No sé si reírme, a pesar de que tengo todos los motivos. Era la crónica de una muerte anunciada. Todos sabíamos qué iba a suceder, por lo que estaba de más rasgarse las vestiduras. No estoy minimizando la trascendencia de la decisión tomada por el Tribunal constitucional español con respecto al Estatut de Catalunya. La tendrá en el plano político, que no jurídico ¿Qué importa a los españoles el Estado de derecho? Para ellos no puede ser otra cosa que lo que conviene a España; esto es, lo que conviene a los intereses de quienes se consideran españoles y se encuentran decididos a imponer su españolidad a los demás.
Estos españoles no pueden entender que un Estado de derecho se construye sobre el principio de la voluntad y aquiescencia del conjunto de la ciudadanía. No de una ciudadanía abstracta, definida como la igualdad por parte de quien la impone desde el centro del Imperio, pasando por encima de especificidades y sensibilidades. La libertad política no puede existir, sino en el seno de las colectividades que se reconocen como tales.
Éste es el escollo en el que tropieza permanentemente España. Se niega a reconocer la existencia de las naciones a las que tiene sujetas, que han manifestado históricamente y hasta el momento presente su especificidad, su voluntad de ser ellas mismas y aquí reside la razón de los conflictos que afectan a España. Se dice conflicto vasco; ahora se habla del catalán, luego… ¿No es un hecho reconocido universalmente, desde la información periodística, hasta las expresiones de cultura más alta, como son los libros de Historia y teoría política? Es para reír los esfuerzos de los políticos españoles, cuando se empeñan en negar la similitud de sus problemas nacionales con los que tienen lugar en otros escenarios, a nivel mundial ¡Españoles, es ley de la Historia! Por decirlo de alguna manera ¡Seguís mostrando una capacidad supina para no entender! Lo más grave es, que vuestra Historia es un continuum de hechos similares, representados por la resistencia de muchos pueblos.
He dicho más arriba que la sentencia carece de cualquier trascendencia jurídica, porque el problema es ante todo político. Quiero decir que no constituye un mero conflicto de intereses entre las partes, que siguen manteniendo el acuerdo sobre el principio constitutivo del Estado español. El conflicto presente afecta totalmente a tal principio. La rigidez española en mantener un sistema estatal concreto, no permite la posibilidad de una estructura federal, ni floja, ni estrecha. El temor a perder el control sobre recursos materiales de los territorios más dinámicos hace inviable tal planteamiento, más allá de declaraciones retóricas y faltas de concreción de grupos políticos sin apenas relevancia. En este marco un tribunal constitucional controlado por España no pasa de ser un grupo de personas –dejando a un lado su cualificación jurídica- constituido por los mismos españoles para impedir lecturas abiertas de los textos jurídicos. Constituye un sistema que puede llenar requisitos formales, pero con el grave conflicto de base de carecer del consenso, al menos por parte de los sectores de la ciudadanía que han sentido la manera unilateral con la que se ha diseñado el actual Estado de las autonomías.
Los españoles se niegan a entender que un sistema jurídico solamente puede ser aceptado como democrático y viable, si integra adecuadamente los intereses de las colectividades a las que se pretende unir. Un sistema jurídico democrático debe ser resultado del un acuerdo político y no vale aludir a presuntas mayorías que no tienen otra perspectiva que la nacida de la imposición. Los más de 30 años recorridos por el actual sistema constitucional español han puesto en evidencia su fracaso. Las aspiraciones de navarros y catalanes, tan repetidamente manifestadas, a las que España no opone sino la cerril legalidad, hacen inviable el marco jurídico vigente. Ni asambleas representativas, ni tribunales de ninguna especie podrán legitimar la situación.
Nos asomamos a un escenario de ruptura, a la pura lucha política, en la que las soluciones de hecho serán formalmente refrendadas por las medidas jurídicas que se habiliten. España se ha manifestado hasta ahora prepotente. Las organizaciones socio-políticas españolas -y la misma sociedad civil- se han producido con altivez. Han respondido con el despreció y el odio a las expresiones de libertad de navarros y catalanes. A Ibarretxe le dieron un portazo, a los catalanes los han cepillado, como dijo con sorna ese Cánovas del Castillo disfrazado de diablo cojuelo que es Alfonso Guerra. Es difícil determinar el rumbo de los acontecimientos futuros en una España en crisis que no quiere entender que pisa fuerte en arenas movedizas. España ha perdido la última oportunidad de reconducir el problema nacional. Se constata un interés, apenas oculto, de invertir la marcha del Estado de las autonomías; poco importa que se pretenda conducir el proceso a través de formulaciones legales. El problema de España es que no ofrece ninguna confianza a los españoles forzosos.
Por su parte, los ciudadanos navarros y catalanes no van a soportar los desaires jurídicos. Es un sarcasmo que los españoles pretendan utilizar una legalidad a la carta. Una legalidad similar no promueve el respeto hacia la ley, sino primero la desconfianza y luego el rechazo y el futuro dependerá de la capacidad que muestren unos y otros a la hora de las soluciones políticas.
