Hace unos días en casa decidimos darnos de baja de la plataforma Filmin. No fue un gesto impulsivo ni una reacción visceral, precisamente porque estábamos satisfechos y como consumidores apreciamos el uso del catalán. Vi una parte de ‘Ícaro: la semana en llamas’ (‘Ícaro: la semana en llamas’) después de que una amiga me reenvíes un tuit crítico con el documental mencionando la polémica que estaba generando. Su visionado me repelió tanto que no pude terminarlo. No porque sea un documental mediocre en el ámbito formal, con un estilo amateur y un guión malo, sino porque, como expuse en la red X, ofrece una visión tergiversada, parcial, victimista que lo hace nefasto como documento periodístico. Si fuera un trabajo de fin de grado o de máster, las autoras suspenderían: el filme no contextualiza los hechos, no da voz a los manifestantes, no explica el trasfondo político y jurídico de la sentencia del Tribunal Supremo en el llamado “juicio al proceso”; tampoco aborda el derecho de protesta, la criminalización de líderes políticos catalanes o los límites del uso de la fuerza policial para reprimir el derecho de manifestación. No estamos ante una obra incómoda o que nos hace reflexionar, sino una pieza propagandística que banaliza y legitima la represión policial.
La reacción de Filmin me ha ratificado, por desgracia, en mi decisión. En un tuit donde comparte el comunicado oficial de la plataforma, el cofundador y director editorial, el Sr. Jaume Ripoll, afirma comprender la sorpresa y la decepción de algunos consumidores ante el estreno de ‘Ícaro’, pero justifica su inclusión en el catálogo en nombre del pluralismo y del respeto a todos los puntos de vista. Es esta reflexión –más que el documental en sí, nefasto en todos los sentidos– la que exige una respuesta crítica.
Para empezar, una idea fundamental: pluralismo no es neutralidad. Esta confusión es producto de un pensamiento superficial sobre la libertad de expresión que tiene efectos perversos, especialmente en un momento de auge de la extrema derecha y movimientos que aspiran a derrocar a la democracia. Las plataformas de vídeo bajo demanda no son simples contenedores pasivos de contenidos. Deben tener un criterio editorial y, por tanto, tienen la responsabilidad de cuidar lo que programan. Decidir qué se programa y qué no en ningún caso es una decisión neutral, y en algunos casos puede tener impacto social y político, en el sentido democrático del término. Invocar el pluralismo para justificar la programación o amplificación de cualquier relato es inaceptable como argumento. No todas las miradas son equivalentes cuando existe violencia (especialmente, cuando esta violencia es del Estado), ni todos los relatos merecen la misma credibilidad y/o legitimidad cuando lo que hacen es normalizar el uso de la fuerza, la difamación o la violencia política contra miembros de una minoría nacional movilizada en defensa de sus derechos políticos, como es el caso. Presentar la represión policial contra las protestas como un “punto de vista” más, y emitir documentales que no dan voz a las víctimas o a quienes discrepan ni abordan el trasfondo o las causas de las protestas, no enriquece el debate democrático sino que lo degrada. De la misma forma que la propaganda nazi legitimaba la violencia política con argumentos insostenibles y hechos tergiversados. Las películas de Leni Riefenstahl, y en particular ‘Triumph of the Will’, fueron presentadas en su día como obras documentales, formalmente innovadoras y aparentemente descriptivas u objetivas. En realidad eran panfletos explícitos que, bajo una estética de orden y supuesta objetividad, contribuyeron decisivamente a legitimar el régimen nazi, a normalizar la violencia y a deshumanizar a colectivos enteros. Hoy pocos defenderían su difusión acrítica, o sin contextualizar, de ese filme en nombre del pluralismo o de la neutralidad. No porque sea necesario borrar la historia, sino porque sabemos que la cultura no es inocente: los relatos construyen realidad, producen jerarquías morales y pueden preparar el terreno para la vulneración sistemática de derechos. El mecanismo es reconocible: cuando la violencia del Estado se presenta como orden, y la represión como punto de vista, la neutralidad deja de ser una virtud y se convierte en una forma de complicidad.
Fundadores de plataformas como Jaume Ripoll deberían tener clara esta responsabilidad editorial y profundizar un poco en las diferencias entre oferta plural, pluralismo ideológico, y ‘todo vale’. Sobre todo porque también las empresas privadas tienen una responsabilidad ética y legal en la preservación de la verdad y de los derechos humanos. Esta decisión tiene límites claros cuando lo que se presenta contribuye al blanqueamiento de la violencia, la deshumanización o la vulneración de derechos humanos.
Volviendo al comunicado, resulta especialmente problemática la insinuación implícita de que el documental y la violencia que retrata representa a los “no independentistas”, que supuestamente estarían de acuerdo. Tengo muchos amigos y familiares que no son independentistas pero que nunca han apoyado ni la criminalización del referéndum ni la violencia policial para reprimir las manifestaciones de colectivos que defienden el derecho a la autodeterminación de Cataluña. De la misma forma que muchas entidades e instituciones internacionales consideraron inaceptable y contraria a los derechos humanos la violencia política y policial del Estado, tanto en el 1 octubre como en otras manifestaciones.
El desacuerdo político con el independentismo de los responsables de la plataforma no debería justificar la programación de un documental que legitima o banaliza la violencia policial contra los manifestantes que supuestamente la merecen por su adscripción nacional o política. Este debate remite a una cuestión clave: los límites de la libertad de expresión cuando los discursos afectan a colectivos históricamente vulnerables, minorizados o subordinados. Ciertamente, en la tradición humanista que inspira el derecho internacional de los derechos humanos y las constituciones liberales modernas, la libertad de expresión se protege de manera especial (y sus restricciones deben estar muy bien argumentadas por considerarse legítimas) precisamente porque es una precondición del pluralismo democrático. Pero la justificación de esta especial protección justamente se basa en la necesidad de proteger voces minoritarias, silenciadas y permitir la disidencia. No para facilitar el poder o la tiranía de las mayorías o reforzar su dominación simbólica.
Efectivamente, ya en el siglo XIX John Stuart Mill escribía que la libertad de expresión es un antídoto contra la tiranía social y la opinión dominante, no una licencia para causar daños. En el pensamiento contemporáneo, reconocidos juristas como el profesor de Yale Owen Fiss han subrayado que una concepción meramente negativa de ese derecho (sin deberes ni controles) puede acabar silenciando las minorías y consolidando estructuras injustas y de dominación. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y otros tribunales internacionales, afirmó que la libertad de expresión comporta deberes y responsabilidades, especialmente cuando entran en juego otros derechos como la dignidad humana y la igualdad entre grupos sociales.
Es en este contexto donde es necesario situar el debate sobre los límites de la libertad de expresión y del pluralismo, que no puede interpretarse como sinónimo de ‘todo vale’. El pluralismo democrático no ampara discursos que legitiman la violencia (física o moral), la discriminación (directa o indirecta) o la deshumanización de colectivos concretos (inmigrantes, minorías raciales o nacionales). No se trata de censura, sino de ponderar derechos protegidos: poner en la balanza la libertad de expresión con la dignidad humana, la igualdad y protección efectiva de colectivos vulnerables o históricamente subordinados en el ejercicio del poder y en la representación social. En este punto, la crítica feminista y racial al lenguaje machista o racista converge con la defensa de los derechos de las minorías y con la necesidad de combatir los delitos de odio, no para restringir la disidencia, sino para impedir que la libertad de expresión sea utilizada como coartada para reproducir relaciones de dominación y exclusión estructurales.
Es precisamente esta exigencia de poner límites al pluralismo –de entender que no equivale al relativismo absoluto, a un ‘todo vale’– la que, últimamente, es objeto de la acusación de “woke”, utilizada de manera recurrente por la derecha y, muy especialmente, por las extremas derechas. El término proviene de ‘awake’, de ‘estar despierto’, y nace en el discurso antirracista afroamericano en Estados Unidos previo al movimiento de defensa de los derechos civiles y contra el esclavismo y la segregación racial, donde expresiones como ‘stay woke’ significaban tomar conciencia del racismo estructural, de la violencia policial y de la desigualdad sistémica, también en la esfera judicial, por un sistema en el que los negros no estaban representados ni eran sujetos iguales. No se trataba de censurar ni limitar el debate, sino de no normalizar la injusticia bajo la apariencia de neutralidad. La idea de ‘awakening’ es la de un despertar moral frente a la injusticia y una crítica explícita a la falsa neutralidad de los moderados que preferían el orden a la justicia.
La transformación de ‘woke’ en insulto no es casual. Funciona como una estrategia de desacreditación de cualquier crítica basada en derechos humanos, feminismo o antirracismo, y sirve para evitar el debate de fondo sobre los efectos materiales de los discursos y el poder simbólico de la cultura. Llamar ‘woke’ a las denuncias de racismo o machismo, de anticatalanismo, u odio/acoso de miembros de naciones minoritarias o de inmigrantes no es un argumento: es una evasión. Defender criterios éticos en la programación cultural no es imponer pensamiento único, ni exigir un arte dócil. Es asumir que el pluralismo tiene límites cuando lo que está en juego son derechos humanos y la dignidad de colectivos vulnerables, infrarrepresentados o históricamente oprimidos. La democracia no se debilita estableciendo esos límites; se debilita cuando los abandona. Y, hoy, esta responsabilidad editorial en el sector cultural resulta especialmente relevante en un contexto de emergencia de las extremas derechas autoritarias y de disputa abierta para preservar la democracia.
EL MÓN
