Preguntarnos como ciudadanos qué hacer para mejorar las democracias vigentes es un propósito inalcanzable, pero acercarnos a conocer las características sociopolíticas de los países referentes que encabezan los rankings de las mejores democracias del mundo, es muy instructivo. Estas valoraciones y puntuaciones se elaboran tras recoger cientos de indicadores, que representan una distribución adecuada del equilibrio de poder entre los ciudadanos, los partidos y las instituciones, la calidad de los sistemas de gestión pública y la llamada gobernanza democrática. En el primer nivel de los regímenes llamados democráticos, existe un sistema de partidos y una norma constitucional –sobre el equilibrio de poderes–, que encabezan las reglas de representación y generación de propuestas detalladas en forma de normas y leyes. Los grupos de indicadores que se analizan son los procesos electorales, la cultura política que incluye el respeto al pluralismo, la calidad institucional incluyendo la confianza de los ciudadanos en las instituciones, y el sistema educativo y la participación política de los mismos. Estas clasificaciones ordenan las democracias en cuatro grupos de países, empezando por democracias plenas (71 países), y siguiendo por democracias electorales (74), autocracias electorales (36) y autocracias cerradas (60). Según el EIU Democracy Index y el V-Dem, dos de las instituciones de evaluación, las 10 mejores democracias en el mundo (entre 241 países), en 2024 y en orden descendente de la primera categoría –democrática plena– son las de los siguientes países: Noruega, Nueva Zelanda, Islandia, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Suiza, Irlanda, Países Bajos y Taiwan, todas ellas democracias plenas. Llama la atención el reducido tamaño de sus poblaciones, que en las ocho primeras no supera los 6 M de habitantes, situando en la posición novena y décima a las dos mayores como Países Bajos (19M) y Taiwan (23M). También coincide que la mayoría se corresponde con países europeos del norte, y por ello podemos calificarlos como auténticos “mirlos blancos”, en los que fijar la atención hacia su cultura y práctica política.
Si incluimos otros indicadores, como el nivel educativo en la escolarización –representado en las pruebas PISA–, se explica que Taiwan ocupa el lugar 10 por sus primeras posiciones en las pruebas PISA. Las democracias mixtas asiáticas se sitúan en buenas posiciones por los altos niveles en el sistema educativo, como Japón, Corea del Sur, y Taiwan. Sin embargo las democracias europeas de gran población, –con más de 50 M de habitantes– bajan en el ranking, aunque sus niveles educativos son medios y altos, tales como Alemania (14º), Francia (23º), o España que ocupa el puesto 21 del ranking en tendencia descendente.
Otros indicadores como la educación social que contiene ciudadanía critica, confianza en las instituciones, autonomía ciudadana, bajo adoctrinamiento estatal, libertad de prensa, ausencia de corrupción, etc. refuerzan en sus posiciones a los mirlos blancos, así como hunden en las clasificaciones a las grandes potencias geoestratégicas –que gobiernan el globo– llevando a China a la posición 153, a Rusia a la 150 y a EEUU a la 28, por detrás de las grandes democracias europeas. En el continente latinoamericano destacan Uruguay, Costa Rica y Chile como las mejores democracias, también pequeñas, pero con un déficit educativo endémico en todas ellas.
Este panorama de la gobernanza y la calidad democrática de los distintos países de las cuatro categorías citadas, nos lleva a identificar aspectos políticos y sociales sobre los que trabajar en la mejora y saneamiento de nuestros modelos de gobernanza. Nos permite reconocer deficiencias, establecer prioridades y compartir una preocupación constante en el doble ejercicio de cambio de las instituciones y de los ciudadanos. Se trata de pensar en el futuro posible, para activar -día a día- este ejercicio de saneamiento democrático a través de una sociedad más y mejor participada, que en esencia es la mejora de la democracia y la gobernanza.
En resumen, en estas clasificaciones, están influyendo en primer lugar el tamaño del colectivo poblacional –cuanto menos más fácil–, por la cercanía de los representantes y el mayor acierto en la identificación de problemas y en participación en las soluciones. En segundo lugar se trata de priorizar la educación general cívica, potenciada por el sistema educativo de base, y la educación critica positiva, lejos del control social. Esto supone la ausencia de censura en la opinión, la confianza social en las instituciones, la coordinación interinstitucional en niveles y en competencias, que forman los lindes de un camino señalando la mejora de la calidad democrática del país.
Todo esto está muy bien, a nivel macro, pero el secreto del éxito en la calidad democrática –para el colectivo de los ciudadanos– está en los criterios morales de sus decisiones personales frente a los problemas comunes, con las que se abordan o esquivan el cumplimiento de las normas y leyes. Es la educación cívica que comparte el sentido de la identidad, la cooperación activa, y la participación y compromiso –no solo en el aspecto electoral– sino sobre todo de la convivencia. Estamos viendo –por ejemplo– que entre la política –macro– y los ciudadanos –micro–, que los sistemas de salud, educación, atención social, seguridad y vivienda están dando señales de decadencia. Que a pesar de que los presupuestos e impuestos aumentan continuamente, hay algo en su interior que hace que sus resultados cualitativos no crezcan e incluso empeoren. Nos encontramos ante la ausencia de una oferta cualificada –en evolución positiva– en soluciones y progreso social eficaz, y una excesiva competición en el exhibicionismo político en el análisis y en la resolución de problemas y conflictos. Tras la pandemia y sus consecuencias, vinieron los desastres naturales y las guerras con lo que el estado de ánimo colectivo es de asustadizo resquemor a que los acontecimientos nos alcancen en sus efectos, y generen una pérdida de los escasos sesgos de ilusión que quedan. En lo que compete a España el índice de calidad democrática ha bajado desde 2008 a la actualidad, y en el mundo ha bajado hasta los niveles de 1978 –toda una generación–, haciendo que el 74 % de la población mundial viva bajo una autocracia.
Un aspecto central que explica la ineficacia de las instituciones, vinculadas con los resultados, y fundamental en el saneamiento de las democracias, es el relativo a la eficacia comparativa de las organizaciones. Las públicas, sometidas a normas y burocracias anticuadas, frente a las privadas dotadas de modalidades de gestión más participativas, altamente digitales y eficaces, que adoptan los grandes sistemas de economía privada. En lo público, la gestión se complica por otra dimensión política muy importante, que es la escalera de competencias territoriales o la ya citada dimensión de las poblaciones que son gobernadas con un sistema propio.
La experiencia nos enseña que quien busca eficacia y bajo coste se acerca a las organizaciones privadas, muy tecnológicas y de mayor tamaño, que compitiendo buscan –atrayendo clientes– los beneficios hacia su capital. Quien busca la calidad social –más cerca de los valores personales– se aproxima a lo pequeño, relacional, comunitario y público. Estas dos opciones son irreconciliables, más bien, ocupan posiciones cada vez más distantes e incompatibles. Lo apreciamos en los conflictos de intereses en la coordinación de empresas públicas –como soporte de infraestructuras– con empresas comerciales privadas, en energía y transporte entre otras. Pero en lo público la eficiencia de gestión exige que el colectivo sea grande. Por ello opera con normas muy generales, a pesar de las variaciones culturales entre territorios y colectivos, que activan los conflictos de desigualdad y alejan las soluciones de la personalización indispensable.
Lo privado por el contrario se construye sobre la última tecnología, el diseño innovador, la productividad, la competitividad, la diferenciación y el riesgo, características muy lejanas e inadmisibles para las instituciones públicas. Pero el tamaño de lo público, que sigue intentando imitar a lo privado –buscando eficiencia– cae en el error de hacerse grande –Europa es un ejemplo– y pierde la precisión y personalización, que los servicios del bienestar exigen –como la salud o la educación– y la participación construye. Las modalidades de votación mixta, directa a personas y a partidos –como en Nueva Zelanda– palía los déficits de representación. De ahí las ventajas de la notoria calidad democrática en los países más pequeños –los mirlos blancos– sin otras grandes diferencias políticas, con los más grandes en Europa y de otros continentes, pero sí con grandes diferencias en la dimensión, cercanía en la representación y calidad de las instituciones, sus interrelaciones y una cultivada cultura de participación política de los ciudadanos.
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