Al cabo de tres jornadas y cinco convocatorias electorales (2012-2015) parece que ya se habrán desplegado todos los mapas de las relaciones de fuerza entre España y Cataluña. Unos mapas que deberían permitir diseñar una estrategia a medio plazo y contar los efectivos distribuidos en los ámbitos local, nacional y estatal. El tópico dice que todo está entrelazado, pero su traducción política -la pulsión plebiscitària- chocará con la cruda realidad de que hay muchas conciencias en danza, difíciles de reunir, tanto desde las entidades civiles como desde las instituciones, en un solo haz de comprensión, acción y organización. El hecho principal es que se ha terminado la fase de la primera ofensiva soberanista (2006-2014), a la que el Estado ha opuesto una táctica obstructiva, asfixiante y denigratoria. El resultado de esta fase es ambivalente. Refleja, por un lado, una conciencia de aluvión, hecha de distintas capas cohesionadas por una capacidad movilizadora y de organización propia, constante y solvente -uno de los fenómenos más notables de la escena política europea de las últimas décadas-. Por otro lado, sin embargo, no tiene suficiente experiencia política, frente a partidos e instituciones, para sostener la tensión necesaria entre el papel directo de la calle y el papel representativo de las instituciones. Esta primera fase soberanista se cierra el 9-N con un sabor de boca agridulce o, si se prefiere, resuelve un problema de fuerza -demostración de la capacidad de los catalanes para crear un espacio propio de decisión, con la complicidad civil y institucional-, pero a la vez muestra una debilidad -su no cristalización, al día siguiente, en forma de poder propio, desligado del Estado-. En paralelo, la política del Estado ha encontrado, dentro de sus límites territoriales, no sólo el apoyo de su pueblo llano, sino la de las fuerzas pretendidamente regeneradoras, en pugna con los partidos grandes. Una parte de estas fuerzas -Podemos- proviene de la capital del Estado; la otra -Ciudadanos- ha nacido y se ha hecho en Cataluña; ambas se amalgaman con la política unitarista del Estado. Mientras tanto, en Cataluña, donde la dialéctica social es mucho más explícita, fluida, y cruda que en el Estado, la debilidad del gobierno desde 2010 -“recortes”-, incrementada en 2012, no le permite mantener la dirección firme del polo instituciones/calle y del polo Cataluña/Estado. Una debilidad que tiene un peso decisivo en la pésima imagen ofrecida tras el 9-N, al no saber consensuar unas elecciones plebiscitarias correlativas a la prueba de fuerza, pero que, sobre todo, alimenta el miedo de amplias bolsas de población expectantes, después del 9-N, y permite la ofensiva unionista de los últimos meses. Son indicios de que el mapa de la dialéctica social y el mapa de la ofensiva soberanista no son fácilmente superponibles. Para decirlo rápido: la intromisión de Podemos en Cataluña y el auge de Ciudadanos en el Estado dibuja un escenario más complejo, que afectará a la segunda fase de la ofensiva soberanista, trazada entre el 24-M y el 27-S . O, dicho de otro modo: la conversión de cada contienda electoral en manifestación plebiscitaria no será lineal en el plano social ni en el territorial. En este sentido, el Estado actuará -como demuestra la nueva ofensiva contra la lengua- para crear incertidumbre, miedo y desánimo en aquellas franjas de población catalana dubitativas y/o expectantes. Por parte de los nuevos partidos españoles, la posición de Iglesias sobre la unidad de la lengua, o el corredor mediterráneo, demuestran que todo horizonte de pacto con España sería una renovada sumisión histórica.
LA VANGUARDIA
