A pesar de que Alfred Bosch, cabeza de lista de ERC en las próximas elecciones españolas, calificó el pacto fiscal de «apuesta perdedora», hay que decir que éste es el proyecto estrella de ERC para las mencionadas elecciones y, en un ejemplo más de desorientación y de esquizofrenia política, el eje principal a través del cual el partido presidido por Oriol Junqueras piensa construir los puentes de aproximación a CiU. La construcción del polo independentista y la estrategia de abrir un conflicto político democrático en España queda, pues, nuevamente desplazada en ERC en favor de erigirse como costra del orden autonómico, antes bajo el paraguas ideológico de las políticas sociales del PSC y del tripartito y ahora con el señuelo de una reforma del sistema de financiación como la que perfilan desde el Palau de la Generalitat.
Sacar de la chistera una nueva excusa para no avanzar de forma manifiesta hacia un proceso de emancipación nacional no es, desgraciadamente, exclusivo de los actores políticos. También Òmnium Cultural, después de convertirse en la punta de lanza contra la sentencia del Estatut y de soportar las agresiones contra la lengua catalana por parte de las instancias judiciales españolas (con injurias de grupos fascistas incluidas, como las que se perpetró el pasado fin de semana), no plantea ninguna otra hoja de ruta que la unidad de las fuerzas políticas para conseguir el concierto económico, tal como se desprendió de los actos de celebración del quincuagésimo aniversario de la entidad este verano.
Resulta maravillosa la capacidad que tiene un gran sector del catalanismo para parapetarse en el autoengaño y caer una y otra vez en los mismos errores. Continuaremos sin dar ningún paso adelante en términos de soberanía porque ahora mismo, bien en los orígenes del planteamiento de la contienda (centrada hoy en el «pacto fiscal en la línea del concierto») nos encontramos ante los mismos parámetros perdedores que han caracterizado la política catalana al menos desde la última legislatura presidida por Jordi Pujol.
Y es que el proceso que estamos viviendo estos días en relación al pacto fiscal, la iniciativa del gobierno y el informe del Instituto de Estudios Autonómicos, la comisión en el Parlamento y la construcción de un consenso mantienen una inquietante analogía con el proceso de reforma del Estatuto que, como se sabe, acabó laminado en Madrid durante su aprobación por las Cortes Generales y rematado en sus puntos básicos en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010. Por si alguien no lo recuerda, también durante la ponencia de reforma estatutaria se habían considerado los informes del Instituto de Estudios Autonómicos que dictaminaban la constitucionalidad de la propuesta, un juicio jurídico que ya vimos qué respeto mereció ante la jurisdicción constitucional española.
Soy de los que piensan que precisamente la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto impide que Cataluña disponga de un sistema de financiación singular al margen del régimen común, similar al concierto económico del País Vasco y Navarra, y negociado bilateralmente con el Estado. Así me parece que queda claro de una lectura atenta del fundamento jurídico 10 de la citada sentencia sobre la imposibilidad de apelar a los derechos históricos vinculados a la disposición adicional primera de la Constitución para reformar el sistema de financiación (el anclaje constitucional del concierto vasco y del navarro) y los fundamentos jurídicos 130 y siguientes que podrían impedir una reforma de la LOFCA en el sentido de exceptuar a Cataluña del régimen común.
Como que aunque hubiera un remoto pacto político la reforma de la LOFCA acordada acabaría en el Tribunal Constitucional, el cual aplicaría su jurisprudencia, las aspiraciones catalanas sólo tendrían alguna posibilidad de prosperar bajo reforma constitucional. Y ya hemos visto que el Estado español sólo reforma su Constitución para perpetuar el déficit fiscal que desangra Cataluña pero no para satisfacer las demandas de justicia de las naciones periféricas cuya la existencia, por cierto, también se encuentra negada desde del mismo texto constitucional.
CiU, pues, ahora apoyada por ERC, se dispone a arrastrar al país a otra saga de fantasía política y jurídica que nuevamente acabará estrellada contra las rocas de la España constitucional, esta vez con consecuencias mucho más graves para el estrangulamiento económico derivado de la situación de dominación política está agravando la crisis y reventando la cohesión de la sociedad catalana. Seguir perdiendo el tiempo por miedo a no afrontar el reto político verdadero conducirá al autogobierno y a nuestro tejido económico a una fase terminal.
Al menos la reforma estatutaria tuvo la virtud de concienciar una mayoría creciente de la sociedad catalana sobre la imposibilidad de reformar España y constatar que sólo a través del Estado propio hay alguna posibilidad de sobrevivir como nación. El crecimiento de la mayoría independentista ya se produjo tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, no es necesario repetir un proceso que, probablemente, culmine con la creación de otra mayoría: la que estime la incompetencia suprema de los gobernantes que, en su ceguera y en su cobardía, nos han llevado a un desastre aún peor.
