El abandono en 1975 y hasta hoy, la permisividad con el incumplimiento marroquí desde 1981, la indiferencia a la represión y la colonización, la venta de armas a Rabat… Los hechos niegan al Gobierno español sobre la autodeterminación saharaui
LA extremada tibieza de la reacción del Gobierno español desde que el Ejército y las fuerzas de seguridad marroquíes iniciaran, con el asalto al campamento de protesta pacífica de Gdeim Izrik en la madrugada del día 8, una feroz represión de activistas y civiles saharauis que más de una semana después se sigue desarrollando en El Aaiún envuelta en la censura informativa impuesta por Rabat y en el cobarde e interesado consentimiento internacional, retrata el modo obsceno en que el Ejecutivo socialista antepone la balanza comercial y su papel de guardián de la frontera sur de la Unión Europea a su deber diplomático, la ética democrática y la defensa de los derechos más elementales. Francia, como primer socio comercial de Rabat, y Estados Unidos, al otorgar a Marruecos (que extrae del Sahara el 90% de las importaciones estadounidenses de fosfatos) un papel preponderante en la contención del islamismo radical en el Magreb; son co-responsables de la absoluta impunidad con que Rabat ha actuado en todo lo relacionado con el conflicto saharaui durante los últimos 35 años, pero es al Estado español, como inicial potencia colonizadora y teórico garante de la devolución de su territorio al pueblo saharaui, quien ostenta la carga de la culpabilidad en la ocupación marroquí del Sahara y la principal obligación en el irresoluto conflicto. No en vano éste surge de las conversaciones nunca explicadas de 1975 entre el hoy monarca español y Hasan II, padre del actual rey alauita, y la partición de la administración (aunque no de la soberanía) del Sahara con Marruecos y Mauritania firmado el 14 de noviembre del mismo año en Madrid. El Estado español, además, ha extendido aquel abandono del 75 a su actitud desde entonces, ha permitido durante 29 años el incumplimiento por Marruecos del acuerdo de 1981 que, con la inane garantía de la ONU, estipulaba un referéndum de autodeterminación, ha mirado hacia otro lado mientras Rabat conjugaba la colonización civil y militar del Sahara Occidental con políticas tendentes a lograr la expulsión de los saharauis de su país y ha vendido mientras tanto armas al Ejército marroquí fortaleciendo su posición militar ante la pacífica paciencia del Frente Polisario. Con tales antecedentes, quizás fuese la mala conciencia la que llevó ayer a la ministra de Exteriores española, Trinidad Jiménez, a afirmar que «España siempre ha defendido la autodeterminación del pueblo saharaui», pero hacerlo es tan deshonesto con aquellos a los que la ministra dice apoyar como con la sociedad del Estado español, mayoritariamente favorable a la causa saharaui. Sus palabras y la reunión de hoy en Madrid entre el ministro de Interior y vicepresidente del Gobierno español, Alfredo Pérez Rubalcaba, y su homólogo marroquí, Taieb Cherkui, responsable directo de la represión de estos días, sólo corroboran la impúdica actitud de España.
