El 28 de octubre de 1982, hace treinta años, el PSOE obtuvo el 48,11% de los votos en las elecciones al Parlamento español. La UCD, el partido que gobernaba en ese momento, fue literalmente apaleada: sólo la votó un irrisorio 6,77% del censo. El PSOE comenzaba así un trayecto con mayoría absoluta y sin oposición real, con el liderazgo indiscutible (e indiscutido) de Felipe González, y con el intrigante Alfonso Guerra en la sala de máquinas. Nadie podía prever entonces el lodazal de corrupción, despilfarro y parálisis administrativa con que culminaría aquella aventura en 1996, 14 años después. Conviene recordar que en 1982, aquel PSOE generó expectativas positivas incluso entre las personas que no lo votaron: nada podía ser peor que la agónica UCD, comandada en ese momento por el ilustre leridano Landelino Lavilla y Alsina. Pero la decepción no tardó en llegar. Permítanme, en este sentido, una anécdota personal, pero que contiene una buena radiografía del cambio de rumbo. La UCD había implantado una política de becas universitarias basada en dos parámetros: la excelencia académica y la renta familiar. Los estudiantes con un expediente importante y una nota de selectividad alta podían acceder a lo que entonces se llamaba una “beca salario”. Un año y medio después de que el PSOE subiera al poder, las restrictivas “becas salario” se transformaron en una ayuda universal e incondicional de 15.000 pesetas, que no invertía en absoluto en excelencia, sino que apelaba al bienestar y, lo aún más paradójico, a la igualdad. Por supuesto, ese resorte mental igualitarista, genuinamente socialdemócrata, fomentó la desigualdad de manera inmediata. Este era el ‘air du temps’, entonces.
En nombre de esa concepción tan especial del bienestar y de la igualdad, el PSOE también intentó reequilibrar territorialmente España incluso desequilibrándola fiscalmente. Alfonso Guerra proclamó con solemnidad que Andalucía sería “la California de Europa”. El objetivo quizás era bueno, pero el método también genuinamente socialdemócrata, consistía en confundir generar riqueza con redistribuirla. La traducción de todo ello -sí, lo han adivinado- era la creación de una sociedad subsidiada que sólo resultaba sostenible con la instauración de mecanismos distributivos objetivamente injustos, que afectaban sobre todo a Cataluña (pero no sólo a Cataluña). La construcción de la “California de Europa” no la pagarían los nuevos californianos sino otros, incluidos los miles de millones vertidos desde la Unión Europea (antes de proferir insultos contra la señora Merkel hay evocar este pequeño detallito). A partir del año 1982, el PSOE llevó esta dinámica hasta el paroxismo, iniciando así el drama de las falsas clases medias españolas, que acabó culminando con el endeudamiento público y privado de toda una sociedad. Dada la enormidad de la ficción, el PP no se atrevió liquidarla a partir de 1996: le cambió el nombre al PER y poco más. La sobrecontratación de funcionarios y las obras públicas absurdas continuaron. De esta liquidación se está encargando la crisis, con la diferencia de que no se trata de una voladura controlada sino del doloroso derrumbe de un espejismo que ha durado toda una generación.
La decepción no acababa aquí. Al PSOE le tocaba el despliegue de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (Loapa) que implicaba, de facto, vaciar de contenido el Estado de las Autonomías. En el verano de 1983 numerosos artículos de esta ley fue declarados inconstitucionales. Los restos de la ley derogada sirvieron, significativamente, para redactar la Ley Orgánica para la Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). La Lofca no es una ley cualquiera, sino justamente la que hace legal el desequilibrio fiscal catalán crónico. Si este desequilibrio propio hubiera servido para equilibrar algo ajeno tendría una justificación, pero ésto no ha sido así. Pasados treinta años, que son muchos años, se puede afirmar rotundamente que ésta no ha sido de ninguna manera la solución para equilibrar el Estado español a nivel territorial. El problema es que el sacrificio para Cataluña ha sido inmenso, e inútil en todos los sentidos. Si la transición nacional catalana ha tomado una dirección irreversible es justamente porque pretende resolver un problema estructural sin solución. De hecho, en caso de que existiera en el seno del PSOE, el federalismo empeoraría la situación porque recuperaría la idea de reequilibrio territorial a través de la ley del embudo, aquella entrañable tradición.
