Haría moneda falsa para poder llegar a conocer cómo se ha gestado la abdicación de Juan Carlos I de España. No discuto que, finalmente, su voluntad haya prevalecido. Pero es notorio que, en la medida en que se trata de un asunto de Estado, debe haber intervenido mucha gente para determinar su conveniencia, la oportunidad del momento y sus consecuencias. Y me gustaría saber, claro, qué han previsto para los próximos meses los cerebros de la operación, entre los que debe haber algún o algunos antiguos presidentes -ahora se hace más significativo el reciente encuentro del rey con Felipe González- y todos sus consejeros áulicos.
Es una evidencia empírica que la monarquía ha sido el gran instrumento para la estabilidad y la cohesión de España desde que murió Franco. Primero, durante la Transición, fue quien aseguró la continuidad entre los valedores del antiguo y del nuevo régimen. La monarquía fue reinstaurada por el dictador para dejarlo todo «atado y bien atado», al tiempo que se supo presentar como garante de la democracia. Después, la monarquía ha sido fundamental para construir un relato que situaba el mismo rey en un plan suprapartidista y que así hacía más asimilable el juego del bipartidismo que hasta hace poco se ha alternado en España. Y, finalmente, ha sido determinante para mantener una idea de unidad territorial, un objetivo en el que el rey se implicó a fondo desde el principio.
Pero es notorio que últimamente la monarquía había perdido su fuerza simbólica hasta el punto de no sólo no seguir haciendo su papel, sino incluso de contribuir a desestabilizar los viejos equilibrios. Las sospechas sobre su verdadero papel en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981; la pérdida de ejemplaridad política al hacerse transparentes aspectos de su vida privada y el mantener la ocultación de turbias operaciones económicas, o el descubrimiento de los casos de presunta corrupción en su familia -que puede llevar alguno de sus miembros a la cárcel-, aparte del deterioro de su salud, son factores que deben haber pesado mucho para que los poderes del Estado consideraran que se trataba de una figura amortizada y aconsejaran su sustitución.
Ahora bien: en este pérdida de valor de Juan Carlos I debe haber pesado mucho la evolución del proceso de Cataluña hacia la independencia. Desde aquel imperdonable primer patinazo de 2001, inducida por vaya usted a saber quién, en que el rey aseguró que el castellano nunca había sido una lengua de imposición, su figura no sólo no se supo mantener al margen del proceso de retroceso autonómico, sino que lo avaló. Y permaneció culpablemente ausente del proceso de reforma estatutaria que terminó con la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010. El rey ya no podía contribuir a detener el proceso, y parece evidente que la precipitación en su sustitución tiene algo que ver con la proximidad de la consulta catalana del 9 de noviembre.
Queda la duda, sin embargo, de que si esta abdicación servirá para transferir su viejo papel al nuevo rey, o si no acelerará la crisis de la monarquía y, con ella, la de la propia estabilidad política en España, que es lo que se quiere evitar. El republicanismo tendrá una brote -lo ha hecho pocos segundos después de conocerse la noticia- y los que han salido a defender la monarquía están políticamente tan destartalados como el mismo rey. Por otra parte, no parece que los cinco meses que quedan hasta la consulta deban permitir a Felipe VI de Borbón -y menos en el marco histórico del 2014- recuperar su papel de cohesionador territorial.
Ya he dicho que no sé con qué cálculo se ha precipitado la abdicación, ni qué pasos se han previsto para los próximos meses. No vale ser ingenuos. Pero, a primera vista, tengo la impresión de que esto allana el camino a nuestro proceso.
ARA
