La historia de España es la de un territorio obligado a tener siempre un enemigo exterior para no tener que abordar el patológico y permanente conflicto que sufre consigo mismo. Absoluta incapacidad para el diálogo y para entender el derecho de los otros a decidir por sí mismos, ha persistido día tras día en la manía enloquecida de someterlos por la fuerza e imponerles sus leyes absolutistas. “No esperamos el trigo sin haber sembrado”, dice la canción de Lluís Llach. Pero España no puede esperar el trigo de la armonía porque nunca ha sembrado la semilla de la democracia. Ha oído campanas, naturalmente, pero las ha interpretado como una amenaza. Como si percibiera que la democracia es incompatible con su naturaleza. Y es comprensible, aunque lamentable, que la rechace, porque si no se puede pedir a un verdadero demócrata que sea absolutista, tampoco se puede pedir a un verdadero absolutista que sea demócrata.
Ya decíamos días atrás, a propósito del 12 de octubre, que un Estado que celebra el aniversario de un genocidio como fiesta nacional, y que lo hace, además, con un desfile militar y exhibición de fusiles, tanques, cañones y aviones de guerra, sólo puede producir nauseas. El toro, esta pobre bestia que España alimenta para poder torturar y disfrutar con su sufrimiento y con su sangre, es mil veces más noble. El Estado, sin embargo, lo enzurrona en una plaza para que no pueda huir. La bestia, claro, va de un lado a otro enloquecida buscando la puerta por donde lo han metido, pero no la encuentra. Está cerrada. No hay escapatoria posible. Unos cobardes sentados en la grada han pagado por verlo sometida a los pies de un individuo tramposo y vestido estrafalariamente que marca paquete convencido de que su espada, más las orejas y el rabo que cortará y exhibirá, son una prolongación de la piltrafa que le cuelga entre las piernas.
La Constitución española es otra trampa, otra plaza cerrada destinada a impedir que los pueblos sometidos puedan huir. Los cobardes, en este caso, están sentados en los escaños del Congreso de Madrid protegidos por una mayoría perpetua que les garantiza que todo lo que el pueblo sometido pueda decir o hacer quede reducido a la pura gesticulación, a un simple minuto de gloria en un atril. El espectáculo, por tanto, lo que les divierte de verdad y que utilizan para intentar compensar su complejo de inferioridad, consiste en tumbar una y otra vez las cívicas demandas de libertad del pueblo sometido. Y como la soberbia es inherente a la debilidad, insultan, descalifican y amenazan a las autoridades de aquel pueblo. Un pueblo que en este caso es Cataluña cuyos representantes imputados son el presidente Mas, la ex vicepresidenta Ortega y la consejera Rigau. Se les acusa de un delito muy grave. El delito de haber puesto las urnas para que el pueblo pudiera votar. Esto, según el Estado español, es un “golpe de Estado”. Permitir que los catalanes voten y que se expresen libremente depositando una papeleta en una urna es un acto de insumisión, de rebelión, de insubordinación que no puede ser permitido en la misma medida en que el dueño blanco tampoco permitía que el criado negro cuestionara su autoridad.
Hay, sin embargo, un par de detalles que pasan desapercibidos en España a pesar de que están a la vista de todos. El primero es la incongruencia de criminalizar sólo a tres de los 2.344.828 votantes del 9-N. Si no se podía votar, si votar era un delito, ¿cómo se entiende que todos los que delinquieron no estén imputados? ¿Qué clase de tribunal es éste, que hace la vista gorda a la acción delictiva a pesar de tener el nombre de todos los delincuentes? No se da cuenta este tribunal de que enjuiciar sólo a tres de los cerca de dos millones y medio de catalanes que delinquieron convierte el tribunal en cómplice del delito? Nos dirá, tal vez, que los tres elegidos lo son por haber favorecido la ejecución del delito. Muy bien. ¿Y qué? ¿En qué sitio dice que el culpable de un delito es únicamente el que lo hace viable y que los ejecutores son inocentes? Yo, por ejemplo, voté y, por tanto, de acuerdo con las leyes españolas, ejecuté el delito. ¿Cómo es que no recibo el trato que me corresponde por parte de la justicia española? ¿No será, acaso, que el tribunal no es más que un órgano político al servicio de los principios absolutistas que amordazan la nación catalana? ¿O quizás es que el tribunal y el gobierno españoles son tan cobardes que no se ven con valor para imputar ante todo el mundo a los dos millones y medio de catalanes mencionados?
El segundo detalle, finalmente, lo encontramos en la declaración del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, calificando de inadmisible que la gente acompañara al presidente Mas hasta la puerta del juzgado, y la reacción de la Fiscalía General del Estado diciendo que tomará medidas contra la libre expresión de este apoyo. Dios mío, qué esperpéntica demostración de falta de la más elemental cultura democrática. Yo no soy español, pero compadezco a la buena gente española verdaderamente demócrata que no ve solución para un Estado regido por principios tan absolutistas. Con todo, el meollo del segundo detalle inadvertido no es éste. El meollo se encuentra en la gigantesca inseguridad que rezuman un tribunal y un Estado que no soportan la visión de seis mil personas reprobado pacíficamente unas leyes contrarias a los derechos humanos. No, no lo soportan. Y todavía soportan menos que haya un testimonio gráfico que lo muestre a todo el mundo. Es bien sabido que el absolutismo, por definición, es alérgico a la libertad de expresión. Por eso la criminaliza, porque le tiene pánico. Verdadero pánico. Sabe que en la libertad de expresión está el germen de su destrucción.
EL MÓN
