El Estado español está a las puertas de la mayor crisis constitucional de su tortuosa y a menudo patética historia política. El proceso soberanista catalán ha puesto en evidencia el carácter puramente formal de una democracia que nació de la legalidad del infame régimen que la precedió. Y a medida que avance, sacudirá violentamente sus delicados puntales. Difícilmente, el sistema político español, tal y como lo conocemos hoy en día, saldrá indemne.
Atónitos, los altos estamentos del Estado apenas empiezan a entender que el proceso es una realidad, que hay unidad y que basta con la mayoría social para obtener un mandato popular, que todo está a punto para hacer efectiva la desconexión y que la comunidad internacional está instalada en un confortable pragmatismo, insoportable a los ojos de los unionistas. De hecho, fuera de España nadie ha dicho ni pío, pese a la vertiginosa actividad de la diplomacia española a fin de obtener algún favor, por insignificante que fuera.
Nuevamente, España recurre al viejo manual de Estado para resolver crisis constitucionales. Escrito secretamente en el siglo XVIII por cortesanos de rancio abolengo y transmitido discretamente de generación en generación, el polvoriento manual desborda inteligencia emocional por los cuatro costados… Nos tienen la medida tomada. Y sin embargo, continúan errando el tiro. No estamos en las puertas de la secesión de Cataluña, sino ante la disolución del Estado español y de su Corona. Porque, una vez consumada nuestra independencia y obtenido el reconocimiento internacional, ¿quién impedirá que nuestra osadía se propague a otras comunidades? España no puede perder Cataluña; pero sobre todo, no puede permitir que Cataluña se convierta en un precedente para otros territorios. Y sin embargo, el Estado español se lo juega todo a una sola carta: la tendencia fratricida a la confrontación interna y, si fuera necesario, al uso de la fuerza.
Hacía cuarenta años que los altos estamentos del Estado no habían tenido necesidad de recurrir al viejo manual y ahora su lectura les perturba. ¿Aceptarán el destino que sus predecesores les encomendaron? ¿Y el mundo, considerará sus recetas aceptables en pleno siglo XXI? La cuestión no es si son aceptables o no en el actual contexto internacional. No nos estamos independizando de Inglaterra, sino de España. La cuestión es si su recurso podría ser tan efectivo como lo fue en el pasado. Porque si lo fuese, no habrá debate posible. La comunidad internacional y, muy especialmente la UE, tendrá que calcular muy bien cualquier reacción de oposición porque se juega la estabilidad de la Eurozona.
Diversos factores amenazan los intereses de los cortesanos españoles: el secesionismo catalán, el endeudamiento público, el agotamiento de los fondos de reserva de la Seguridad Social, el auge de los nuevos movimientos llamados de izquierdas… El problema es que el viejo manual sólo contempla un único protocolo a seguir en caso de terremoto: provocar otro todavía más grande y devastador. Pero la táctica del enroque no será suficiente para proteger al rey y su Corona si los altos estamentos del Estado decidieran, al margen de su gobierno, traspasar los límites de lo que pueda ser tolerable por los aliados occidentales.
Mientras se lo rumian necesitaremos hacer movimientos tácticos, atrevidos e ingeniosos. Se acerca el momento de activar los planes de ejecución que deben hacer posible la desconexión del Estado español. En cuestión de horas tendremos que proclamar la independencia, aprobar las primeras leyes y tomar posesión de las infraestructuras y de las instituciones que el Estado español aún conserve en Cataluña. Habrá que asumir rápidamente el control de las fronteras y las aduanas, garantizar la seguridad del espacio aéreo, la recaudación de impuestos y la prestación de los servicios sociales básicos y tantas otras cosas igualmente necesarias. La estrategia del gobierno catalán es clara. Asumir a la brava las competencias tradicionalmente reclamadas durante las negociaciones del Estatuto de 2006 y tantas veces denegadas por el gobierno central: cercanías, puertos, aeropuertos, recaudación de impuestos… La idea es dejar la puerta siempre abierta a una posible negociación, sabiendo que la Generalitat no renunciará a nada que previamente haya conseguido de forma unilateral. Así, España sólo tendrá alguna remota posibilidad de detener el proceso si el Gobierno accediera a sentarse y negociar. Y, sin embargo, esta oportunidad también la perderá. Entonces, comenzará la segunda etapa de la desconexión: delegación del gobierno, capitanía general, gobierno militar… ésta bajo la aquiescencia de la comunidad internacional.
La táctica del Estado resulta previsible hasta los mínimos detalles. Responde a un protocolo anticuado que no deja margen a la improvisación. En cambio, nuestra táctica es mucho más ágil, ingeniosa y desconcertante; simplemente porque no seguimos ningún manual. Si acaso, la escribimos a medida que vamos avanzando en un proceso sin fin. Ahora, de momento, a pasar el verano como buenamente se pueda y, en septiembre, a demostrar que somos la mayoría social.
EL PUNT-AVUI
