Durante el transcurso del siglo XX, pese a diversos episodios de shock y volatilidad, los precios de los principales recursos (energía, materiales, agua y alimentos) cayeron casi a la mitad en términos reales o, en el mejor de los casos, como sucedió con la energía, se mantuvieron planos. Una tendencia que resulta sorprendente si tenemos en cuenta que durante el mismo periodo la población mundial se cuadruplicó y que el PIB mundial se multiplico por veinte, lo que conjuntamente acarreo un salto de entre el 600% y el 2000% en la demanda de recursos.
El abaratamiento de estos se atribuye a un rápido desarrollo tecnológico y al descubrimiento de fuentes de suministro nuevas y más baratas. Además, los precios no suelen reflejar los costes íntegros de producción (la práctica de los subsidios está muy extendida) ni tampoco incluyen las externalidades asociadas a su utilización (como las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero).
Pero diferentes informes nos alertan de que en la primera década del siglo XXI, como consecuencia de un aumento acelerado de la demanda, la tendencia a la baja comentada se ha invertido, al tiempo que la volatilidad está alcanzando máximos históricos. De hecho, existen al menos cinco razones para suponer que en los próximos veinte años el desafío que el mundo tiene planteado en materia de recursos será muy diferente, en escala, al vivido en el pasado. La primera de ellas es que el rápido desarrollo económico en los mercados emergentes, particularmente en China e India, podría conducir en las próximas dos décadas a la aparición en el escenario económico global de hasta 3.000 millones de nuevos consumidores de clase media. La segunda es que expandir la oferta de recursos puede resultar cada vez más complicado en términos logísticos y políticos, de forma que la adición de nuevas capacidades resultará progresivamente más cara. Otra razón es que los diferentes recursos están cada vez más interrelacionados entre ellos, de manera que un shock de precios en uno en particular puede afectar rápidamente los precios de los otros. La cuarta es que el impacto de una demanda creciente de recursos sobre el medio ambiente puede restringir la oferta. Y, la última, que más de 1.000 millones de personas no tienen cubiertas sus necesidades básicas de energía, agua y alimentos, y todo apunta a que la creciente concienciación y preocupación social exigirá de los gobernantes medidas concretas al respecto.
La combinación de estas cinco razones puede afectar negativamente el crecimiento económico, las finanzas públicas, el bienestar de los ciudadanos (particularmente el de aquellos que viven en los países más pobres) y suscitar peligrosas tensiones geopolíticas. ¿Qué podemos hacer?
Una opción es apostar, como hemos venido haciendo en el pasado, por una simple expansión del suministro capaz de cubrir el aumento de la demanda global de recursos. Pero esta expansión, liderada por la innovación tecnológica, podría acarrear serias consecuencias negativas sobre el medio ambiente. Algunos cálculos nos dicen que en el 2030 el consumo de agua tendría que aumentar en 1.850 km3, un 30% más que en la actualidad, mientras que la deforestación se acrecentaría en 140-175 millones de hectáreas y las emisiones de CO en 2 66 gigatoneladas. Además, ampliar el suministro a las tasas requeridas también supone encarar notables desafíos geopolíticos, de capital e infraestructuras.
Cada vez está más claro que, además de expandir la oferta, no nos va a quedar más remedio que aprovechar todas las oportunidades de mejora a nuestro alcance para aumentar la productividad en la extracción, conversión, distribución y uso final de los recursos. Algo que podría permitirnos cubrir entre un 13% y un 30% de la demanda de energía primaria, materiales, agua y suelo, prevista en el 2030, ahorrándonos de paso parte de las inversiones necesarias para aumentar su oferta.
En este sentido, un reciente estudio del Mckinsey Global Institute analiza más de ciento treinta medidas de mejora de la productividad, concluyendo la necesidad de priorizar quince grupos de ellas que, en conjunto, podrían representar cerca del 75% del total de las ganancias potenciales en productividad. Enumeradas por orden de importancia, estas medidas se relacionan con: 1) la eficiencia energética en la edificación, 2) el rendimiento de las grandes explotaciones agrícolas, 3) el despilfarro de alimentos, 4) las fugas de agua en el abastecimiento a municipios, 5) la densificación urbana (conducente a una mayor eficiencia del transporte), 6) la eficiencia en la industria del hierro y del acero, 7) el rendimiento de las pequeñas fincas agrícolas, la eficiencia de los combustibles en el transporte, 9) la penetración de los vehículos eléctricos e híbridos, 10) la reducción de la degradación del suelo, 11) la eficiencia del uso final del acero, 12) el porcentaje de recuperación del petróleo y del carbón, 13) la optimización de las técnicas de irrigación, 14) la sustitución del transporte por carretera por el ferrocarril y la barcaza, y 15) la eficiencia en las plantas de generación de electricidad.
Unos desafíos que, además de una firme apuesta por la I+D+I, demandan un profundo cambio de mentalidad. Tengo la impresión de que en el futuro vamos a oír hablar mucho de economía circular y de las 3 R: reducir, reutilizar y reciclar.
Mariano Marzo, catedrático de Recursos Energéticos de la UB.
