A primera vista, los acontecimientos de los últimos años nos permiten ver una fotografía más nítida de la actualidad catalana. En primer lugar, la transversalidad social del movimiento es absoluta; en segundo lugar, el movimiento popular soberanista ha venido para quedarse. No es flor de un día como pronosticaban los poderes del Estado sino que crece exponencialmente, se afirma organizativamente y perdura a lo largo de años. La conciencia independentista es ya mayoritaria pero la exigencia del derecho a decidir es hegemónica. Y, finalmente, el gran error de análisis del Estado español es creer que estamos en un proceso de movilización popular desde instancias políticas. Al contrario, el movimiento ciudadano se sitúa como el principal impulsor del proceso que obliga a las fuerzas políticas a posicionarse. Pensar que desgastando a una fuerza política como CiU o a la figura de Artur Mas se puede acabar con el conflicto es totalmente irreal.
Más allá de la guerra de cifras, lo cierto es que la mayor parte de la ciudadanía catalana está inmersa en un proceso de confrontación democrática y, como señalaba un periodista catalán, “las percepciones diferentes sobre la realidad de un país solo se pueden dilucidar de manera democrática a través de las urnas”. Las decisiones políticas y las demostraciones populares han venido de la mano en la llamada vía catalana, mostrando una “sincronización y cohesión entre la política y la voluntad popular”.
Frente a ello, la clase política y los poderes fácticos del Estado español siguen enrocados en una posición supremacista y jacobina. Su imagen denota un proyecto coronado por la tristeza, frente a una ciudadanía que muestra colectivamente su felicidad por luchar por decidir libremente su futuro. Las amenazas, la represión o los insultos no hacen sino aumentar el sentimiento catalán hacia la soberanía.
Catalunya también camina hacia una mutación sin precedentes del mapa político: CDC, después del escándalo Pujol, busca su refundación. Aún es un partido prisionero de antiguas prácticas ligadas a la corrupción institucional y por ello se ve obligado a introducir cambios en su estructura. Veremos hasta dónde llegan, pero saben que deben renovar el partido para sobrevivir porque el movimiento soberanista tiene en su eje de actuación la construcción de una Catalunya libre de España pero también de la corrupción. Por tanto, ahora saben que sí pueden ser castigados electoralmente, especialmente con el caso Pujol. La estrategia del Estado cortando la cabeza de Pujol para debilitar a CiU no va a debilitar el proceso sino trasladar hacia ERC y CUP una parte del voto de CiU si estos no reaccionan. Además, necesitan revisar su ideario político para moverse hacia el centro político claramente desplazado hacia el independentismo. UDC tendrá que decidir si continua con CDC en el proceso o se desmarca. Duran i Lleida tiene en la recámara un nuevo partido que posiblemente activaría si UDC decide quedarse con Mas.
El PSC está en fase de desintegración y puede muy bien acabar desapareciendo o quedando solo como un PSOE residual. ERC construye un nuevo polo de socialdemocracia nacional que sustituye al PSC-PSOE que representaba la socialdemocracia de sumisión española. El partido de Maragall, Nova Esquerra Catalana, y otros sectores de socialistas escindidos como Avancem se están uniendo al proyecto.
CUP extiende su influencia en territorios y movimientos sociales, pero tendrá que afrontar la relación política con nuevos sectores de este entorno como los sucedáneos de Podemos en Catalunya o, por ejemplo, el Guanyem de Ada Colau. En ICV habrá que ver cómo afecta un fuerte debate interno sobre los cada vez mayores sectores favorables a la independencia del partido y los contrarios. Finalmente, en el unionismo también habrá cambios porque es muy probable que Ciutadans gane el pulso al PP como líder de este sector en Catalunya.
Va a ser un mes cargado de movimientos políticos e institucionales. La ofensiva de Madrid es muy fuerte para intentar hacer inviable la consulta del 9-N. Pero la fuerza del movimiento soberanista obliga al president Mas y a las fuerzas políticas a mantener la hoja de ruta.
La respuesta del Estado es la de la suspensión con el recurso al Constitucional. A partir de aquí, entramos en el terreno de la especulación sobre la respuesta catalana pero con ciertos síntomas evidentes. Por un lado, hay un acuerdo profundo entre los partidos proconsulta sobre que el futuro de la misma no la puede decidir un tribunal político sino que las decisiones hay que tomarlas en la política. Y que la unidad en la respuesta es un factor de gran potencia. Por otro lado, hay consenso también en que la voluntad de la mayoría de la ciudadanía que exige votar tiene que estar por encima del TC. Y, finalmente, la discrepancia estriba en la oportunidad de responder a la suspensión con urnas o si ponerlas puede ser contraproducente para la imagen internacional. Hay una pugna entre el bloque de ERC-CUP, que plantea una respuesta de desobediencia civil con acciones de protesta social y la insumisión al Constitucional poniendo la urnas, y CiU, que pretende ganar tiempo y cumplir la suspensión.
Artur Mas sabe que sin un acuerdo de respuesta al TC el pacto de gobierno con ERC se romperá de inmediato y a pesar de poder gobernar con el PSC lo pagaría caro electoralmente en las municipales que quedan a seis meses del 9-N. Las bases de CiU, cada vez más decididamente decantadas al independentismo, no entenderían la ruptura del proceso y encima quedarse sin el poder local. A su vez, CiU exige a ERC una candidatura conjunta en unas futuras elecciones plebiscitarias para evitar que se refleje el previsible descalabro. Lista de la que ERC no es partidaria pero que podría asumir si Mas planta cara al TC y pone las urnas.
Una última opción hubiera sido ser la de convocar elecciones plebiscitarias el mismo 9-N, pero solo aceptable por el movimiento independentista si es con una lista o objetivo común que fuera la declaración de independencia y ahora mismo el gran consenso nacional está en el derecho a decidir más que en la independencia unilateral. El objetivo es forzar una consulta al margen del TC en claro desafío al Estado y que este se vea obligado a responder con actuaciones antidemocráticas.
Es difícil predecir el resultado final, pero la masiva determinación de la sociedad catalana, que representa una verdadera revolución, abre el camino a una lucha incansable por ejercer los derechos democráticos de un pueblo que tiene como proyecto político no solo la recuperación de las libertades nacionales sino la refundación para construir un país mejor y más justo.
Deia
