Es difícil valorar desde la silla de un ordenador lo que pueda hacer la comunidad internacional ante una situación conflictiva como la que se vive en Libia. Vaya por delante mi solidaridad con el Pueblo libio y el conjunto de los pueblos árabes y musulmanes –tan denostados por la mentalidad occidental- unidos con su actitud a las reivindicaciones de libertad y justicia de tantas colectividades humanas a través de la Historia. Lo digo, a pesar del rechazo que pueda sentir frente a lo que sea el islamismo y cualquier otra religión, siempre tergiversadoras de las aspiraciones humanas más auténticas; la religión que permite a las jerarquías eclesiásticas reconducir las energías liberadoras hacia inexistentes paraísos en perjuicio de la satisfacción humana verdadera.
La primera reacción que me produce una intervención armada dirigida desde el Mundo occidental hacia un país extra-europeo es la de rechazo. ¿Cuántos serán los muertos consecuencia de tal intervención? Las secuelas negativas de la actuación militar de los países occidentales desde que se constituyeron las Naciones Unidas (O.N.U.) invalidan cualquier justificación basada en razones humanitarias. Tales intervenciones han pretendido ocultar siempre la defensa de los intereses particulares que animaban a las potencias intervencionistas. Los casos de Afganistán e Irak de los últimos tiempos han evidenciado la manipulación de planteamientos altruistas, oculta tras la capa de intervención humanitaria y democratizadora. En cualquier caso, entiendo que siempre me he de alinear en contra de toda actuación bélica, porque ésta siempre produce la muerte y destrucción.
Va a cumplirse ya un siglo desde que se planteó la necesidad de un organismo en el que se incluiría la totalidad de los Estados reconocidos a nivel internacional, como ámbito de discusión y arbitraje de los contenciosos que pudiesen surgir entre diferentes naciones. Fue precisamente al final de la Primera de las Guerras mundiales, cuando se creó la Sociedad de Naciones, impulsada por el Presidente Wilson de los U.S.A. A esta organización sustituyó la actual O.N.U. –más integradora y equilibrada- con la mirada puesta no únicamente en solventar los potenciales conflictos entre sus estados miembros, sino que buscaba garantizar que éstos asumiesen en su ordenamiento jurídico los principios de libertad y democracia, imprescindibles para evitar cualquier tipo de conflicto entre las naciones y sus ciudadanos.
El compromiso de los integrantes de la O.N.U. con tales planteamientos dejaba la puerta abierta a la intervención de la comunidad internacional en los asuntos interiores de los Estados que no llenasen estas exigencias y, desde luego, a la intervención militar misma en caso de agresión de un Estado a otro. A la larga se preveía la constitución de una fuerza armada internacional que quedase bajo la autoridad directa del Secretario general de las Naciones Unidas, atendiendo a los mandatos de los organismos decisorios, Asamblea General, o Consejo de Seguridad. En esta dirección se pretendía trasladar a los organismos internacionales, cualquier iniciativa de restaurar el derecho internacional, convulsionado por cualquier contravención al mismo de parte de cualquier Estado o Potencia.
Lo cierto es que ni las potencias dirigentes a nivel mundial, ni el conjunto de los Estados, han trabajado para que sus derechos a la defensa sean transferidos a un organismo internacional imparcial, como podía haber sido la O.N.U.. Se ha acusado a esta organización de ineficacia. Tal ineficacia es resultado de la negativa de los Estados –particularmente las grandes potencias- a renunciar al control de sus fuerzas militares, aunque sea en una parte mínima. La Organización internacional se ha encontrado siempre en una situación de incapacidad, al tener que contar con el visto bueno de las potencias en el momento de hacer cumplir sus resoluciones. Tal circunstancia ha dado pie a que los Estados contraventores –Israel, sin ir más lejos- hayan despreciado el veredicto internacional mayoritario, con independencia de la mayor o menor unanimidad. Igualmente las potencias más grandes se consideran con derecho a interpretar las resoluciones y desde luego a incidir sobre las mismas.
Las ocasiones en que la O.N.U. ha decidido la intervención han dado pie, por todo ello, a la discrepancia; mucho más a la vista de cómo se han desarrollado, dirigidas con el particular criterio de los Estados mayores de las potencias encargadas de la intervención. El balance en consecuencia resulta desigual, al haber primado determinados intereses, frente a la imparcialidad que debería suponerse a la comunidad internacional. Sin embargo, esta no deseable intervención ha resultado insoslayable en muchos casos y factible desde el punto de vista de los derechos humanos que tiene como objetivo fundamental la organización internacional. Se me ocurren ahora casos como los de Bosnia y Kósovo, naciones dejadas a sus fuerzas ante el ataque genocida de los serbios. A toro pasado es fácil valorar. En cualquier caso estoy cierto que una intervención a tiempo en la antigua Yugoslavia hubiera evitado las masacres que sufrieron los bosniacos, de la misma manera que se evitaron en Kósovo mediante una rápida intervención. Desde luego, quienes mejor pueden valorar estos hechos son quienes de una manera más directa fueron objeto del ataque genocida.
Abordo esta cuestión desde este punto de vista, rehuyendo fáciles argumentos de solidaridad internacionalista y antimilitarista; no tanto porque no considere la guerra un instrumento que debería desaparecer, sino por entender que las situaciones límites obligan a soluciones límites. No voy a entrar ahora a debatir lo que sea la guerra justa –si puede existir tal- o la legítima defensa, situaciones éstas que deben ser valoradas por testigos imparciales y en ningún caso por los protagonistas del conflicto. El hecho es que en el momento presente la intervención internacional en contra de Gadafi ha salvado a los revolucionarios libios y éstos la han acogido con alegría. He de advertir que en ningún caso doy un voto de confianza, sin más, a los atacantes y abrigo dudas sobre cómo se desarrollará la intervención. Soy igualmente consciente de que actuaciones similares deberían extenderse a otros escenarios en donde tienen lugar movimientos populares. Es aquí en donde aparecen las limitaciones del actual sistema de salvaguarda de los derechos universales de individuos y naciones a los que me he referido más arriba. Me encuentro inerme ante los acontecimientos y los manejos de los que tienen el poder y cualquiera de las reflexiones que realizo aquí se encuentran condicionadas por tales circunstancias. ¡En ningún caso voy a sentirme responsable por la manera en que se desarrollen los acontecimientos! Mi postura no deja de ser sino la reflexión de un ciudadano de Navarra y del Mundo que reclama se arbitren las soluciones adecuadas.
