Me han indignado ciertas lecturas tan agresivas como malintencionadas sobre el cierre repentino de Spanair, en el sentido que se intentaba disimular un fracaso estrictamente empresarial “resguardándose con la bandera”. La catalana, claro está. O, en la misma dirección, las voces que argumentaban que todo el proyecto para convertir el aeropuerto de El Prat en un hub inter-continental era propio de los delirios independentistas de una parte significativa del empresariado catalán. Francamente: suponer que el acto multitudinario del 22 de marzo de 2007 en el Iese era un festival del independentismo empresarial –a no ser que lo practiquen en la intimidad– sí que es delirante. Imagino que existen las crónicas, las actas y alguna grabación para corroborarlo…
Es cansado repetir obviedades. Pero lo que es de una evidencia incontrovertible es que todos los países, a través de sus estructuras estatales dirigidas por gobiernos con legitimidad democrática, promueven iniciativas económicas que consideran estratégicas. Desde garantizar las fuentes energéticas, pasando por el control de las telecomunicaciones y hasta las inversiones en redes de transporte básicas. Eso pasa en todos los estados, sea con gobiernos socialdemócratas o liberales. Y este afán se reproduce a la Unión Europea, que realiza grandes inversiones con el fin de vertebrar todo el territorio para hacerlo más competitivo.
Por decirlo en los términos que se suelen utilizar para despreciar iniciativas catalanas, todos los estados tienen bandera, y todas ellas amparan grandes proyectos que, como es propio, unos tienen éxito y otros fracasan. Y no hace falta insistir en hasta qué punto España lidera esta legítima voluntad patriótica de envolver con su bandera grandes proyectos, unas veces exitosos, otras escandalosamente alejados de su viabilidad económica. Citar el caso de las líneas radiales de tren de alta velocidad sin pasajeros, los imposibles ejes ferroviarios de mercancías, la construcción de aeropuertos sin tráfico aéreo o las líneas de metro que no llevan a ninguna parte, es ocioso. No sé si todo ello responde, cómo diría Francesc de Carreras, a la defensa de las “sagradas esencias de la patria”, pero creo que sí.
A la vista de estas evidencias, pues, lo extraño no es que la voluntad de convertir El Prat en un hub inter-continental o de disponer de una compañía aérea para conseguirlo responda a un proyecto de desarrollo económico de Catalunya, sino que pueda sorprender a alguien. Y, en todo caso, lo escandaloso, desde el punto de vista de esos críticos, tendría que ser que tal proyecto no hubiera tenido bandera española para resguardarse y que ahora deba buscarse otra alternativa. Se puede discutir, si se quiere, si la mejor manera de conseguirlo era una u otra. Pero es inaceptable que se utilice una doble vara de medir según la bandera del proyecto. ¿Es legítimo criticar la aventura de Spanair sin decir nada de las inversiones diez veces superiores en Iberia que hicieron los gobiernos españoles para salvarla o para facilitar su expansión en América Latina, sólo en este proyecto, con 1.200 millones de euros?
No soy quién para evaluar ni el proyecto de Spanair ni su gestión en particular. Pero hay nombres de bastante relieve empresarial tutelando la iniciativa como para imaginar que la asumieron midiendo con responsabilidad el riesgo que comportaba. Y si alguna cosa significa ser emprendedor, si alguna cosa tiene de admirable, es que acepta con valentía la posibilidad del fracaso. No sé si todos los que juzgan con tanta severidad a Spanair están al mando de empresas solventes, sin ayudas públicas y sin riesgo de ruina. Y, en cualquier caso, téngase en cuenta que durante sus tres años de vida, Spanair atendió de manera excelente a las necesidades de millones de pasajeros, dio trabajo a 4.000 personas y pagó impuestos –en España– por un valor muy superior a los 140 millones prestados por las administraciones públicas catalanas.
La denuncia de presunto error empresarial a resguardo de la bandera –catalana– probablemente pretendía hacer ruido para disimular que cuando hablamos de mercados altamente competitivos como es el aeronáutico, los fracasos son también derrotas ante adversarios con nombres y apellidos. Y Spanair ha tenido grandes adversarios –algunos ya no estuvieron en Iese– que han tenido la suerte de poderse envolver con banderas mayores –españolas–, aguantadas por mástiles más sólidos. Es sorprendente ver cómo en algunos relatos de las desventuras de Spanair se ignora el papel empresarialmente agresivo de la competencia: desde la denuncia por las ayudas públicas al comisario europeo –por cierto, amparado por la misma bandera de los demandantes–, pasando por los obstáculos a la apertura de nuevas líneas, la suspensión del concurso que tenía que abrir El Prat a una mayor competencia, y hasta las presiones paralelas a la compañía que podía haber salvado el proyecto. Acciones, todas ellas, envueltas con la gran bandera que quiere preservar la exclusividad del hub inter-continental para Barajas.
En definitiva: aquí, la cuestión no es que unos fracasos se oculten con banderas, expresión de la irracionalidad de unos nacionalismos sin estado que no tendrían que tener derecho a existir. No: lo que realmente se discute es sobre quién tiene derecho a bandera, quién la tiene más grande, y de si es utilizada para impedir que determinados territorios con ambición de país puedan verla alguna vez realizada. Y la impostura es de quien simula que está hablando sin la protección de ninguna bandera.
salvador.cardus@uab.cat
La Vanguardia
