El apresurado apagón de la central más obsoleta y más cercana a Navarra tiene mucho de intento de órdago de las grandes empresas energéticas para intentar evitar la aplicación del nuevo impuesto nuclear al resto de plantas.
GAROÑA también es un asunto de negocio para las empresas energéticas dueñas de la planta, Endesa e Iberdrola (al 50%), que han lanzado al Gobierno de Rajoy un órdago con la decisión de adelantar su cierre y renunciar a la posibilidad de extender su funcionamiento hasta 2019 como medida de protesta para tratar de evitar que el Congreso ratifique esta semana la decisión de gravar con un nuevo impuesto cada kilo de uranio quemado. En realidad, no es una cesión a la movilización ciudadana, ni a los argumentos de defensa ambiental -ayer se supo que entre 1967 y 1978 Alemania enterró millones de toneladas de material radiactivo y ahora se desconoce su ubicación-, ni a los fallos de seguridad que afectan periódicamente a Garoña, ni a los impactos en la opinión pública de desastres como o Fukushima, sino un simple intento de chantaje al Gobierno. De un día para otro, Endesa e Iberdrola le han hecho incumplir otra promesa electoral a Rajoy, quien en 2009 visitó Garoña -la nuclear más cercana a Navarra y el reactor más antiguo de los ocho operativos en el Estado cuya vida útil de 40 años expiró en 2009 pese a lo cual sigue activo-, y prometió mantenerla abierta. Ha sido sólo un pulso por los beneficios de la explotación del negocio de la energía. Las eléctricas han sido un poderoso poder fáctico desde el franquismo, y ahora, molestas con la decisión de aplicar una nueva tasa para reducir el déficit tarifario, han sido claras: o se les aplicaba un trato de favor fiscal o dejaban caer Garoña. La partida parece cerrada por parte de Rajoy y los ministros Soria y Montoro, y tras ser aprobado el impuesto en el Senado esta semana se ratifica en el Congreso. Pero siempre hay voces políticas, académicas o mediáticas, al amparo de los lobbies energéticos, favorables a ese despropósito democrático de no aplicar las leyes por igual a todos. De hacer excepciones fiscales con los poderosos, que es lo que pretende este cierre apresurado de Garoña. Y la presión seguirá con la amenaza de cerrar otras plantas que no han llegado a los 40 años de utilidad. Y todo ello sin un debate social real de fondo sobre la política energética y las consecuencias sociales y económicas de la factura energética, que en el Estado español es ininteligible para desamparo de los consumidores y para facilitar anteponer los intereses económicos de las empresas propietarias a los derechos de los ciudadanos y, en este caso, también a la seguridad colectiva.
