INFORME FÉNIX

El modelo económico actual de Cataluña es insostenible y aboca al país al retroceso económico y a la ruptura de la cohesión social a medio plazo
En un documento coordinado por Xavier Roig y elaborado por los economistas Xavier Cuadras Morató, Modest Guinjoan y Miquel Puig, con el asesoramiento de Jordi Galí, Guillem López-Casasnovas y Jaume Ventura, se proponen modificaciones estructurales del modelo económico catalán para hacerlo sostenible y garantizar que siga siendo fuente de bienestar

El modelo económico vigente en Cataluña, basado en unos sectores con sueldos tan bajos que los hacen económica y socialmente deficitarios, es insostenible. Si no se adoptan medidas estructurales, el país se enfrenta a un retroceso económico y una ruptura de la cohesión social. Esta es la principal conclusión del Informe Fènix, un documento coordinado por Xavier Roig y elaborado por los economistas Xavier Cuadras Morató, Modesto Guinjoan y Miquel Puig , y asesorado por Jordi Galí, Guillem López-Casasnovas y Jaume Ventura.

El informe pone de manifiesto una preocupante paradoja: aunque Cataluña ha registrado un crecimiento del PIB superior al de su entorno, este crecimiento no se ha traducido en una mejora significativa del PIB per cápita, es decir, en el bienestar material de la población. Si este PIB per cápita estaba, en el 2000, seis puntos por encima de la media europea, ahora está seis puntos por debajo: un descenso relativo de 12 puntos porcentuales.

Según el Informe Fénix, desde el año 2000, Cataluña ha experimentado una expansión demográfica excepcional, impulsada por la creación de empleo con sueldos muy bajos ocupados casi exclusivamente por la inmigración, lo que ha neutralizado el efecto del envejecimiento pero que también ha tenido un efecto negativo sobre la productividad. De hecho, la productividad catalana, ya inferior a la media europea a principios de este siglo, ha empeorado con el tiempo, ampliando la brecha con otras economías comparables de nuestro entorno. Este comportamiento no es exclusivo de Cataluña, sino que se repite en otros territorios con fuertes flujos migratorios y donde la economía se ha especializado en sectores poco productivos, como pueden ser Baleares, País Valenciano o Canarias.

Uno de los elementos clave identificados es la creciente especialización de la economía catalana en sectores de baja productividad. Aunque la creación de empleo ha sido muy intensa globalmente, lo ha sido sobre todo en sectores con bajos salarios y baja productividad.

Los “sectores altamente subvencionados”

En este contexto, el informe introduce el concepto de “sectores altamente subvencionados” , definidos como aquellos en los que los salarios, de media, son tan bajos que no generan ingresos fiscales suficientes para sostener los servicios públicos más elementales de que disfrutan sus trabajadores. Esto implica una transferencia implícita de recursos desde el conjunto de la economía para cubrir este déficit, especialmente perniciosa cuando el beneficiario último de la producción es una persona que no vive en Cataluña. Entre los sectores con estas características destacan especialmente el turismo de sol y playa y la industria cárnica.

A modo ilustrativo, el estudio estima que cada pernoctación en un hotel de 3 estrellas de la costa catalana recibe una subvención encubierta de 6 euros. Esta situación, combinada con la disponibilidad casi ilimitada de mano de obra barata, estimula a empresas y sectores que sólo son económicamente viables si pagan unos salarios bajos. Los autores del informe consideran que es urgente dejar de crecer, como ha sucedido en los últimos veinticinco años, en sectores que únicamente son viables con bajos salarios que sólo pueden ser ocupados por personas inmigrantes.

Los autores alertan de que la continuidad de este modelo no sólo plantea retos técnicos -como el acceso a la vivienda, la disponibilidad de recursos naturales o la sostenibilidad de los servicios públicos- sino que genera un empobrecimiento general y puede derivar en una fractura social creciente. El estudio concluye que Cataluña se encuentra ante un cruce: o bien se adoptan reformas estructurales para corregir las dinámicas actuales, o bien se asume el riesgo de un progresivo deterioro del modelo económico.

Medidas y recomendaciones a adoptar

Entre las principales recomendaciones, el informe propone:

-Aumentar la transparencia mediante la publicación de la balanza fiscal y el valor añadido aportado por cada sector productivo.
-Eliminar ventajas fiscales que favorecen actividades de baja productividad.
-Incrementar el salario mínimo para frenar la expansión de puestos de trabajo poco cualificados.
-Implementar políticas de inmigración selectiva basadas en la calificación y la demanda.
-Reducir la capacidad turística.
-Reformar las políticas de empleo para equipararlas a los más avanzados estándares europeos.
-Revisar el sistema fiscal para evitar recurrir constantemente a la penalización de las rentas del trabajo y ahorro.
-Hacer obligatorio el conocimiento del catalán como requerimiento para ocupar puestos de trabajo de atención al público y servicios de cuidado personal.

Origen y objetivos del Informe Fénix

El Informe Fénix tiene su origen en la inquietud de algunos economistas y empresarios del país, que llevan tiempo detectando y denunciando las anomalías del modelo económico catalán. Es un análisis independiente que sólo vincula a las personas que lo han elaborado y firmado.

En los próximos días y semanas, el informe será presentado a las instituciones públicas de Cataluña, así como a los agentes económicos y sociales, con el objetivo de generar un debate de país que permita corregir los déficits del modelo y orientarlo hacia un modelo sostenible que garantice el progreso y bienestar de la sociedad catalana.

Barcelona, 15 de mayo de 2026

INFORME FÉNIX.

El fin de un mito: Cataluña se desangra
Vicent Partal
VILAWEB

Cuando un grupo de economistas reputados que no se deben a nadie se sientan a rendir cuentas y concluyen, alarmados, que el país se desangra, la obligación mínima de quien tiene responsabilidades públicas es, primero, escuchar; segundo, leer a fondo; tercero, debatir; y cuarto tomar decisiones. Y si no es así, no se hace política: se hace comedia

He leído el informe Fénix (1). Como ya todo el mundo sabrá, es un estudio realizado por un grupo de economistas importantes que explica que el país –en realidad, habla solo del Principado, aunque en algún momento pone a las Islas y al País Valenciano en la misma dinámica negativa– se desangra. Eso mismo: se desangra. La palabra es de Xavier Roig, no mía, pero, leído el informe, la suscribiría sin pensármelo.

Sin florituras, el documento dice que Cataluña crece, pero crece de una manera que la hace pobre y que la lleva, por tanto, hacia una crisis social sin precedentes que podría destruir todo lo que somos y hemos sido hasta ahora.

La contradicción –Cataluña crece, pero se hace pobre– es tan sólo aparente y el informe la explica con cifras de sobra. Un 44% de los puestos de trabajo creados en estos últimos años son de sectores como el turismo de sol y playa, las industrias cárnicas y algunos servicios, en los que los sueldos son tan bajos que el trabajador, hechas las cuentas, cuesta más al erario público de lo que aporta. “Sectores altamente subvencionados”, dicen los autores. Subvencionados –esto es una obviedad– para quienes trabajan en los demás sectores.

Y, mientras tanto, la productividad catalana, que en el 2000 era de un 92% de la media europea, ha caído a un más que preocupante 87%. Y hemos perdido nada menos que doce puntos de PIB per cápita respecto a Europa desde 2010. Estábamos seis puntos por encima de la media y ahora estamoas seis puntos por debajo. Contra lo que alguna gente dice, el informe a mí no me parece nada catastrofista –resalta mucho también aquellos sectores que funcionan bien. Pero es evidente que leerlo hace temblar y éste es, probablemente, uno de los elementos más positivos de que se haya publicado.

La economía no es mi fuerte y, por tanto, pido disculpas si entro en un terreno que no controlo, pero he oído decir toda la vida –y lo he oído decir a gente solvente– que los países para avanzar colectivamente necesitan trabajos bien pagados, capital, infraestructuras, un sistema educativo excelente, mucha innovación y una idea, aunque sea modesta. Y aquí, al parecer, lo hemos hecho todo a la inversa.

Existe, por eso, una cuestión de fondo que ahora ya no puede rehuirse. El gobierno, las diputaciones, los ayuntamientos, la Generalitat –es decir, lo público– tienen herramientas, todavía, para volver la maquinaria y frenar la caída. Herramientas fiscales, herramientas normativas, herramientas urbanísticas… El grupo de economistas que han hecho el trabajo de llamarnos a todos la atención enumeran unas cuantas con una calma casi notarial: subir el salario mínimo por encima de la inflación, normalizar el IVA de la hostelería, eliminar las licencias de pisos turísticos fuera del mundo rural, exigir inmigración de acuerdo a las necesidades reales del modelo que queremos. Son cosas muy razonables y que en cualquier país serio de Europa son práctica corriente.

Por eso la pregunta es inevitable: ¿qué dice el presidente Illa? ¿Qué dicen los partidos catalanes? ¿Qué dicen las diputaciones? ¿Qué dicen los ayuntamientos? ¿Qué hará el parlament con este papel?

Me parece que poco, francamente. Vivimos un tiempo en el que la posición parece ser el silencio. El silencio, prolongado, es una manera de gobernar como otra, y el presidente Illa tiene por principio dejar que las cosas vayan tirando y confiar en que el reloj llegue a la siguiente legislatura sin hacer mucho ruido. Sobre todo, viendo que la oposición no es sólida ni contundente, por las razones que sea. De momento mañana parece que Esquerra Republicana, de forma incomprensible, le aprobará el presupuesto y así el president saldrá reforzado. Los políticos tienen esa manera de hacer –eso ya lo entiendo–, pero alguien debería decirles que, demasiadas veces, confunden la temeridad con la prudencia. Y ahora es una de esas veces.

Podemos discutir matices, sobre el informe, por supuesto. Algunos pedirán cómo no se centran en el robo fiscal de Madrid y el fracaso del estado llamado de las autonomías. Otros los calificarán de derechas porque exigen, por ejemplo, una revisión del sistema fiscal que evite el recurso constante a la penalización de las rentas del trabajo y el ahorro. Pero, en mi opinión, la cuestión ahora mismo es mucho más simple, y muy urgente.

La cuestión es que cuando un grupo de economistas reputados que no se deben a nadie –ni al govern, ni a la oposición, ni a ningún ‘lobby’ conocido– se sientan en hacer cuentas, gastan horas y más horas de trabajo voluntario y concluyen, alarmados, que el país se desangra, la obligación mínima de quien tiene responsabilidades públicas es, primero, escuchar; segundo, leer a fondo; tercero, debatir; y cuarto, tomar decisiones. Y si no es así, no se hace política: se hace comedia.

Por tanto, como sociedad debemos agradecer su trabajo y exigir respeto por la dedicación que han empleado. Y al mismo tiempo debemos entender que un grito de alarma como éste nunca es agradable de hacer y por eso mismo debe valorarse de una manera muy especial.

Lo que nos dice el informe Fénix es que Cataluña ha vivido demasiados años del mito. De lo que era y ya no es. De lo que estaba en la economía, en la cultura, en la política y socialmente. Los firmantes del estudio nos avisan ya a partir de la primera línea del texto de que no se puede dejar pasar más tiempo: “El modelo económico actual de Cataluña es insostenible y aboca al país al retroceso económico y a la ruptura de la cohesión social a medio plazo”. El aviso, por tanto, es extremadamente serio y todos tenemos la gran responsabilidad de asumirlo. Como sociedad, no podemos desentendernos.


La agenda independentista y el Informe Fénix
Agustí Colomines
MES ESQUERRES
https://mesesquerres.cat/lagenda-independentista-i-linforme-fenix/

Hay una fecha que no conviene olvidar. En 2010, cuando el Tribunal Constitucional amputó el Estatut que los catalanes habíamos votado, el movimiento independentista no nació del resentimiento identitario —nació de una pregunta económica muy concreta: ¿por qué Cataluña, una de las economías más productivas de Europa, no es capaz de financiar sus hospitales?

Esa pregunta sigue sin respuesta. Y el Informe Fénix (1), presentado públicamente la semana pasada, demuestra que la situación desde entonces no ha mejorado -ha empeorado.

Conviene, por tanto, recuperar el hilo. No por nostalgia, sino porque la diagnosis de origen era correcta, y los datos la corroboran con una precisión que debería sacudir a cualquier gobierno.

El Informe Fènix —coordinado por Xavier Roig y elaborado por los economistas Xavier Cuadras Morató, Miquel Puig y Modesto Guinjoan con el asesoramiento de Jaume Ventura, Guillem López Casasnovas y Jordi Galí— hace una constatación que rompe décadas de narrativa oficial: Cataluña crece, pero los catalanes no prosperan.

Desde 2000, el PIB per cápita catalán ha crecido muy lentamente en términos relativos. La productividad laboral, que en 2000 era ya un 8% inferior a la media europea, ahora es un 13% inferior. Es decir: hemos perdido cinco puntos de productividad en veinticinco años, mientras la población crecía de forma acelerada. La combinación es letal para bienestar real.

El informe identifica el mecanismo: una parte muy significativa de los puestos de trabajo creados en las últimas décadas se ha concentrado en sectores de baja productividad y bajos salarios —hostelería de sol y playa, industria cárnica, servicios auxiliares, repartidores. Sectores que, a su vez, el documento llama “altamente subvencionados” porque los trabajadores que trabajan en ellos, con los salarios actuales, no generan suficiente recaudación fiscal ni contribuciones sociales para cubrir los servicios públicos que utilizan como cualquier ciudadano.

La economía catalana genera cada vez menos base fiscal por habitante por culpa de un modelo productivo que nadie ha querido corregir. Y aquí aparece la primera conexión con la agenda independentista que con demasiada frecuencia se olvida: el problema de la financiación no es exclusivamente un problema de solidaridad interterritorial. Es también un problema de modelo productivo. Y un gobierno sin herramientas fiscales y económicas propias es, por definición, un gobierno que no puede corregirlo. Es un gobierno atrapado en la dependencia.

El Informe Fénix es honesto en algo: “buena parte de las acciones sugeridas están en manos de los poderes catalanes”. Pero cuando se analizan las medidas con detenimiento aparece enseguida el techo estructural del autogobierno actual. El autogobierno económico actual no sirve para romper ese techo, que se ha convertido en una cárcel.

Ejemplificamos en tres aspectos:

1. La fiscalidad del patrimonio y la vivienda. El informe propone elevar el impuesto de Patrimonio para los grandes activos, establecer un recargo en el IBI sobre las segundas residencias y las viviendas no destinadas a primera residencia, y revisar la tributación del capital. Pero el Impuesto sobre las Grandes Fortunas es competencia estatal, y la Generalitat no puede coordinar unilateralmente una reforma coherente sin que Madrid actúe simultáneamente. El resultado es una fiscalidad fragmentada que favorece el ‘dumping’ fiscal entre territorios e impide cualquier estrategia de conjunto.

2. El control de la inmigración económica. El informe constata que Cataluña ha recibido una ola migratoria de gran magnitud, asociada en buena parte a los sectores de baja productividad que deberían precisamente reconvertirse. Propone gestionar la inmigración para favorecer perfiles cualificados. Pero las competencias en inmigración y permisos de residencia y trabajo pertenecen al Estado. La Generalitat puede incidir marginalmente; no puede diseñar una política migratoria propia. Ningún gobierno catalán ha podido hacerlo nunca.

3. La política de infraestructuras e inversión. El informe calcula cuál habría sido la trayectoria catalana “si una parte de los recursos dedicados a actividades poco productivas se hubieran concentrado en aquellas actividades en las que Cataluña ha obtenido mayores mejoras de productividad”. Pero la inversión en I+D, en infraestructuras de transporte de mercancías, en conectividad ferroviaria, en puertos y aeropuertos -las piezas que hacen posible el salto productivo- depende en una proporción decisiva de los presupuestos generales del Estado, sujetos a una negociación política permanente en la que Cataluña nunca ha tenido peso proporcional.

La deuda de infraestructuras no es un retraso técnico. Es una decisión política sostenida durante décadas.

Nada de eso implica esperar la independencia para actuar. Implica actuar hoy con los recursos del autogobierno disponibles, al tiempo que exigir las competencias que faltan como condición innegociable de cualquier negociación política. Hay que combinar ambas cosas a la vez.

En base al Informe Fénix, y desde una perspectiva de autonomía económica creciente, una agenda mínima debería incluir:

Transparencia fiscal real.

Calcular y publicar anualmente el balance fiscal por sectores productivos: qué actividades aportan recursos al sistema y cuáles consumen por encima de su aportación. Es una medida que la Generalitat puede impulsar unilateralmente y cambiaría radicalmente el debate público sobre el modelo económico.

Reforma de la fiscalidad patrimonial.

Aumentar el recargo del IBI sobre las segundas residencias y las viviendas de grandes tenedores -competencia municipal y autonómica. Paralelamente, exigir al Estado la reforma del Impuesto sobre las Grandes Fortunas con un mínimo exento elevado y tipos progresivos sobre el patrimonio neto, en sustitución de la presión actual sobre la renta del trabajo y sobre el impuesto de sucesiones, que castiga las transmisiones familiares ordinarias y asusta talento en lugar de gravar la riqueza.

Reconversión productiva del turismo.

No como guerra cultural contra los camareros —lo que haría falta es precisamente que los camareros cobraran salarios dignos—, sino como política de planificación: paulatina eliminación de las licencias de viviendas de uso turístico, aumento del impuesto de estancias, y reinversión de los recursos en oferta de vivienda permanente y en formación profesional especializada.

Inversión en innovación.

Multiplicar el presupuesto de la Generalitat dedicado a I+D hasta la media de los diez países europeos que le dedican más recursos como porcentaje del PIB. No con retórica -con partidas presupuestarias concretas e ingresos afectados.

Captación de talento.

Crear condiciones fiscales y administrativas que hagan competitiva la instalación en Cataluña de profesionales y directivos de alta cualificación, para revertir la hemorragia que el modelo actual provoca. La paradoja es la combinación diabólica de talento catalán que se marcha y talento extranjero que llega.

El Informe Fénix es riguroso en el análisis y valiente en las propuestas. Pero tiene un punto ciego notable: el elefante que el informe no menciona. En ningún momento analiza el impacto de la infrafinanciación estructural sobre la capacidad de Cataluña para ejecutar justamente las políticas que recomienda.

Un gobierno que gestiona el 20% de lo que recauda -y que ve como una parte sustancial de lo que ingresa se transfiere netamente hacia Madrid sin retorno equivalente- es un gobierno que no puede invertir en I+D hasta la media europea, no puede construir la vivienda que necesita, no puede financiar la formación profesional que propone, no puede hacer política industrial ambiciosa.

La balanza fiscal de Cataluña con el Estado ha sido sistemáticamente negativa. Cifras del propio Gobierno español —raramente publicadas con la claridad que merecerían— sitúan el déficit fiscal catalán en torno al 8-9% del PIB en los años anterior a la crisis del 2008. Incluso con estimaciones más conservadoras, es un volumen de recursos que, reinvertido en Cataluña, habría permitido financiar exactamente el modelo de transición productiva.

No se trata de una queja. Se trata de una causalidad estructural que cualquier reforma económica catalana debe encarar.

A todo lo que dice el informe conviene añadir un dato que revela la ‘Encuesta europea de TIC de Eurostat’ publicada en 2025: el 42,3% de los usuarios de internet de la UE han estado expuestos a mensajes hostiles online. El espacio digital no es neutral: los algoritmos de las grandes plataformas tienden a amplificar contenidos de hostilidad y reaccionarios y penalizar movimientos alternativos de todo tipo. El independentismo catalán no es ajeno a ello. Es un dato preocupante para el conjunto de los demócratas. Pero lo que resulta significativo para el contexto catalán es un detalle de metodología: España no ha facilitado datos a Eurostat para este indicador ni en 2023 ni 2025 .

El espacio digital es hoy, en gran parte, donde se construye o destruye la credibilidad de las propuestas políticas. Una Cataluña que quiere ser tomada en serio en Europa —que quiere atraer talento, inversión y reconocimiento institucional— no puede permitirse vivir exclusivamente en la agenda española del día a día. Necesita construir su propio relato económico y político en los espacios europeos en los que se debatan el futuro de la productividad, la reforma fiscal y el modelo de bienestar.

La peor lectura que podría hacerse del Informe Fénix es la que ya hace una parte de los comentaristas del nuevo ‘establishment’ de la coalición gobernante: “el problema es económico, no político; olvidemos la independencia y centrémonos en la reforma productiva”. La lectura que debe hacerse es justamente la contraria: la reforma productiva que Cataluña necesita es la que no puede hacer con las herramientas actuales. Y las herramientas que faltan —control fiscal, política de inmigración económica, inversión pública en infraestructuras estratégicas, capacidad de negociar directamente con la UE— corresponden exactamente a lo que significaría tener un Estado propio, o al menos un autogobierno económico (esto significa concierto) real.

La agenda independentista no nació de una emoción. Nació de un cálculo: que Cataluña iba a prosperar más con sus propias herramientas. Con un Estado propio. El Informe Fénix, veinticinco años después, demuestra que el cálculo era correcto —y que la factura de no haberlo ejecutado es mucho más alta de lo que nadie había querido admitir.

Recuperar aquella agenda no es volver al pasado. Es, precisamente, la condición de tener futuro. La represión —y las vacilaciones— logró interrumpir el camino. No reanudarlo y caer en poder de la extrema derecha por el ambiente que genera el espacio digital, eso sí que nos abocaría a la muerte.



Informe Fénix
Xavier Diez
EL MÓN

“La independencia implica necesariamente economía, demografía y servicios públicos. Pero, sobre todo, una idea de país que vaya más allá de la retórica vacía en la que nos hemos ido resignando a vivir”

A menudo, las iniciativas que marcan un antes y un después no triunfan tanto por una excelencia intrínseca como por el don de la oportunidad, por la capacidad de poner letra a una música que la gente silba por las calles. Esto es, precisamente, lo que ha ocurrido con el ‘Informe Fénix’ (1), un análisis exhaustivo elaborado por profesionales de la economía y la sociología sobre la evolución, a lo largo del último cuarto de siglo, del modelo de crecimiento aplicado —más bien perpetrado— en Cataluña. El veredicto es duro: Cataluña no crece: engorda. El país ha ganado volumen en términos de PIB, sí, pero se trata de un volumen que no es músculo ni estructura, sino grasa: actividades de escaso valor añadido, baja productividad y un sistema económico que absorbe / consume una cantidad ingente de población —en uno de los crecimientos demográficos más intensos del continente europeo— en sectores prescindibles y con salarios que, en salarios que, en la práctica, equivalen a una subvención encubierta –todo salario por debajo de los 29.500 euros brutos anuales, así lo son, merced a los cálculos de los autores–. Una subvención sufragada por unas clases medias profundamente asediadas por una presión fiscal esterilizadora y por unos servicios públicos abocados al límite del colapso. También las conclusiones son demoledoras: si no corregimos el rumbo, nos encaminamos hacia una etapa de decadencia económica y nacional.

No se trata de una revelación inaccesible a cualquier observador mínimamente sensible. Basta con mirar a su alrededor. La llegada repentina de grandes contingentes de inmigración —a menudo, a su vez, sometidos a una movilidad constante y carentes de verdaderas oportunidades de arraigo— se destina a actividades que poco aportan –o nada– al bien común. Un turismo desbocado, capaz incluso de expulsar a los autóctonos de espacios habitados durante generaciones; una industria cárnica esencialmente exportadora, con un elevado coste ecológico y unas condiciones laborales que nos acercan al siglo XIX; unos repartidores perfectamente prescindibles, dado que la inmensa mayoría de ciudadanos pueden desplazarse a tiendas y comercios, o reemplazando a una empresa estatal de correos perfectamente capaz de satisfacer las necesidades colectivas; una retahíla de industrias obsoletas que sólo obtienen rendimiento a base de explotación laboral. Y todavía podríamos continuar. A todo esto se le añade la llegada de personas con salarios irrisorios que necesitan subsidios para subsistir —subsidios que salen de los impuestos de unas clases medias ya suficientemente diezmadas desde la crisis de 2008-2012— y que llegan con familias que compiten con la población autóctona por unos servicios públicos estancados, cuando no debilitados, respecto a hace tres décadas: transporte, sanidad, educación, administración. Todo ello ayuda a explicar ese profundo malestar que a menudo adopta la forma de un populismo tácito –crecientemente explícito–, y que tarde o temprano acabará tomando la forma de un terremoto electoral.

Ciertamente, lo que ocurre en Cataluña se parece bastante a lo que se ve en otros lugares de Europa. La diferencia es de grado, pero también de centralidad: aquí, este modelo ha sido la principal opción económica, en un país donde la soberanía, especialmente la económica, ha ido a menos. El informe establece comparaciones con otras comunidades autónomas y con regiones europeas que, como la catalana, habían destacado por un dinamismo económico sostenido, al menos durante el último siglo y medio. El problema es que la desindustrialización, inaugurada por la opción neoliberal de hace medio siglo y consolidada por una entrada en la Unión Europea que reservaba al sur del continente una especialización no escrita en sol, playa y servicios de baja cualificación, ha acabado conduciéndonos a un declive que ya hoy es difícil de rectificar. Y que, si no se pone remedio, puede resultar irreversible.

Sin embargo, el informe no se limita a diagnosticar la enfermedad: también apunta a un conjunto de medidas para corregir esta dinámica regresiva. Redactado por expertos de un amplio espectro ideológico, acaba proponiendo, en el fondo, medidas que podríamos situar en el terreno tradicional de la izquierda: subir el salario mínimo, aliviar la carga fiscal de las clases medias, reducir el peso del turismo, desincentivar las actividades económicas lesivas para el interés general del país o convertir el catalán en un requisito obligatorio. No lo formula exactamente en estos términos; pero se vislumbra, a la luz de lo que a menudo se dice sobre el éxito de la economía china, la necesidad de una cierta planificación económica. Es decir: que las grandes decisiones políticas, sociales y económicas no queden abandonadas a la inercia del dinero fácil y la lógica castellana de “pan para hoy, hambre para mañana”, sino sometidas a un cierto control democrático. Y, en este marco, también se hace evidente que Madrid no es una solución, sino un obstáculo, y que la soberanía es, al mismo tiempo, un imperativo moral y existencial.

Como era previsible, la repercusión que los principales medios han dedicado al informe, pese a la trascendencia de las conclusiones y el prestigio acreditado de los autores, ha sido poco menos que anecdótico. TV3, por ejemplo, le ha dedicado menos atención que a una ballena hallada muerta en las playas de Dinamarca. Y, sin embargo, este documento debería ocupar un puesto central en el debate público, no desde la lógica efímera de la noticia derivada de una presentación pública, sino desde la gravedad de la pregunta que plantea: ¿qué quiere ser Cataluña en los próximos cincuenta años? O, al menos, ¿qué no deberíamos seguir haciendo en la próxima década si no queremos hundirnos del todo en el pantano de la mediocridad y la decadencia? Quizás esta indiferencia se explique porque la asfixia de Catalunya forma parte, probablemente, de una estrategia deliberada: de Madrid, obsesionado en liquidar a un competidor nacional; de París, empeñado en sabotear las comunicaciones para impedir la influencia natural de Barcelona en el sur de Francia; o de Bruselas, decidida a preservar la ‘Mitteleuropa’ como espacio productivo mientras reserva en el Mediterráneo el papel de su Florida particular.

¿Y qué decir de la política catalana? El PSC practica un dócil anestesismo, subordinado al gran Madrid, ese agujero negro que ya ha vaciado la España interior y que aspira ahora, mediante una política económica absurda y tercermundista, a consumar la subordinación de Cataluña. Especialmente a través de una política migratoria que, con la importación masiva de migrantes latinoamericanos, contribuye a debilitar la presencia pública del catalán y acelerar la desnacionalización del país. ERC, por su parte, parece tener como única obsesión abrazarse al PSC-PSOE para preservar las miles de canonjías heredadas de la época de Pere Aragonès, y así garantizar la supervivencia de unos cuadros políticos que, como ya se vio en la gestión educativa, destacan sobre todo por su mediocridad, ineptitud y deshonestidad. El espacio de los comunes sigue igualmente apegado a la fantasía que es posible hacer políticas de izquierdas —es decir, en su lógica, repartir derechos sin asumir responsabilidades; tirar de la hucha común sin mucha idea de cómo llenarla— dentro de una estructura colonial sostenida por el feudalismo fiscal madrileño. Junts, mientras, todavía no sabe qué quiere ser cuando sea mayor. Y el resto, sencillamente, es anecdótico.

El Informe Fénix debería ser objeto de debate obligado en todo el espacio público y político. Porque sólo existe una manera adulta de afrontar el futuro: discutir las cuestiones tangibles y dejar de refugiarnos en ornamentos estéticos. La independencia, que sigue siendo la cuestión central de todo ello —el elefante en la habitación que todo el mundo se esfuerza en ocultar—, tampoco sirve de mucho si no va acompañada de una discusión seria sobre el tipo de país que queremos ser. Porque la independencia implica necesariamente economía, demografía y servicios públicos. Pero implica, sobre todo, una idea de país que vaya más allá de la retórica vacía en la que nos hemos ido resignando a vivir.