Llega un momento en la vida que si no tomas una decisión te hundes. Si te dejas llevar sólo por la inercia y el voluntarismo iluso, el resultado es que poco a poco vas perdiendo energía, la capacidad de reacción decae y, al final, la depresión se apodera de ti sin remedio. En definitiva, quedas atrapado en una especie de laberinto que no te deja pensar ni reaccionar ante las molestias. Quedas paralizado y basta. Cuando te pasa algo así a nivel personal, la única solución es abordar la verdad de frente, con ayuda médica o sin ella. El autoengaño resulta letal, te lleva a la derrota personal que normalmente se acompaña de falta de autoestima. Pues bien, aunque los países no son seres animados, porque los países son sus ciudadanos, la actitud de las personas y los grupos que actúan son determinantes. En el diseño del futuro de los países los actos de los políticos son tan importantes como la actitud de la sociedad civil y, de una manera más general, de la gente normal y corriente. Tomar decisiones no es algo fácil, desde luego, pero no puede delegarse permanentemente. Hay un diálogo permanente entre todos los actores para determinar qué nos pasa, en qué situación nos encontramos y qué y quién nos ha llevado al límite de nuestras posibilidades.
Cataluña se encuentra en un momento de estos. La crisis económica ha mostrado la debilidad política de la autonomía. Ha subrayado sus límites, hasta el punto que, atrapada entre la tacañería centralista y el comportamiento irresponsable de los dirigentes catalanes que actuaron como si este país pudiera levantarse con los escasos instrumentos autonómicos, la crisis del modelo de autogobierno es irreparable. O nos decidimos a salir adelante o nos hundiremos como los deprimidos y no saldremos adelante. Y es que, créanme, para la independencia todavía falta mucho camino. Desde mi punto de vista, pasamos la peor crisis política desde el restablecimiento de la democracia. Peor que la del 1982, cuando se tuvo que hacer frente a los efectos del intento del golpe de estado. Entonces la «traición» centralista topó contra una resistencia catalana suficientemente sólida, basada en el optimismo catalanista, que unió a todo tipo de gente para defender la autonomía, por limitada que fuera. Después de todo, hacía tan sólo tres años que se había aprobado el Estatuto y sólo hacía dos desde la constitución del primer gobierno Pujol. La fortaleza del proyecto autonomista no se había quebrado. El debate del Estatuto de 2006 empujó a creer que estábamos en condiciones de cambiar las cosas en España. Y no supimos valorar la fuerza del enemigo ni nuestra debilidad. Como ya dije entonces -y que conste que recibí pocas críticas por atreverme a hacerlo-, el intento de transformar España, concretamente la Constitución Española, mediante la reforma de un estatuto era un inmenso error. Nos colocó en el límite del acantilado y anduvo justo el que no consiguiéramos suicidarnos. Aquella bestial batalla entre catalanes, estimulada por las falsas promesas de quien era en ese momento líder del PSOE, no nos dejó pensar bien. Tuvimos que replegarnos y salvar los muebles con un poco de dignidad y mucha rencor entre nosotros. Desde aquella estéril campaña en la que sólo nos insultamos.
La deplorable financiación autonómica es la muela carcomida que ha infectado el ideal de autogobierno. Lo peor es que todo el mundo que ha pactado una mejora -real o imaginaria- la ha vendido como el mejor acuerdo de la historia, corrompiendo el sentido del término. Por desgracia. Es el autoengaño del enfermo que se contenta porque el cuidado paliativo tiene un efecto inicial beneficioso. Ninguno de los líderes políticos que han arrancado de Madrid unas cuantas partidas para tapar agujeros se puede haber creído de verdad que estaba haciendo historia. En todo caso, han hecho de la necesidad virtud, porque la misión de los gobernantes no es, ciertamente, deprimir aún más a los administrados. Hemos ido tirando durante años, sin demasiadas tensiones, pero sin atrevernos a propiciar un sismo. El terremoto ha sido la crisis económica mundial, pero específicamente la española, que ha creado una tensión que no habíamos conocido nunca. Cuando el presidente Mas anunció que era necesario ajustar el déficit de la Generalitat porque de otro modo nos derrocarían, los reproches fueron internos, especialmente de los partidos y los sindicatos que habían celebrado la constitución de los dos tripartitos, derrochadores de clase. La realidad es que el avance de la crisis, los incumplimientos en las transferencias financieras y el déficit estructural han abierto las puertas del infierno. No se trata de ser apocalípticos, pero al menos seamos realistas en este sentido. Estamos ahogados económicamente, no tenemos crédito internacional y, encima, las famosas agencias de rating nos califican de economía basura. Qué panorama, ¿verdad?
La estrategia del PP de imputar a las autonomías la pésima situación de la economía española es, no hay que decirlo, una gran trampa. Y todo el mundo puede ver que los conservadores aprovechan la ocasión para recuperar competencias, interferir en el autogobierno y, lo que es peor, para imponer un modelo social intolerable. Y los dos de los casos más emblemáticos son las medidas aplicadas a la enseñanza y el fomento de la investigación y la drástica reducción de las ayudas para la inserción laboral de las personas discapacitadas. Lo que no avanza se hunde. Y estamos aquí, en una encrucijada que nos obliga a decidir si seguir adelante o bien resignarnos. La resignación es admitir que iremos atrás. Ahora más vale no volver a cometer el error de 2006.
