En 1820 España sustituyó la horca por el garrote vil como sistema para ejecutar a los condenados a muerte. El sistema consiste en inmovilizar a la víctima sobre una silla mientras un verdugo acciona un tornillo que aprieta un collar de hierro que la asfixia o la desnuca. Parece que el invento se instaló plácidamente en el sistema judicial español porque sobrevivió durante 175 años. La historia oficial cuenta que quedó abolido en 1978 con la aprobación de la constitución española pero si rascan un poco verán que se mantuvo vigente “con severas restricciones” hasta 1995.
El garrote era, lisa y llanamente, una forma de tortura institucionalizada. Por mucho que se esfuercen los revisionistas españoles, raramente se producía el corte medular que debía provocar coma cerebral y una muerte instantánea. Al contrario. Se trataba de un método brutal y rudimentario que dejaba su efectividad en manos de factores aleatorios como la fuerza física del verdugo y la resistencia física del reo. Uno de los casos más documentados es el del asesino múltiple madrileño José María Jarabo. El informe médico narra los veintiseis minutos de agonía de Jarabo, de complexión fuerte, y la acción esforzada de un verdugo, Antonio López Sierra, pequeño, débil y delgaducho.
Esta carrera de la razón contra la sinrazón en que ha convertido el diálogo entre los gobiernos catalán y español demuestra una determinación absurda y antidemocrática de este último para responder con media vuelta más de tornillo a cada propuesta que pretende resolver de forma dialogada la demanda catalana para fijar el nuevo estatus político de Cataluña. La acumulación de negativas y, de forma destacada, los recortes infundados y torpes al Estatuto de 2005 o la negativa a negociar un nuevo pacto fiscal, han generado una reacción popular que probablemente consolida una mayoría social partidaria del establecimiento de un Estado propio para Cataluña. Y decimos probablemente porque la arquitectura político-institucional del Estado español tiene terror a contar las personas que son favorables y las que son contrarias, y por eso hace todo lo posible para evitarlo. El 9N será una nueva muestra, aunque esta vez la estulticia del gobierno de Rajoy hará posible que, con esta nueva impugnación, se visualice una movilización que demostrará la radicalidad democrática del proceso catalán y el ADN profundamente antidemocrático del España.
Será necesaria, sin embargo una dosis añadida de determinación personal enmarcada en la movilización colectiva. Hemos sabido con antelación el local y la mesa donde podemos ejercer nuestro voto; hemos tenido tiempo de imprimir, tener lista y cumplimentada la hoja con la doble pregunta. Y necesitamos, sobre todo, presentarnos a ella tal y como teníamos previsto. Pase lo que pase, digan lo que digan. Votaremos, firmaremos y convertiremos el 9N en un clamor de reivindicación democrática.
Denunciaremos y mostraremos al mundo el inmenso garrote vil demofòbico en que se ha convertido el gobierno español, obsesionado en aniquilar cualquier opción democrática al servicio del ejercicio del derecho a decidir de la sociedad catalana.
Su única fuerza es un ‘no’ sordo y miope y esa es, precisamente, su principal debilidad: no tienen razón, no cuentan con razones, sólo con prohibiciones. Su acción política se limita a una interpretación manipulada, restrictiva e interesada de su legalidad. Por eso hay que exhibir todo el músculo cívico, pacífico y democrático del qué somos capaces. Tantas veces como haga falta y tozudamente fieles a la máxima gandhiana: “si descubrimos que obedecer leyes injustas es contrario a nuestra dignidad, ningún gobierno nos podrá someter”.
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