Los catalanes hicimos un proceso de independencia casi modélico hasta el 1-O. Todas las naciones sin Estado del mundo nos envidiaban y querían imitarnos. Si hoy seguimos formando parte del Estado español es porque la clase política no hizo el trabajo que debía realizar después del 1-O. No por sabido debemos dejar de decirlo: si no somos un Estado es principalmente por la traición de los líderes.
Todo lo que ha pasado desde la traición de los líderes es inaudito y de vergüenza ajena. Y si alguna nación sin Estado del mundo todavía nos mira es para asegurarse de que nunca le ocurrirá lo mismo. Los acontecimientos de los últimos años no se parecen en nada a lo que debería hacer un movimiento que ha tenido la victoria tan cerca. La hoja de ruta parece escrita e implementada por el peor de nuestros enemigos.
Un proceso de independencia es algo conceptualmente sencillo. Se trata de dotar de fronteras administrativas, jurídicamente efectivas e internacionalmente reconocidas a una nación preexistente. La etapa de construcción nacional es previa y exitosa, y justamente por eso, culmina en la creación de un Estado. Es esencialmente un proceso político y de contenido identitario casi nulo.
Por eso el retroceso discursivo que se ha producido en Cataluña es tan significativamente pernicioso. Es evidente que siempre es necesario proteger, defender y promover la lengua como principal elemento de nuestra identidad nacional. Pero lo que no es necesario es poner en tela de juicio la propia identidad nacional, la configuración y la esencia de la nación. Esta parte ya la habíamos superado.
Un Estado es un territorio, un gobierno y una población. Es decir, un territorio claramente delimitado, un gobierno soberano y la totalidad de la población sometida exclusivamente a este gobierno dentro de los límites territoriales en los que ejerce el poder. Puede haber muchos matices y casos especiales, pero definir un Estado también es algo conceptualmente sencillo. Por tanto, un movimiento independentista tiene un objetivo fácil de entender.
Los estados que conocemos, con todos los matices que se quiera, son la personificación jurídica y política de la nación. Por eso lo llamamos también “estados-nación”. Y todos los estados-nación, también los plurinacionales a su modo, se basan en una concepción clara de las fronteras: la igualdad esencial entre los de dentro y la desigualdad —jurídica y política— respecto de quienes quedan fuera. La nacionalidad es esto: una pretensión (no necesariamente real) de homogeneidad interna y diversidad externa. Esto es lo que justifica la frontera y en todas partes define los requisitos para cruzarla.
En Cataluña hay mucha gente con tendencia a hacer cosas raras e innovadoras (en el buen sentido, o no). Quizás en el ámbito cultural lo tenemos normalizado y es un activo, pero en el ámbito político no se pueden hacer inventos. Lo que algunos están intentando tras la interrupción del proceso de independencia quizá sea el mejor ejemplo: se quiere sustituir las fronteras estatales que no tenemos por fronteras identitarias que nunca harán la misma función.
Es una idea alocada y peligrosa, pero la resaca del proceso es terreno abonado para estas cosas, desgraciadamente. Se ha decidido que a falta de fronteras administrativas que sirvan, como en todas partes, para controlar quién puede instalarse a vivir en el territorio nacional, es necesario levantar fronteras identitarias en nuestro país. En el fondo, el mensaje es que al no tener herramientas para decidir quién vive en nuestro país nos dedicaremos a decidir quién es catalán.
La formulación xenófoba es aún más estrambótica. Como no tenemos herramientas para detener en la frontera y potencialmente obligar a volver a su país a quienes no tienen derecho a vivir aquí, se propone “hacer la vida imposible a estas personas hasta que se marchen”. La trampa mortal de esta propuesta es que quien tiene el poder de dar o no permisos para vivir en nuestro país es nuestro enemigo: el Estado español. Por tanto, podemos tener la capacidad de colocar a alguien fuera de nuestra comunidad nacional, pero no de echarle del país.
Este “hacer la vida imposible” se basa en una mentira. La igualdad de derechos no equivale a las fronteras abiertas, sino todo lo contrario. La comunidad de libres e iguales se ha sostenido siempre, hasta ahora, con fronteras cerradas. El problema es que nosotros estamos en otro combate: podemos decidir que no queremos acoger a ninguna otra persona, ni aceptar como miembros de nuestra nación a ningún otro extranjero. Pero no podemos impedir que quien los acoja a su comunidad nacional, en nuestro territorio, sea España. Y éste es el peor de los escenarios posibles.
De este esquema mental surge una idea aún más perversa y destructiva para el proyecto nacional catalán. Después de haber ganado un referéndum de autodeterminación, resulta sorprendente -y profundamente preocupante- que gane terreno, dentro del propio independentismo, el relato que “sólo somos el 30%”. Porque la idea implícita es que si solo somos el 30%, el 70% de los que viven en nuestro país son o serán españoles. ¿Hasta dónde nos lleva esto?
El futuro no está escrito todavía, pero antes de que sea demasiado tarde habría que abandonar experimentos e ideas anticuadas. No hay ninguna alternativa a la independencia y no hay atajo alguno para llegar allí que no sea alzarnos y echar al Estado español fuera de nuestro país.
EL MÓN
