“Es una constitución transparente, no se puede negar. Manda Castilla, una nación hegemónica históricamente transmutada en España»
Hace tres semanas España celebró los 50 años de la monarquía, y este fin de semana los 47 de la Constitución. El Estatuto de Autonomía de Cataluña ha finalizado hace 46 meses y medio. Las cifras proporcionan orden y también jerarquía: al principio fue la monarquía, que si simboliza algo es la unidad de España; luego vino la Constitución, es decir, la democracia; y luego el autogobierno. Es importante entender esto. Primero va la unidad de España, y luego la democracia y el autogobierno. Si no entiendes esto, no entiendes la mentalidad de los amos del estado. Los obispos lo dijeron de manera diferente en una pastoral en 2006, en medio del debate del nuevo Estatuto catalán: la unidad de España es un “bien moral”. Jugar, entonces, una liga que está fuera de la política porque es pre-política.
La Constitución hace que este bien moral sea preexistente y jerárquicamente superior a esta ley a través del artículo 2“la Constitución se basa en la unidad indisoluble de la Nación española, una patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la conforman y solidarizan entre todos ellos”. La unidad de España es la base. El autogobierno es algo que se reconoce y se garantiza, pero no es la base de nada. En términos políticos, la jerarquía del poder nacional cuelga de este artículo, por eso el español es obligatorio y el catalán no lo es, y por eso el autogobierno de Cataluña no es un derecho inalienable: puede suspenderlo Sine muere El Senado a través del artículo 155. Es una constitución transparente, no se puede negar. Mana Castilla, una nación hegemónica históricamente transmutada en España.
Dentro de este marco mental, político y moral, nuestro país ha podido desplegar en los últimos 46 años un autogobierno aparentemente generoso, pero con los pies de barro: Cataluña tiene herramientas – escuela, salud, seguridad, medios públicos– pero para financiarlas depende del salario del Estado ya que el adolescente depende de la de los padres. El 90% de los impuestos pagados por los ciudadanos y las empresas en Cataluña van directamente a la Hacienda española, que les trata con cartas marcadas. Los catalanes financian los servicios centrales del Estado –incluyendo la jardinería de las embajadas españolas en todo el mundo y la policía que vino a nosotros el 1 de octubre–, financiamos los servicios sociales de las comunidades autónomas cuyos presidentes nos insultan por falta de apoyo, y finalmente recibimos una asignación tan insuficiente que nos obliga a pedir prestado dinero –¡con interés!– al mismo Estado que nos ha recaudado impuestos.
Estas han sido y son las reglas del juego del período democrático que se abre después de la muerte de Franco y la restauración monárquica. Financieramente sofocado, socialmente estresado y lingüísticamente disminuido, no debería sorprender a nadie que Cataluña reabriera la demanda nacional primero de manera impecablemente constitucional –el estatuto de Pasqual Maragall abortado por el Tribunal Constitucional– y luego con un ensayo de revolución con mal fin. El país perdió ambas batallas y está dolorido y frustrado, pero es solo cuestión de tiempo antes de que la demanda vuelva a golpear, porque las condiciones objetivas que llevaron al proceso no han cambiado, son las mismas pero empeoradas por el paso de los años. La Constitución española y el sistema de poder que se deriva de ella son un corsé insoportable para la nación Cataluña. La situación, ahora aparentemente pacífica, es una bomba de relojería.
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