Si ustedes gobernaran la décima potencia industrial del mundo. Si gestionaran un Estado que había llegado a ser el centro de un gran imperio, tal como lo certifica su patrimonio histórico, artístico y cultural. Si, después de largos períodos de decadencia y turbulencias -con guerras civiles y dictaduras-, hubieran podido modernizar ese estado para homologarlo a los de las potencias europeas vecinas. Si tuvieran encarrilado un viejo conflicto interno -foral y nacional- de modo que pareciera cerca la superación de la violencia que la había caracterizado y que provocaba respuestas impropias de un Estado de derecho y alguna incomodidad internacional. Si, en plena fase de consolidación del Estado nación, se encontraran que en el territorio de más peso económico -principal plataforma industrial y yacimiento de recaudación de recursos- hubiera un creciente desafecto hacia el Estado, visto como un instrumento ineficiente, depredador de recursos y limitador de las libertades. Si, como consecuencia, vieran que en los últimos diez años ganaban protagonismo las posiciones independentistas, defensoras de una especificidad nacional-económica, política y cultural -diferente de la nación exclusiva promovida por el propio estado-… Si se encontraran en esta situación, ¿ustedes qué harían?
Ustedes -y ellos, los gestores reales de ese Estado- considerarían que la desafección de esa pieza, de aquel territorio económicamente fundamental, constituía su principal problema político. Y el avance del soberanismo en aquel territorio sería abordado como el obstáculo principal a superar en el proceso de consolidación definitiva del Estado nación.
El Estado español, en diversas circunstancias históricas, ha sabido que su prioridad política era resolver el problema catalán. En general, ha dado respuesta combinando el recurso a la fuerza con el pacto de vasallaje con algún interlocutor autóctono de confianza . Desde la coyuntura de alto riesgo abierta con la caída de la monarquía (1931), la actual tensión entre Cataluña y España es la más preocupante desde la perspectiva del Estado. Todas las fuerzas políticas que conciben España como su identificación primordial y su escenario político de referencia lo tienen claro. Y los aparatos del Estado, incluidos los servicios de inteligencia, también. Es su proyecto histórico. Es su lógica.
Debilitar el catalanismo soberanista constituye la prioridad del bloque españolista articulado alrededor del Estado. Y disponen de suficientes recursos humanos y materiales para alcanzar sus objetivos. Una vez redefinida la situación vasca, todos sus esfuerzos se pueden concentrar en el frente catalán. Pueden mover todas las piezas en la misma dirección. Con la ventaja añadida de contar con muchos aliados dentro de Cataluña. Y que el discurso de la catalanofobia encuentra un terreno abonado en España, que proporciona rendimientos electorales. Así, el Estado puede transitar fácilmente de la jugada astuta ( «que se consiga el efecto sin que se note el cuidado» ) a la flagrante: para buscar la exhibición de la fuerza propia (jurídica, institucional, mediática, internacional .. .) mientras hace evidentes las debilidades del catalanismo.
La conciencia de la gravedad del momento en la relación España-Cataluña ha hecho extremar la cautela del Estado y concentrar la máxima inteligencia política en la partida. Una inteligencia que fija prioridades y objetivos. Así, por ejemplo, aparece menos casual la coincidencia del afloramiento soberanista con su inconsistencia organizativa.
Hay un hilo conductor único que busca restringir la capacidad catalana de autogobierno. Es lo que liga la sentencia del TC sobre el Estatut con la amenaza, ahora, de una ley que permita supervisar los presupuestos autonómicos. La desigualdad de fuerzas es evidente. El gobierno del Estado puede cambiar el mapa de cajas moviendo un dedo, es el interlocutor reconocido por los gestores políticos europeos de la crisis, controla los mecanismos de recaudación y los administra como quiere, monopoliza la representación exterior y dicta la prensa internacional el relato de las responsabilidades locales de la crisis. Delante está la Generalitat, con una reducida capacidad de maniobra que el Estado procura dejar en evidencia cada día, y un catalanismo mayoritario que siempre avisa pero casi nunca actúa. Un catalanismo que, a pesar de la excepcionalidad de la coyuntura, aparece poco cohesionado y poco convencido de la firmeza del apoyo social de que dispone.
Muchos de los factores de desigualdad de la partida no pueden ser corregidos por simple voluntad política. Pero tenemos que proteger los instrumentos alcanzados. No podemos renunciar a tener una relación directa con el mundo. Si nos explican nuestros adversarios es porque tenemos un déficit de presencia internacional. No debemos cerrar embajadas porque potenciar e incrementar las oficinas políticas, económicas y culturales en el exterior es una prioridad. No es cuestión de precio. Somos un actor nacional en un entorno global. Nadie nos representará mejor que nosotros mismos.
Durante estos últimos años, en la inteligencia del Estado (¿como le llamarían, si no, al déficit fiscal acumulado?) hemos encontrado mucha ingenuidad, mucha lírica grandilocuente, mucha pirotecnia profética. Habrá audacia y valentía para construir el Estado y soldar la nación, pero no será suficiente. Jordi Carbonell, con anticipación clarividente, popularizó la proclama: «Que la prudencia no nos haga traidores». Que la ingenuidad y la falta de inteligencia tampoco.
ARA
