No quisiera ser mal interpretado: considero cualquier corrupción una mancha injustificable para la sociedad que la consiente. Y no sólo por los dineros que fluyen. A mí la suciedad moral me parece mucho más grave, socialmente, que la del dinero. La corrupción a veces es difícil de detectar pero una sociedad que lo acepta es una sociedad podrida, mucho más allá de la economía.
Es desde este enfoque básico como quiero comentar la interesante reflexión que el periodista Ernesto Ekaizer hizo ayer en el Parlamento de Cataluña. Ekaizer dijo allí que era absurdo que España intentara cortar el proceso independentista con las acusaciones de corrupción. Porque una cosa y la otra no tenían nada que ver y sobre todo porque la voluntad popular no puede ser cuestionada por la actuación de un individuo, de dos, de cuatro o de diez.
Hay que agradecer una manifestación tan clara y contundente y hay que asumir qué implica, que no es poco. En primer lugar, que España ‘hace uso’ de la corrupción como herramienta política. Lo que es grave. Porque quiere decir que al gobierno español, de hecho, no le importa la corrupción propiamente dicha, sino el uso político de la misma. Como arma. La actuación del Gobierno en Andorra es un ejemplo paradigmático de eso. Todo estuvo permitido hasta que hubo que actuar contra el independentismo.
Y, en segundo lugar, hay que entender también que cuando la corrupción se convierte en una herramienta política se pervierte automáticamente, otra vez, porque no importa la corrupción, no importan los hechos, sino su uso propagandístico contra ‘los enemigos’.
Dentro de unos años, cuando alguien lea la prensa española de ahora y escuche los discursos de los políticos, tendrá la sensación de que los catalanes somos los más corruptos del mundo, lo cual no es cierto en absoluto. Vean sólo un dato, extraído de un diario madrileño nada sospechoso: El Mundo. Según su ranking de políticos corruptos, en Cataluña hay 0,39 encausados por cada 100.000 habitantes, mientras que en Madrid hay 0,69, en Valencia 1,32, en las Islas 3,87 y en Melilla 22,72 (no es ningún error: 22,72). Y otro dato: la mitad de los casos de corrupción de todo el Estado español están vinculados al PP (48,9% de), pero si sumas los casos vinculados al PSOE la cifra sube al 79,3. O sea, que tres casos de corrupción de cada cuatro tienen vinculación con los dos grandes partidos del régimen.
Sin embargo, el Estado español, que sabe perfectamente estos datos, piensa que puede conseguir algo a base de enmierdar (discúlpenme la palabra) el país entero y el movimiento soberanista con filtraciones interesadas, exageraciones fuera de lugar o, directamente, mentiras oficiales. Y todo porque no quiere hablar de política ni dialogar, lo que haría cualquier gobierno decente y consistentemente demócrata en vista de la crisis política creada en el Principado.
Insisto: ni uno solo de estos datos justifica ni ampara un solo céntimo de euro que algún político catalán haya podido despilfarrar alguna vez. Pero si se ponen sobre la mesa, especialmente en el contexto de la reflexión de Ekaizer, es difícil rebatir que el cinismo de la clase política y mediática española es extraordinario. Y, por cierto, el de algunos diputados del Parlamento de Cataluña, también.
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