LA organización Ahaztuak 1937-1977 tenía previsto homenajear el 30 de marzo a Jokin Artajo y Alberto Asurmendi. Murieron en 1969, al estallar el artefacto explosivo que manipulaban. La delegada del Gobierno, Laura Alba, ha prohibido el homenaje, entre otras cosas, porque ambos pertenecían a la organización juvenil EGI, “cercana al PNV, entonces ilegal”.
Habrá que seguir de cerca los próximos pasos de Alba. Lo mismo solicita que juzguen a los miembros de Ahaztuak según los preceptos del Tribunal de Orden Público, legal e hiperactivo en 1969. O, retrocediendo un poco más en el tiempo, que les apliquen la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, prolijamente utilizada durante los años posteriores al glorioso alzamiento. En ambos casos, podrían condenarlos a pena de muerte, castigo legal en 1969.
Alba también podría prohibir la huelga del 29-M, acogiéndose a la reforma del Código Penal de 1944, que recogió los delitos de huelga, asociación ilegal, propaganda ilegal y reunión ilegal. Incluso podría forzar la disolución del gobierno de coalición entre UPN y PSN, aduciendo que el partido socialista en 1969 era ilegal. En realidad todos las organizaciones políticas lo eran, menos la Falange Española Tradicionalista de las JONS, que controlaba el único sindicato legal: el Sindicato Vertical.
Es lo que tienen las dictaduras. Porque es de eso de lo que estamos hablando, de una dictadura sangrienta que castigó hasta el último momento con pena de muerte a la disidencia política. Y de una delegada del Gobierno que concede plena licitud a la legalidad vigente durante esa dictadura, a la vez que niega homenajes a quienes lucharon contra ella. Eso en Alemania es delito.
http://www.noticiasdenavarra.com/2012/03/25/opinion/columnistas/la-entibadora/ilegal
