Asistimos estos días a un nuevo capítulo del “Escándalo Monumental” (así se titula el libro que estamos preparando) protagonizado por la Diócesis tras haber inmatriculado a su nombre miles de bienes del patrimonio comunal o público de los pueblos navarros. Concretamente han sido 1.087 bienes desde el año 1998, pero son muchos más los inmatriculados anteriormente, desde la aprobación en 1946, en pleno franquismo, del famoso artículo 206 de la Ley Hipotecaria, hoy claramente inconstitucional, que permitía y todavía permite, a la Iglesia inscribir por vez primera bienes sin título alguno y a espaldas de sus verdaderos dueños, los pueblos navarros.
Ahora le ha tocado el turno a Azkona, en el valle de Yerri, donde el pueblo levantó en su día una casa para que residiera el cura; el cura se marchó y el pueblo siguió sosteniendo los gastos y pagando sus reparaciones, sin saber que la tenía registrada la Diócesis. Ahora, la Diócesis pretende venderla o alquilarla y no tiene ningún reparo en echar a los vecinos que tienen allí su consultorio médico.
Las pocas veces que el Arzobispado se ha dignado a contestar públicamente al tema de las privatizaciones, ha dicho fundamentalmente dos cosas: a) que las iglesias le pertenecen desde siempre y b) que se inscriben nombre de la parroquia. Ambas cosas son totalmente falsas y lo podemos demostrar pueblo por pueblo. Pero de lo que todavía no ha hablado nunca el Arzobispado es por qué, amén de los lugares de culto, ha registrado otros muchos bienes, como pastos, tierras, casas o cementerios. Y es que en este tema, su pecado es todavía mucho mayor.
Desde siempre, los pueblos han construido la casa del cura, la famosa apezetxea de tantos lugares navarros. La Diócesis nunca pagó un ladrillo. Los propios curas de los pueblos son testigos de los esfuerzos de sus feligreses. También se solían construir las escuelas, la casa del maestro, el frontón, el lavadero, el cementerio, el campo de fútbol o cualquier otro bien público. Con el paso de los años, las escuelas de pueblo fueron abandonadas al hacer las concentraciones escolares, los maestros abandonaron las casas municipales y el cura dejó de ocupar la casa asignada, pero hubo una actitud muy diferente entre unos y otros: mientras que el Ministerio de Educación y los maestros devolvieron al pueblo las aulas y las casas que ocupaban, la Diócesis, a la chita callando, sin informar al pueblo y basándose en una ley abusiva, se apropió de esas casas que les habían dejado los vecinos. Y con el tiempo, las ha vendido, alquilado o, como ya han pasado los 20 años que indica la ley, se las quedan por usucapión, una fea palabra que viene a decir: “como en este tiempo no me has echado, pues me la quedo”. Y de la parroquia nada de nada, pues la venden al mejor postor, en contra incluso de la opinión de los vecinos que, no se olvide, son los parroquianos.
¿Qué explicación ha dado el Arzobispo ante esta actitud? Silencio absoluto, porque sabe que ha actuado con malicia, y que el tiempo transcurrido juega a su favor. Muchas de las casas curales o apezetxeas de Navarra ya han sido vendidas y no se podrán recuperar. Hay algunas, como la de Azkona, que las siguen usando los vecinos para necesidades vitales. Ese afán de lucro, que pasa incluso por quitar a los vecinos su consultorio médico, es algo escandaloso, que nos avergüenza a todos los ciudadanos en general, y de forma más dolorosa a los que son creyentes, porque esa actitud es todo lo contrario al mensaje evangélico. Y ya dijo Jesús, “!ay de los que escandalicen!”.
Exigimos al Arzobispado que quite las manos de una vez de todas las propiedades que no le corresponden y de paso exigimos a los poderes públicos, al Gobierno y Parlamento de Navarra especialmente, que dejen de tener una actitud pasiva ante el tema y que ayuden, como es su obligación, a los pequeños pueblos navarros a defender su patrimonio.
Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro
Nafarroako Ondasunaren Defentsarako Plataforma
