La noticia, ayer, era que el Tribunal Constitucional había rechazado la recusación de su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, sobre quien pesaba una duda relativa a su imparcialidad en relación con el Estatuto de Autonomía de Catalunya, y del que próximamente decidirá el citado tribunal. La duda sobre su imparcialidad nace de varios artículos escritos años atrás, en los que criticaba con dureza determinados comportamientos de la sociedad catalana relacionados con la cuestión identitaria, en un sentido claramente coincidente con el discurso general del Partido Popular, y en su afiliación a dicho partido, una afiliación que fue intencionadamente ocultada al Senado cuando se produjo su nombramiento, y que hace totalmente previsible el sentido de su voto en relación con el mencionado Estatuto.
Cualquiera puede pensar que el rechazo de esta recusación estaba cantado. Estoy de acuerdo. Pero no siempre fue así.
En 2007, el mismo tribunal sí que aceptó la recusación, solicitada -¡qué casualidad!- por el Partido Popular, contra el entonces vocal Pablo Pérez Tremps. La solicitud de recusación estaba motivada, entonces, por la participación de Pérez Tremps en la configuración de un estudio universitario que avalaba la constitucionalidad del nuevo estatuto catalán. Con todo, la aprobación de la recusación se basó en la ‘existencia de la mera duda’ sobre la imparcialidad de Pérez Tremps. Debemos preguntarnos, ¿existe en el caso de Pérez de los Cobos la ‘mera duda’ sobre su imparcialidad? Decídanlo ustedes mismos, amigos lectores.
Lo que es evidente es que, en cuanto se pone encima de la mesa una cuestión de importancia radical, de calado político evidente, las instituciones españolas se ciscan de facto en cualquier acepción de justicia, igualdad o ética y se ponen a cuatro patas a las órdenes de los dos grandes partidos españoles, PSOE y PP, y si me apuran incluso a las exclusivas órdenes del partido de Rajoy. Una doble vara de medir que no sólo podemos ver en el caso del Estatuto catalán. Podemos ver el mismo comportamiento en la aplicación de la ‘justicia’ -perdón- en relación a los crímenes cometidos en Euskal Herria en las últimas décadas: doble vara de medir para los criminales, y doble vara de medir para las víctimas. O podemos extenderla al concepto de adoctrinamiento político en la escuela que maneja el ministro Wert -todo el PP- respecto a las instituciones catalanas o vascas, y respecto a las españolas.
Cada día que pasa es más fácil comprender a los catalanes que quieren separarse de España. Por si no tuvieran ya pocos motivos, la manifiesta perversión del ‘estado de derecho’ en España en favor de los intereses del más furibundo nacionalilsmo español y sus dos grandes representantes, PSOE y PP, hace el aire irrespirable para quienes no comparten con ellos el cada vez más enfermizo sentimiento identitario.
Ametzazurra
IzaroNews
