Cada semana nos proporciona una nueva anécdota, una historia ejemplar, un episodio truculento. Cada semana recibimos nuevas señales, redundantes, que ponen al descubierto la insolvencia democrática del Estado. Esta vez, entre otras amenidades, la Fiscalía General del Estado ha castigado el escrúpulo democrático del fiscal jefe de Cataluña. El tono prudente de Rodríguez Sol y su comentario respetuoso sobre la reivindicación de una consulta democrática han sido evaluados como un síntoma de debilidad inaceptable. La respuesta disciplinaria ha sido inmediata, como si se tratara de una traición. Y, mientras el franquismo posfranquista se va apropiando de todos los tentáculos del Estado, el PSOE -refugio hipotético de españoles federalistas que no creen en el derecho a decidir-, vencido y amedrentado, no quiere, no sabe o no se atreve rechistar. Nada que decir, nada que decidir.
La prepotencia que caracteriza el comportamiento de muchos altos cargos del Estado en relación al proceso soberanista catalán es un síntoma significativo de la posición predominante en Madrid sobre esta cuestión. Nos informa, de entrada, de quien marca el ritmo en el españolismo militante y de quien ha impuesto su visión en el complejo espacio nacional español. A pesar del paréntesis político de los gobiernos de Zapatero, la hegemonía de la concepción de españolidad planteada por el PP se remonta a los años del desplazamiento de González por Aznar. Si exceptuamos las posiciones testimoniales o muy minoritarias, no hay ninguna otra concepción de España que la enarbolada por el PP. El PSOE, al comienzo de la Transición, había llegado a formular, tímidamente, un esbozo de propuesta propia. Pero pronto renunció. Paradójicamente, el PSC ha sido el último reducto devoto de aquella incipiente idea de otro tipo de España; al precio de no ser capaz de formular ninguna propuesta para que Cataluña que no quedara subordinada a aquella extinta prefiguración.
Pero resulta más interesante interpretar la sintomatología que comentamos en relación al contencioso abierto entre el españolismo monolítico y el catalanismo soberanista. ¿Qué nos indica esta prepotencia habitual en los órganos del Estado a la hora de intervenir en la «cuestión catalana»? Nos indica que, pasado el primer desconcierto y asumido el problema, los círculos políticos de la Corte madrileña están convencidos de tener el control de la situación. Ellos tienen el Estado y el catalanismo no. Ellos tienen el control de la legalidad y de todos los instrumentos jurídicos y políticos que pueden interpretar y ejecutar. Ellos tienen el control de los recursos económicos, incluidos los catalanes, y los instrumentos para recaudar y administrarlos a voluntad. El catalanismo no. Si el sitio político, legal y económico no fuera suficiente, cuentan con la supremacía cultural y comunicativa de las industrias y medios españoles en Cataluña. Para una parte significativa de la población catalana -y de algunos medios de aquí-, el sistema catalán de información, opinión pública y cultura funciona como un simple subsistema del español. A la gran capacidad de distorsión y amenaza de este potente conglomerado mediático podemos añadir aún factores como el papel disuasorio que pueden llegar a tener el ejército, la policía o los servicios de inteligencia. O la capacidad de presión diplomática del Estado sobre los otros estados europeos y los organismos e instituciones internacionales.
Se trata realmente de una fuerza temible. Se comprende, pues, que sus administradores se sientan imbatibles, opten por mostrarse inflexibles y exhiban musculatura sin inhibición. Sin duda, el catalanismo soberanista no dispone de fuerzas convencionales equiparables. Desde esta perspectiva, el contencioso parece muy desigual. Pero…
Pero el soberanismo dispone de otras capacidades y energías que pueden ser activadas y pueden decantar el proceso a su favor. El catalanismo soberanista puede hacer aún más evidente su carácter transformador positivo, popular, social y democrático. Puede acentuar su condición de fuerza regeneradora, modernizadora. Puede exigir a sus representantes suficiente firmeza nacional y suficiente compromiso social para superar la crisis. La cerrazón del Estado a negar cualquier cobertura legal al derecho a decidir deja todo el espacio de la legitimidad democrática a su adversario, el catalanismo. En estas condiciones, el soberanismo puede buscar complicidades mucho más allá de las propias filas, y atraer a toda la gente demócrata dispuesta a participar sin miedo en lo que Jean-Paul Sartre describía como el ensanchamiento del campo de lo políticamente posible.
