Pasadas las elecciones, doy por levantada la veda lingüística y me hago la pregunta: ¿ha servido de algo la ley del silencio en relación al debate sobre las lenguas oficiales? Recapitulando brevemente los antecedentes: a principios del 2012 se desencadena a partir de un artículo de Eduard Voltas, una discusión pública sobre las futuras lenguas oficiales del nuevo Estado. ¿Debe ser el catalán? ¿O catalán y castellano? ¿O ninguna? Periódicos, redes y blogs se inundan de aportaciones de expertos e interesados en el tema (recogidas aquí: http://llenguescatalunyaindependent.weebly.com/; ¡alerta de que son cientos!), Hasta que se impone una especie de ‘pax romana’ sobre la inconveniencia del debate. Mas y Junqueras liquidan la cuestión asegurando públicamente que el castellano también será oficial en la República Catalana y los medios afines dejan de publicar artículos sobre el tema. A partir de entonces, el debate se convierte en monólogo: los lingüistas, mayoritariamente favorables a la oficialidad única, acusan a los dos partidos de tacticismo (para no alejarse de los sectores castellanoparlantes del soberanismo) y los demás callan.
Vuelvo a la pregunta: ¿ha servido de algo, la estrategia de esconder las cartas? Los resultados electorales han puesto al descubierto algunos datos que hacen pensar que no. El número de votantes independentistas, 1.950.000, constituye el 37% del censo electoral (no de votos emitidos), que es exactamente el porcentaje de catalanohablantes de lengua habitual. El porcentaje de voto del españolismo radical, que es el 20% (Ciudadanos y PP), prácticamente calca la cifra de residentes que no hablan nunca en catalán (cifrada por Francesc X. Vila, en 2013, en un 25% de la población, del que hay que descontar aproximadamente una quinta parte que corresponde a inmigrantes bilingües en la lengua nativa y castellano y que no contaban con derecho de voto). Dos coincidencias tan exactas (con el margen pertinente derivado del hecho de que el censo electoral, naturalmente, no coincide con el total de la población) que evidencian que el rey va desnudo. Para decirlo con la cruda síntesis del sociólogo Pau Marí-Klose, los catalanohablantes se han sumado mayoritariamente al proyecto independentista y los castellanohablantes no.
¿Y los que quedan en medio, los castellanohablantes habituales no monolingües? Que conforman, tengamos presente, un 30% del cuerpo social. ¿Cómo se comportaron electoralmente? Pues, junto con el 10% que se declara bilingüe, o bien se abstienen o votan al españolismo acomplejado del PSC y al ‘quieroynopuedismo’ de Cataluña Sí se Puede (descontando una fracción admirable pero estadísticamente irrelevante que vota CUP).
Y para que nadie me acuse de citar referentes sólo por un lado, he aquí uno de nuestra banda que todavía lo dice más claro, Joan Francesc Mira: ‘En los barrios de la inmigración castellana, la gente que había votado en clave derecha-izquierda esta vez ha votado en clave etno-nacional, de identificación. “¿Yo qué soy, catalán o español?”, se han preguntado. Por eso no han votado izquierda, han votado España’.
Desgraciadamente, y a pesar de tantas campañas, de tanta versión oficial, de vez esconder la cabeza bajo el ala, el factor lingüístico sigue siendo decisivo. Porque vehicula buena parte de la identidad, si no toda. A mí tampoco me gusta esta situación. Yo también pensaba que con dos o tres generaciones era suficiente y de sobra para que una parte significativa de los venidos de fuera decidieran que para sus descendientes era mejor convertirse en gente del país. Pero no: aún hay muchos que prefieren identificarse con el otro país, el que, a pesar de ello, les maltrata al igual que si fueran del mismo.
Por eso, precisamente porque no nos gusta, debemos tener en cuenta este factor, que es clave. Sobre todo a la hora de hacer silogismos y equivalencias entre derechos y número de hablantes. No sea que, ofuscados por los primeros, un día nos encontráramos sin los segundos.
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