El pensamiento único que deriva del actual sistema político vigente, intenta que asumamos una visión maniquea y simplificadora de la situación conflictiva en que nos encontramos. De acuerdo con ella el conflicto es resultado de la resistencia ejercida por los violentos frente a la actitud social mayoritaria que acepta el actual sistema de cosas en los planos jurídico y social. La violencia de E.T.A. y su entorno representa la manifestación acabada de los disidentes; disidencia que se fundamenta en planteamientos atávicos; pura reacción ante la ineludible adaptación a las exigencias modernas y de la globalización. Lo peor del caso son las actitudes de paranoia en que deriva esta disidencia, que tiene como corolario final el mismo conflicto y la violencia que éste genera.
El conflicto se traduce en víctimas; víctimas que no tienen otra responsabilidad que la de haber sido designadas como objetivos por la misma paranoia de los violentos y sus organizaciones de agresión, apoyadas en la base social tocada por los planteamientos paranoicos residuales de la sociedad vasca. El resultado; los asesinatos de políticos, intelectuales, agentes de orden y todo tipo de individuo que se oponen a las pretensiones de esos violentos.
Desde todas las instituciones, organizaciones partidarias y sistemas de comunicación se proclama el dolor de las víctimas y sus familiares, la ansiedad de quienes se ven obligados a vivir permanentemente bajo la vigilancia de escoltas… Que ésta sea una realidad lamentable, no sirve de justificación al sistema jurídico en vigor y actual situación. Peor es, todavía, el desprecio de que son objeto las víctimas del otro lado, a quienes se desconsidera por ser parte de los disidentes -de los violentos- como se dice. Lo que digo, debería ser tan evidente, que únicamente, la capacidad impositiva del sistema ha llevado al extremo de minimizar los castigos desorbitados que se imponen a los disidentes y sus familiares, como son la tortura sistemática, prisión ilegal en condiciones de especial brutalidad y el exilio que hace recaer sobre los familiares la carga de separación de los seres queridos y riesgos de desplazamientos, tantas veces traducidos en muertes por accidentes, que los responsables políticos se niegan a reconocer como tortura añadida.
La simpleza con la que se contempla la materia desde el bando que se afirma demócrata, lleva a justificar todos estos castigos como una consecuencia ineludible de la crueldad de quienes son calificados de violentos y no se considera que se cometa ninguna injusticia por hacer recaer sobre ellos tales sufrimientos. El establecimiento de una comisión de las víctimas que constituyó el Gobierno vasco, dirigida por Maixabel Lasa representa una perversión total en este sentido. La citada comisión acota su actuación a quienes han sido objeto de actuaciones violentas únicamente por parte de la organización E.T.A y lo que se considera sus entornos.
Cuando tuve la ocasión de visitar la masacrada Bosnia -que lo fue ante los ojos y consentimiento, cuando no aprobación. de los máximos responsables de la Unión europea- me admiró la capacidad de autocrítica de que daban muestra los torturados bosniacos. Ellos, que fueron quienes llevaron la peor parte de la agresión, no tenían reparo en confesar los excesos que se produjeron también por parte de ciertos grupos de bosnios en determinadas circunstancias, rechazándolos como inasumibles y condenables. Por desgracia es la condición de la guerra y nadie que se considere con derecho a utilizar la violencia, se encuentra libre de tal posibilidad. En lo que toca a Navarra -Euskal Herria- también es cierto que se han cometido excesos en todas las ocasiones históricas en las que los navarros hemos defendido nuestra libertad. Que las acciones de E.T.A. no son asumibles en el conjunto de su trayectoria histórica y podamos condenarlas por crueles y desproporcionadas, no implica que tengamos que rechazar lo que ha supuesto esta organización. Los integrantes de la misma han sido impulsados por el altruismo que los ha llevado a correr riesgos sobre su vida y existencia, digno de admiración, en principio. Quienes les adjudican una maldad intrínseca, deberían empezar por examinarse ellos mismos previamente. Para confirmar lo adecuado de lo que se viene diciendo, basta con considerar la cantidad de individuos que han formado parte de la organización en las diversas etapas de su historia y que posteriormente han seguido trayectorias diferentes y aun encontradas ¿Cuáles fueron los motivos que les impulsaron?¿Actuaron siempre bajo el síndrome enfermizo del violento?
Y es que el referente para establecer la bondad y maldad de la acción política se encuentra objetivamente en otro lado ¿Puede alguien negar que el hecho de mayor violencia que se ha producido en el marco del Estado español en los últimos cien años no ha sido Franco, la guerra que provocaron sus seguidores y la dictadura que mantuvieron durante casi cuatro décadas? Espero que nadie salga por la tangente exclamando que aquello fue hace mucho tiempo. Le señalaré con el dedo por connivencia con los crímenes franquistas. Si coincidimos en este hecho, es obvio que E.T.A. no constituye el peor de los males, como se intenta convencernos por parte de los defensores del sistema jurídico, actualmente vigente en el marco del Estado español. Por cierto, cabe insistir una vez más en la vinculación del mismo al orden jurídico franquista, incluso en sus miembros más representativos, del que Juan Carlos de Borbón es el exponente más relevante, no el único.
Este conjunto de circunstancias debe ser tenido en cuenta a la hora de calificar y valorar la disidencia en cualquiera de sus manifestaciones. Se debe empezar por poner en la primera fila, no únicamente el franquismo, como una realidad pasada, sino la forma violenta con la que los franquistas impusieron el modelo político vigente. El aplastamiento de la reivindicación nacional y democrática de Navarra a raíz de la denominada transición, quita cualquier legitimidad al sistema jurídico presente, que sigue basándose en la imposición y en ningún caso en la voluntad democrática de la sociedad. Es tan obvio, que hasta en la misma Constitución española de 1978 se prevé la intervención militar sobre Navarra, caso de que decidiese ésta separarse de España, a la que se vincula autoritariamente. No es baladí aludir a esta circunstancia; tanto más cuando es sobradamente conocida la manera en que intervino el ejército español a la hora de imponer la indivisible unidad de España. Igualmente es preciso aludir a la forma en que esta institución española impuso que la denominada Comunidad Foral de Navarra y las Vascongadas no llegasen en ningún caso a conformar una única comunidad autónoma.
Aquí se encuentra la raíz del conflicto -no nos cansaremos del proclamarlo- Es rechazable totalmente la actitud prepotente de quienes lo niegan y ellos son los causantes de la violencia presente. Es obligado, no obstante, recordar que algunos no se han dado cuenta de que matar concejales y políticos está mal, hasta que estos han pertenecido a los constitucionalistas españoles. Muchos años antes de que fuera asesinado el concejal donostiarra Gregorio Ordoñez, lo fue el de Herri Batasuna Fernando Alba, o Mikel Arregi de Sakana, que más dura e ignominiosa fue la tortura y muerte de Mikel Zabalza que la de Miguel Ángel Blanco y que Ángel Berroeta era tan de Iruña como Tomás Caballero, no un simple vecino, como afirmó descaradamente el fiscal del caso. La desproporción en el tratamiento de la materia alcanza tales dimensiones que pervierte las declaraciones más altisonantes de los corifeos del sistema. Los jueces llenan las cárceles españolas de disidentes vascos. A estas alturas en las que han tenido lugar enjuiciamientos y procesos fantasmas por parte del sistema judicial español, del estilo de EGIN, EGUNKARIA y 19/98 constituye una falacia la afirmación de que únicamente se persigue a los soberanistas navarros por ejercer la violencia. Se nos persigue por reclamar la libertad, simplemente. Suena a chiste la pretensión del sistema jurídico español de permitir la defensa de la idea de la independencia, quizás también trabajar por ella, pero que considere delito el objetivo de alcanzarla. Equivale a reconocer la libertad de religión y prohibir su práctica. En esta contradicción incurre el conjunto del sistema político español, al que ahora se unen las instituciones europeas, como sucede con el Tribunal de Estrasburgo ¡Que se hundan en el mismo lodo, que la historia les pasará factura!
Es un sarcasmo la dulzura con la que tribunales de toda índole e instituciones tratan a quienes desde el lado español utilizan la violencia indiscriminada en contra de la disidencia vasca. Torturas, crímenes, desapariciones… no se traducen en los cientos de años de cárcel con los que se castiga a nuestra gente. Ya lo dijo Felipe González…”la democracia también se defiende en las cloacas”… ¡Así huele, luego, la presunta democracia española!
Para terminar, y dejando bien claro que comparto la opinión de nuestra sociedad -mayoritaria según creo- de que la organización armada E.T.A. debe retirarse; dejando igualmente claro que no puedo aceptar la crueldad que deriva de unas actuaciones carentes de sentido; he de afirmar que jamás me pondré al lado de quienes exigen condenas, cuando la responsabilidad de la violencia es principalmente de ellos.
