EN el primer aniversario de la manifestación, millonaria en participantes, que llenó Barcelona en demanda de la autodeterminación, la réplica tuvo una magnitud relativamente ínfima, de entre 40.000 y 13.000 personas, según las fuentes habituales. Cierto es que no se había sumado ningún partido político, ni la convocatoria fue tan multitudinaria por parte de instituciones locales y entidades de la sociedad civil.
Entre tanto, la encuesta reciente del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat demostró que el sentimiento soberanista no ha disminuido, sino todo lo contrario. Hace poco más de un año, después de aquella exhibición de fuerza, surgió una pregunta que no había tenido respuesta práctica: ¿Y ahora qué?
Omnium Cultural, la gran impulsora de la demostración histórica ha marcado una hoja de ruta en el acto conmemorativo de sus bodas de oro. Creada en 1961 por un grupo de la alta burguesía del país para intentar la superación de la represiones franquistas a todo hecho diferencial catalán, clausurada ocasionalmente, limitada en tiempos a la enseñanza de la lengua proscrita, ha ido recuperando territorio e influencia desde el inicio de la transición hasta llegar al lanzamiento de iniciativas políticas como la última, avalada por 25.000 socios en delegaciones de todos los territorios de la misma cultura, incluidos el norte bajo administración francesa y l’Alguer, el enclave sardo que conserva el idioma.
Aunque no ha ocupado grandes titulares ni las aperturas de los medios más poderosos, como por otra parte suele suceder, los interesados por la homologación de buen seguro conocerán el proyecto en tres fases que presentó la presidenta de Omnium, Muriel Casals:
Para empezar, independencia cultural que impida las continuas agresiones y erosiones de la lengua, como los ataques al sistema educativo de inmersión lingüística, alabado en foros como la misma Unión Europea y su Parlamento.
El siguiente paso, dentro de un plazo de cinco años, la independencia fiscal. Que el Principat recaude todos los impuestos y ejerza el poder total en este ámbito. Como el anterior, con otro nombre, ha sido ya asumido por Convergència i Unió, que acapara órganos de poder como nunca antes ninguna otra fuerza política. Si se rechaza la fórmula equivalente a un Concierto Económico, la respuesta habría de ser la objeción fiscal, consistente en depostiar las cantidades a pagar por impuestos en una cuenta bancaria que no se liquidaría “hasta que se elimine el agravio fiscal a Catalunya”. Y para que el ciudadano de a pie no fuera el primero en arriesgarse, tendrían que empezar por rebelarse las instituciones públicas: ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones y Generalitat.
La tercera fase del cohete sería el referéndum, oficial y vinculante, sobre la independencia. Precedido, necesariamente, de un fortalecimiento del soberanismo en la sociedad y de un impulso a los partidos políticos para que actúen en consecuencia. Las dificultades siguen siendo tan evidentes como el cercenamiento social del sentimiento soberanista, que se basa ya más en la economía que en el patriotismo… y ya se sabe qué es lo que más mueve el mundo y las personas actualmente.
Con la que está cayendo, algunos aseguran que este es el momento óptimo para ganar el plebiscito por la independencia catalana. Artur Mas y CiU también han asumido formalmente el objetivo, pero se muestran más prudentes y dicen que conseguirlo requiere un trabajo persistente durante años.
Con elecciones generales a la vista, con toda probabilidad a la vuelta del verano, y el PP a la puerta de La Moncloa, las dificultades pueden aumentar con el neocentralismo declarado de los populares. Sin embargo, las medidas recentralizadoras también comportarían como reacción el crecimiento, hasta mayorías aún más cualificadas, del independentismo catalán.
