El 15 de febrero de 1939, Ferran Valls i Taberner, transmutado en Fernando, publicó en La Vanguardia un artículo que ha pasado a los anales de la historia de las renuncias del catalanismo. Se titulaba «La falsa ruta». Mientras miles de demócratas marchaban al exilio, se consumían en las cárceles o morían fusilados, Valls i Taberner renegaba de todo lo que el catalanismo democrático había hecho desde finales del siglo XIX hasta la Segunda República. De hecho, acusaba al nacionalismo catalán, en el que había militado, de ser una de las principales causas de la Guerra Civil y saludaba con entusiasmo la nueva España franquista.
Esta semana, setenta y seis años después, el mismo diario publicaba el editorial «La rectificación», destacado en portada. Resulta inevitable el paralelismo con aquel triste punto y aparte de Valls i Taberner. En el texto, el diario califica ocho veces de «error» la declaración del 9-N y llama a poner freno al proceso. En realidad, sin embargo, lo que pide es borrar la historia de los últimos años, en que el catalanismo se ha ido cargando de razones a base de recibir portazos. Aunque mencionar la «infausta» sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, paradójicamente carga las tintas no contra los que han dado los portazos, sino contra los que han actuado en consecuencia, avalados, no hay que perderlo de vista, por las urnas. Es decir, pedía una rectificación a la víctima.
También esta semana el británico Financial Times escribía un editorial que, mira por dónde, era más ecuánime. Se situaba en un punto intermedio: sí, también pedía un paso atrás al soberanismo, pero a la vez exigía un gesto federalista de verdad al Estado. Viniendo de un medio extranjero y de uno de los grandes portavoces del statu quo de los negocios y la política mundiales, ya es bastante.
En cualquier caso, lo que sí se puede exigir a todo el mundo es respeto por la voluntad popular. Seguir el mandato de las urnas no puede ser calificado de error. Puede gustar más o menos lo que la gente decida, pero hay que respetar la mayoría. Esta es la regla de oro de la democracia. Porque es sobre todo de eso, de democracia, de qué va la cosa.
Estos días asistimos a una doble ofensiva del Estado contra el proceso soberanista. Por un lado, Rajoy y compañía combaten los votos de los catalanes, expresados con meridiana claridad el 27-S, con los tribunales, haciendo cada vez más dudosa la separación de poderes y evitando el diálogo político para frenar lo que tarde o temprano un día será inevitable: la celebración de un referéndum. Y, por otro, se quiere hacer pasar al soberanismo catalán por antidemocrático. En el primer caso, se trata de una obcecación histórica fruto de no aceptar la realidad plurinacional peninsular. Ya ha sido suficientemente analizado. En el segundo caso, estamos ante una tergiversación interesada. Vale la pena detenerse en ello.
El catalanismo ha sido, es y será democrático. Hasta el tuétano. De hecho, ha sido históricamente un gran motor de democratización de España. Y si hubiera habido un poco más de inteligencia y cintura política en Madrid, ya hace años que se habrían aprovechado las demandas catalanas (empezando por la reforma del Estatuto de 2006) para dar un salto en la profundización democrática del Estado en sentido confederal. Pero no. Se ha querido seguir viendo a Cataluña como un problema en lugar de como parte de la solución. Se ha seguido con la altiva conllevancia orteguiana. El problema, claro, se ha ido haciendo mayor, los últimos años a marchas forzadas. Hasta que Cataluña ha decidido que el problema era España. Y ahora ya no hay marcha atrás ni rectificación que valga. Ahora ya sólo puede haber democracia. Esta es la rectificación que algunos deberían hacer en lugar de enrocarse en la falsa ruta de la España intransigente e inmovilista.
ARA
