segundo nivel más alto tras una gran recesión y que en el transcurso del año en curso dicho índice podría situarse en cotas cercanas a las que en el pasado coincidieron con episodios de marcada desaceleración económica. Por tanto, y mientras no se despeja el panorama, el Gobierno de nuestro país hace bien en intentar rebajar el consumo de petróleo. Aunque sólo sea para no remachar el ataúd de la delicada situación económica de España.
Para ello, entre otras actuaciones, podría resultar adecuado seguir las indicaciones que la misma AIE publicó hace ya seis años en un estudio (Saving oil in a hurry)en el que propone medidas como compartir vehículos y la restricción del uso del vehículo privado. A la reducción del límite de velocidad en autovías y autopistas (a 90 kilómetros por hora) también se la considera una medida de alto potencial ahorrador que podría complementarse con el fomento del uso del transporte público mediante reducciones de las tarifas, la promoción del teletrabajo, comprimir la semana laboral (trabajando menos días por semana pero más horas por día) y el impulso de campañas de conducción ecológica.
Advertirán que las medidas anunciadas hasta la fecha por el Gobierno no son ciertamente las más drásticas, ni quizás las más efectivas. Pero en cualquier caso, lo que no deberíamos hacer en la actual coyuntura es justificar el permanecer de brazos cruzados.
Mariano Marzo Carpio es catedrático de Recursos Energéticos en la Facultad de Geología de la Universidad de Barcelona.
