La celebración de un referéndum en Crimea para decidir si sigue formando parte de Ucrania o pasa a ser rusa ha generado todo tipo de comparaciones, más o menos interesadas, con el caso catalán y otras reivindicaciones soberanistas. Digámoslo desde el principio: no hay paralelismos. De todos modos, nos ofrece una excelente oportunidad para seguir presentando, definiendo y promoviendo el derecho a decidir, que tiene poco que ver con lo que está pasando ahora mismo en Crimea.
El derecho a decidir es un principio político -que protagoniza las reivindicaciones soberanistas en el caso de Cataluña- que plantea la necesidad de que todo tipo de disputas políticas sean resueltas democráticamente, como las que hacen referencia a la definición de fronteras. Se fundamenta en la existencia de comunidades democráticas ya existentes (demos) y reclama su potestad democrática para decidir constituirse en estados si su viabilidad como tales es posible. No es extraño, por tanto, que este tipo de voluntades aparezca sobre todo donde hay demos que se consideran a sí mismos naciones. Para embarcarse en el reto de configurar un nuevo Estado y pasar a formar parte de la esfera internacional como un actor más (con todas las interconexiones e interdependencias propias del siglo XXI pero a la vez con plena responsabilidad), es necesario disponer de una autoconciencia colectiva muy desarrollada, que sólo es capaz de generar una identidad nacional.
El derecho a decidir puede conectar fácilmente con una visión cosmopolita de la política, aunque no forme parte de su marco conceptual habitual. Es cosmopolita concebir los estados (incluso las naciones) en un segundo plano ante los individuos. Pero no porque no tengan importancia, como en el cosmopolitismo tradicional, sino porque su (gran) importancia es relativa a lo que los ciudadanos quieran considerar. No hay nada inmutable. La voluntad democrática no puede subyugar a una definición constitucionalizada que no la tenga en cuenta. Las fronteras están al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio de las fronteras. El independentismo basado en el derecho a decidir se plantea como una vía, entre otras, para contribuir a la resolución de conflictos políticos en un marco en el que las fronteras son mutables, si así lo deciden los ciudadanos, que asumen con ello todas las consecuencias. No hay visión más cosmopolita que la que descansa en una idea flexible de la comunidad internacional y que, por principio, está abierta a todas las posibilidades que no contravengan un marco democrático. El Tribunal Internacional de Justicia definió en su dictamen sobre la independencia de Kosovo lo que esto significa: decisión democrática, pacífica y como último recurso ante la imposibilidad de llegar a acuerdos con el gobierno del Estado.
¿Qué tiene que ver todo esto con Crimea? Poco o, más bien, nada. El referéndum de Crimea se realiza en una situación de violencia (presión bélica) más o menos encubierta, sin deliberación pública ni mínimas garantías democráticas. No ha habido ningún intento previo de proceso negociador con vistas a acomodar cualquier nueva aspiración del gobierno Crimea. En Crimea se está apelando al origen étnico de una parte de la población para legitimar una decisión, lo que rompe con el espíritu cívico del derecho a decidir, en que no se plantea ningún tipo de distinción entre los ciudadanos de un mismo demos, los cuales, juntos y en plano de igualdad, deben decidir su futuro político. Desde esta perspectiva, tampoco tiene sentido hablar de población original o autóctona. Ni es relevante si fue regalada o no por la URSS hace cincuenta años, si fue rusa antes de que ucraniana o, incluso, tártara. Todo esto no afectaría a la legitimidad de la voluntad de los crimeos si se dieran las condiciones necesarias. Pero este no es el caso. Ni posiblemente lo sea en el futuro debido a la injerencia de Rusia. Su intervención sitúa el problema en el ámbito del principio de integridad territorial, que, como el Tribunal de La Haya señala en el dictamen ya citado, sólo los estados pueden conculcar (Rusia, en este caso), pero no una comunidad que decide separarse.
La ilegitimidad del referéndum de Crimea no tiene nada que ver, pues, con la legalidad constitucional, como se ha apresurado a señalar interesadamente el gobierno español. Las razones de la comunidad internacional para estar en contra de este proceso no tienen nada que ver con el proceso catalán. Son tantas las diferencias, que confundir las dos cuestiones sólo puede ser un intento más de los que niegan el derecho a decidir de los catalanes. Como dijo el presidente Mas: «Entre Crimea y Cataluña hay la misma distancia que entre España y el Reino Unido».
ARA
