427.423. Es la cifra de residentes catalanes que, a 1 de enero de 2026 estaban inscritos en los consulados en el exterior, según recoge el último informe de la Federación Internacional de entidades catalanas. Objetivamente, en número representaría la segunda ciudad de Cataluña. En unos debates donde la inmigración, sus características y gestión polariza, la idea de que uno de cada veinte residentes catalanes (uno de cada catorce, si excluimos los cambios demográficos sobrevenidos en los últimos años) viva fuera de Cataluña, debería estar generando discusión pública. Y añadiría, también, que alerta e indignación.
Las estadísticas muestran que, de ellos, el 40% tienen estudios superiores. En algunos casos hablamos de profesionales, académicos y científicos de primer nivel. También predominan, como suele ocurrir en este tipo de fenómenos demográficos, las generaciones más jóvenes que se abren paso profesionalmente y deben tomar en muy poco tiempo decisiones vitales trascendentes. También indican los datos que hay idas y venidas, en el sentido de que, en muchos casos, hay gente que vuelve. Sin embargo, la tendencia de los últimos años es un saldo muy negativo. A modo de ejemplo, el año pasado, 13.203 se dieron de baja en los consulados, sin embargo, 33.947 se dieron de alta, o expresado de otra forma por cada catalán que vuelve, se marchan 2,6. Hay, por supuesto, muchos más que no llegan a inscribirse en el consulado, especialmente quien prueba suerte, quién está haciendo algún máster o teniendo las primeras experiencias laborales favorecidas por el tratado de Schengen, sin embargo, el fenómeno es sólido y sostenido en el tiempo.
Una cosa son las estadísticas y otras las percepciones y experiencias personales. Soy de una generación –la de los nacidos durante la década de 1960–, la primera que pudo llegar relativamente numerosa a la universidad, la que pudo ampliar en cierta medida, a menudo gracias a los servicios públicos o a una cierta sofisticación económica, las clases medias. Y ahora vemos que una parte sustancial de la generación de nuestros hijos, especialmente aquellos que han tenido la oportunidad de disponer de una buena formación académica, que sobresalen en sus campos, que poseen energía y ambición se están instalando en Alemania, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Suiza, Estados Unidos, Singapur, el Golfo. Al menos entre mi entorno, esto supone entre un tercio y la mitad de nuestros vástagos con estudios universitarios postgraduados o doctorados. Más allá de la interesante experiencia, de las facilidades para moverse en un mercado laboral más global de lo que quisiéramos admitir, este tipo de movilidad conlleva un elevado riesgo de desarraigo. Es lo que tiene la globalización: descapitaliza naciones enteras, especialmente aquéllas que no disponen de instrumentos sólidos de Estado, que no disponen de mecanismos de planificación económica.
En estos últimos años estamos asistiendo a episodios de demagogia y teorías conspirativas a partir de las transformaciones demográficas. Por último, ya pesar de contaminación de la discusión política, la teoría cincelada por Renaud Camus sobre el “gran reemplazo” va más allá de una cuestión estrictamente étnica, religiosa o cultural. Porque, efectivamente, en Cataluña asistimos a un gran reemplazo de carácter social en el que la inmigración (y también la emigración) no parece ninguna causa, sino medio, daño colateral o efecto. El gran reemplazo es la sustitución de las clases medias autóctonas, las que representan la viga maestra de la nación por lo que algunos sociólogos o pensadores como Zygmunt Bauman o Gunnar Myrdal definen como “infraclasse”, es decir, grupos que, en un espacio de economía desregulada e informal, ya no pueden ser considerados como clase trabajadora, con una creciente exclusión, atrapados en la pobreza extrema, sin un trabajo fijo, profesión o con empleo precario, que implican cierto desarraigo social, cultural y moral, y que ya no gozan de oportunidad de movilidad social. En estos días de huelgas de maestros, cuando los profesionales de la educación hablan de la explosión de la diversidad, en realidad se refieren a esto. No necesariamente se trata de un reemplazo cultural o étnico. Quien cae en la pobreza extrema y la marginalidad puede tener ocho apellidos catalanes –especialmente en las zonas rurales desterradas e históricamente discriminadas–, y entre muchos de los africanos instalados en Cataluña asistimos, vía iniciativa empresarial, vía aprovechamiento del sistema educativo, a un cierto ascenso social, eso sí, en una era donde el acceso a unas clases medias cada vez más finas y en una época marcada por una dura competitividad. Y también aquí debemos entender el fenómeno de la emigración catalana en el extranjero, como una medida calculada, en base a estrategias personales y familiares, para mantener un estatus que la permanencia en nuestro país no puede garantizar.
Si desde abajo, el panorama es complejo (asistimos al fenómeno de los trabajadores pobres, las condiciones de infravivienda, la imposibilidad de poder pagar un alquiler con un salario medio, la proletarización de muchas profesiones tradicionalmente de clase media o la expansión de la economía informal), por arriba, aún más. La burguesía catalana ha dejado de existir. La globalización ha globalizado también a las élites, y con un empresariado que, mayoritariamente ha dejado de emprender y se está pasando con armas y bagajes al parasitismo de la especulación bursátil o el rentismo de la inmobiliaria, la única fórmula de prosperar, aparte de tener relaciones privilegiadas con el poder político, es entrar en los grupos de ejecutivos, profesionales cualificados donde difícilmente se puede acceder en nuestra casa.
Ahora bien, el grueso de la segunda ciudad de Cataluña, tanto desde el estadístico como desde el conocimiento personal, es que los jóvenes se marchan porque, en nuestro país, los salarios son, básicamente, una mierda. En comparación con los países centrales de Europa, y si lo comparamos con el inicio del siglo, el estancamiento o retroceso del salario real, acompañado de un mercado inmobiliario adicto a las burbujas, la tentación de una salida individual implica este grado de descapitalización colectiva. Con un entramado económico y empresarial que se ha convertido en ‘yonqui’ de la precariedad, de los salarios bajos, de una mentalidad presentista e inflexible, y con una estructura social donde los contactos personales y el nepotismo –un buen apellido vale más que un par de doctorados– suele ser más decisivo que una buena formación, se genera una dinámica perversa. Muchos de los que se marchan, más allá de la incertidumbre o el atractivo, lo hacen también por despecho, por resentimiento, por unas primeras experiencias laborales lamentables, por una tendencia a la explotación que requeriría de psicólogos para explicarla y por la frustración de no poder vivir de una manera decente, por ejemplo, ante la idea de disponer de una casa propia a los veinticinco años. Nada que no fuera extraño hace treinta o cuarenta años.
Que la segunda ciudad de Cataluña esté en el extranjero es un verdadero drama. Es una descapitalización insoportable. Implica que muchos catalanohablantes se marchan, y muchos recién llegados, viendo que la prioridad de cualquier empresario o administraciones públicas como la sanitaria es pagar poco y que el catalán no compensa, sí hay una queja real sobre esta estúpida estrategia de quien está tomando las decisiones. De hecho, cuando hace un año el govern catalán trató de destinar 30 millones de euros para atraer a investigadores estadounidenses descontentos con la presidencia de Trump, se mostró esta clara estrategia, no sólo de descapitalizar el país desde una perspectiva del talento, sino también a partir de la planificada desnacionalización que practica actualmente el PSC y sus mariachis. Ya se ha visto, por ejemplo, en los obstáculos deliberados que pone el ministerio de asuntos exteriores español en las elecciones, cuando hace todo lo posible por evitar que los catalanes residentes en el extranjero puedan expresar su cabreo por la vía electoral.
Esta situación nos hace un país peor, más mediocre, menos nacional. La emigración es una válvula de escape para evitar que ese descontento tome forma. Y que, como está sucediendo con los maestros, se evidencie que los principales problemas tienen que ver con la mediocridad de los salarios (que llevan años retrocediendo respecto a la renta per cápita, la productividad y el incremento de ganancias empresarial) o que la cuestión de la vivienda se aborde de tal manera que sea imposible resolverla porque dejaría nuestro parasitismo propio y estructural con una merma de ingresos y un cuestionamiento de su estatus. Resulta sorprendente (o no) que no se hable de ello.
https://elmon.cat/opinio/la-segona-ciutat-de-catalunya-1136096/
