El término ‘Autonomía’, en el ámbito político, es un eufemismo de subordinación, de dependencia. La prueba es que los pueblos verdaderamente autónomos nunca se definen a sí mismos como ‘autonómicos’. Se definen como ‘Estado’. Estado independiente. El régimen autonómico español, por tanto, no es más que una pura y simple descentralización administrativa que puede ser eliminada siempre que al Estado le apetezca. Para entendernos, la autonomía es una mera distinción que España hace los territorios ‘buenos muchachos’ que responden “sí, señor dueño” cada vez que Madrid les ordena algo. Es, por decirlo lisa y llanamente, un certificado de buena conducta que les puede ser arrebatado en cuanto osen pensar por sí mismos y cuestionar la autoridad del palco del Bernabéu, que es el punto de confluencia de toda la oligarquía nacionalista española y de todos los poderes del Estado.
Pero Cataluña, que es una nación que piensa por sí misma, ha iniciado un proceso para quitarse de encima el yugo español y convertirse en un pueblo libre como puedan serlo Suiza, Dinamarca o Suecia, y el palco del Bernabéu ha enloquecido. En parte es comprensible, porque el expolio de Cataluña constituye uno de los pilares básicos y más sustanciosos del Estado. Pero está también el elemento supremacista, es decir, el rechazo visceral a la diferencia, la inferiorización del diferente, la criminalización de quien no está dispuesto a renegar de sí mismo para someterse a cualquier supremacía identitaria. Y este es el punto donde nos encontramos y que se resume en pocas palabras: hay un pueblo que quiere ser dueño de su vida y hay un Estado que le dice que el dueño de su vida es él. A partir de aquí se ponen en marcha dos mecanismos antagónicos que forzosamente conllevan un conflicto político que sólo puede acabar con el sometimiento y la residualización de Cataluña o con su libertad. Y dado que la primera opción es un suicidio, la segunda se convierte en una necesidad.
Tiene razón, pues, el presidente Mas, al decir que “se está castigando y perjudicando a Cataluña por defender ideas políticas, democráticas, pacíficas y respetuosas con los derechos humanos” y que este castigo se ha materializado en una “agresión institucional” consistente en negarnos nuestro propio dinero -dinero generado en Cataluña-, y suspender la autonomía. Entonces, ¿por qué no aplican directamente el artículo 155 de la Constitución española y la suspenden oficialmente?, se preguntará alguien. Pues porque uno de los rasgos más característicos del nacionalismo español es la cobardía. Son cobardes por naturaleza y no se atreven. No tienen valor. Saben que suspender los derechos de un pueblo por el solo hecho de querer hacer un referéndum como el de Escocia o Quebec repercutiría muy negativamente en la imagen ya muy desacreditada del Estado español y no se podría justificar en el Parlamento Europeo. Son los mismos que hablan de democracia y que reprobado el terrorismo en el mundo mientras se enriquecen vendiendo armas con las que se cometen miles de crímenes contra la humanidad. Entre 2013 y 2014, el Estado español vendió armas a Arabia Saudí, por valor de 725 millones de euros; a los Emiratos Árabes, por valor de 719 millones, y a Egipto, por valor de 277.
El Estado español, paradigma de la hipocresía y del absolutismo en la Unión Europea, es un cobarde. Por ello, como ha hecho siempre, es innoble incluso en el uso de la fuerza de la que tanto se jacta. Es el clásico cobarde que, incapaz de actuar a cara descubierta, te clava una patada cuando nadie mira. En realidad es la viva imagen de aquellos individuos que reparten sonrisas y buenas maneras cuando salen de casa, pero que mientras están dentro apalean brutalmente a la mujer, porque no han encontrado otra manera de compensar su inmenso complejo de inferioridad. El boicot español a una delegación comercial catalana en China o el ataque del Tribunal Constitucional a la Hacienda y al Parlamento catalanes, por ejemplo, forman parte del mismo comportamiento. De puertas afuera, Cataluña es una ‘Comunidad Autónoma’, de puertas adentro, está amordazada y atada de pies y manos. El Estado español, a través de la asfixia económica así como de la criminalización de su presidente y de sus instituciones, quiere la rendición absoluta e incondicional de Cataluña. Quiere aniquilarla para siempre como nación y convertirla en la periferia de Madrid. Lo necesita porque esa sola idea ya le provoca un placer morboso, y porque, como todo cobarde y acomplejado, se reafirma por medio de la amenaza, de la burla, de la descalificación y del cinismo. Es la diferencia con los gobiernos británico o canadiense. Estos gobiernos permiten referéndums de independencia a las naciones escocesa y quebequense por dos razones: la primera, porque son demócratas; y la segunda, porque son fuertes. El fuerte no tiene miedo de la libertad de los demás, y si es demócrata los respeta.
EL MÓN
