«Cuando los partidos gobernantes encargaron la lucha contra la independencia al poder judicial, sembraron la semilla de un monstruo institucional que hoy los devora»
Hay momentos en que un Estado toma decisiones que parecen eficientes a corto plazo, pero que a medio y largo plazo se revelan como un error monumental. El 2016 fue uno de esos momentos. En lugar de enfrentar el desafío independentista con la política, los partidos sistémicos –el PP, con la aprobación del PSOE– optaron por entregar la gestión del conflicto catalán a jueces, fiscales y órganos excepcionales como un Tribunal Constitucional convertido en un brazo de ejecución.
Ese año, cuando la Corte Constitucional recibió poderes extraordinarios para suspender a los funcionarios electos e intervenir en las decisiones políticas, ya se advirtió que se estaba inaugurando una nueva etapa: la del Leviatán institucional. No es un poder judicial serio y garantizado, sino uno capaz de hacer política por la puerta trasera, separado de toda responsabilidad democrática. El Estado, sin embargo, creía que podía controlarlo. Eso sería útil para frenar el movimiento independentista y que, una vez que se hiciera el trabajo sucio, volvería a sus márgenes.
Pero el monstruo, una vez liberado, nunca regresa voluntariamente a la jaula. Nadie vuelve a los márgenes cuando descubre que puede quedar impune.
La década siguiente lo ha confirmado. Las condenas por “violencia ambiental”, la prisión preventiva como herramienta de represión, la reinterpretación creativa de los crímenes, la descalificación de un presidente de la Generalitat para retirar últimamente una bandera… Todo esto constituyó un patrón: el poder judicial fue alentado, recompensado y aplaudido por actuar más allá de su terreno natural. La política le pidió que hiciera política, y el liderazgo judicial la aprendió de inmediato. Y como todo el poder liberado de los contrapoderes, creció. Se expandió. Comenzó a actuar por su propia inercia.
La sentencia del Fiscal General es solo el capítulo más reciente de esta historia, y no será el último. El mismo aparato judicial que se había alimentado en nombre de la unidad de España desata ahora su fuerza contra quienes lo expulsaron de la jaula. El PSOE y el PP luchan a través de tribunales, fiscales y tribunales. El Estado, que instrumentalizó la justicia, descubre ahora que la justicia la instrumentaliza.
Este es el verdadero punto de inflexión: el Leviatán ya no actúa contra Cataluña. Actúa contra todos. No porque se haya vuelto loco, sino porque ya no reconoce una autoridad política superior.
El régimen de 78, basado en un delicado equilibrio entre partidos, poder judicial y territorios, muestra grietas cada vez más visibles. El pacto territorial se rompió con el fallo contra el Estatuto; el pacto constitucional se rompió en 2016 con los poderes extraordinarios de la Corte Constitucional; y el pacto de lealtad entre los grandes partidos ahora se desmorona, cuando utilizan la justicia como arma de combate partidista.
Y en medio de este terremoto, Cataluña puede encontrar una brecha. Un Estado ocupado en su propia crisis interna es un estado que no tiene energía para recentralizar, ralentizar o reprimir con la misma intensidad. La quiebra institucional puede abrir un nuevo espacio para plantear de nuevo – con serenidad, legitimidad e inteligencia estratégica– la cuestión nacional catalana.
No se trata de esperar el colapso de España. Se trata de entender que, cuando un sistema entra en crisis por las decisiones que él mismo tomó, se abre la oportunidad de redefinir las reglas. Y Cataluña puede aprovechar este momento de vulnerabilidad estructural para volver a poner sobre la mesa su propio horizonte de libertad.
El Leviatán, una vez liberado, ya nadie puede cerrarlo. Paradójicamente, puede ser esta falta de control la que termine devolviendo al Estado español al punto que quiso evitar: el momento en que Cataluña decide que tiene una nueva ventana para salir.
