Acababa el papel anterior recordando la supremacía y dominio del castellano en el país de los valencianos: una situación que no cambiará mientras la lengua propia, histórica y de la mayor parte del territorio, no recupere también en los principios y en la práctica la condición y las funciones de lengua nacional. No incierta y parcialmente regional, vagamente sub-oficial, inferiorizada, subordinada, innecesaria, sino ‘nacional’, es decir, con un valor central y de primer orden para toda la sociedad. No es fácil, sin embargo, que el bloque castellanoparlante renuncie a algunas de las ventajas y comodidades de la supremacía, y por lo tanto es poco probable que la coexistencia «armónica» de las dos lenguas deje de significar en la práctica la armonía que existe entre el dominante y el dominado cuando éste acepta sumisamente su lugar. La situación misma de bilingüismo, lejos de ser la concreción de un «ideal enriquecedor», es, en la realidad de los hechos, injusta y desigual: únicamente son y necesitan ser bilingües por fuerza los miembros de la comunidad valencianoparlante, los otros ni lo necesitan ni lo son. Y de hecho, el castellano es la única lengua que «unifica» gráficamente todo el territorio, la única que se puede ver abundante, y casi exclusivamente, escrita en carteles y rótulos, en los productos de consumo, en los quioscos, escaparates, restaurantes y publicidad comercial o institucional. Y la única que «puede» -que tiene el poder de- ser hablada y escrita siempre y en cualquier lugar y situación, la única que tiene el derecho de ocupar todos los espacios físicos, sociales y culturales. En la otra lengua, en la propia -y por tanto a la de cada uno de los ciudadanos que la hablan- le son negados regularmente estos mismos derechos. La paradoja, por tanto, es que la lengua que es ampliamente proclamada como propia, histórica, tradicional y mayoritaria, signo y señal de distinción colectiva, es también ampliamente tratada como inferior en valor y en derechos, marginal y subordinable, poco útil, prescindible. El idioma propio -histórico, fundacional, territorialmente, es en efecto un elemento de unión para toda la sociedad valenciana como elemento distintivo y de referencia, emblema, e incluso materia común de conflicto o de discusión. Pero una parte de esta misma sociedad (la mitad, ¿tal vez más de la mitad?) usa, habla, escribe e impone el castellano como única lengua de hecho -y en la práctica también de derecho-, como única lengua útil y necesaria.
La coherencia de esta situación es manifiestamente escasa, y por tanto difícilmente sostenible, de manera indefinida, en los términos en que de hecho está planteada. Por tanto, la sociedad valenciana, el conjunto de la sociedad (que significa la sociedad organizada: partidos políticos, instituciones públicas, entidades cívicas, municipios, asociaciones profesionales, sindicatos…), deberá decidir si se debe mantener la posición dominante, expansiva y monolingüe de la parte castellanoparlante, o si esta parte también tiene que llegar a ser (al menos pasivamente) bilingüe, y también debe asumir de hecho el valenciano como idioma nacional y propio. En el primer caso, el «modelo final» es la restricción progresiva del espacio social -y territorial- del valenciano, la reducción al estado de minoría dentro del propio territorio, luego a reserva -«reserva india»- emblemática y cultural, y finalmente la muerte por inanición. No es probable, sin embargo, que los «indios» se dejan reducir, cerrar y aniquilar sin resistencia, y la «guerra», una guerra con armas desiguales, puede ser aún muy larga. El otro modelo implica la posibilidad de una sociedad con dos lenguas efectivamente -no sólo «teóricamente»- iguales en el conjunto del país y hegemónicas en los respectivos territorios históricos, y con la preeminencia del valenciano, como lengua propia y distintiva, en los usos y niveles institucionales. Un tercer modelo, que pretendería la restauración formal y real del monolingüismo originario, es una hipótesis puramente ilusoria: un modelo justificado (?) sólo por un tipo de radicalismo histórico o de «restablecimiento de la justicia», pero imposible de articular como programa, imposible de aplicar y provocador seguro de reacciones y enfrentamientos donde siempre la parte más fuerte -no hay que decir cuál- resultará ganadora. En cualquier caso, y sobre todo a partir de ahora, son los políticos, los nuevos gobernantes, quienes tienen, también en esta materia crucial, el poder de la palabra y de la idea. Una idea de dignidad, una idea de futuro y de país.
EL TEMPS
