Desmantelado Canal 9, en Valencia, desmantelada ‘Soms Ràdio’ y residualizada IB3, en las Islas, y cortada la reciprocidad de recepción de canales en los Países Catalanes, ahora toca desmantelar TV3. Una de las vías para conseguirlo, y que ya hace tiempo que está en marcha, es el ahogo económico al que el gobierno español somete a Cataluña. Esta es la causa por la que se han reducido drásticamente los presupuestos de la emisora, han disminuido los sueldos de los trabajadores, también se ha reducido la cobertura de actos y de eventos y ha desaparecido la delegación que había en la Cataluña Norte. Pero como a pesar de todo esto TV3 todavía resiste, ahora se ha activado una segunda fase del proyecto FAES para cerrar, al menos, dos canales antes del 1 de enero de 2015. El objetivo sería éste: “Ya que no podemos cerrarla entera, debilitémosla”. La idea, en definitiva, es que de este debilitamiento quede la televisión antropológica que quería el director general de RTVE, José María Calviño, en 1985. El PSOE no lo logró y ahora lo intenta el PP.
¿Pero cuál es la vía a través de la que esperan conseguirlo? Pues se trataría de utilizar una argucia administrativa que pareciera que no es el gobierno español quien cierra los canales, sino Europa, a raíz de una medida de reordenación del espectro radioeléctrico que debería liberar parte del ancho de banda utilizado por las televisiones y cederlo a las empresas telefónicas, a fin de que puedan ofrecer la cuarta generación de telefonía móvil. La maniobra, además, como praxis habitual de las agresiones del gobierno español a Cataluña, tiene forma de Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros. El director general de Telecomunicaciones de la Generalitat, Jordi Puigneró, hizo saltar las alarmas antes de las elecciones europeas del 25 de mayo y la respuesta de José Manuel Soria, ministro de Industria, fue tan cínica como hipócrita. Sencillamente lo negó. Pero sólo hasta que pasaron las elecciones, no sea que le restara votos a su partido. Inmediatamente después ya lo admitió. El día 22 de mayo decía que todo había sido “un error de interpretación” y el día 28 sentenciaba que uno de los múltiplex debía “caer”.
El argumento oficial para justificar la “caída” de uno de los tres múltiplex de TDT -dos son de TV3 y el otro lo gestiona el grupo Godó- es que es un espacio que está infrautilizado en Cataluña. Pero no es cierto. No hay infrautilización. Y la prueba es que el cierre de un múltiplex significa eliminar la alta definición, es decir, convertir TV3 en una reliquia, en una emisora residual, y significa también eliminar el espacio destinado a la reciprocidad con la televisión de las Islas. Ahora, ciertamente, esta reciprocidad no existe, pero es precisamente porque el gobierno español lo impide, no por voluntad de TV3. Fue el propio Partido Popular quien interrumpió la recepción de canales entre las televisiones de los Países Catalanes con la clara intención de cortar los vínculos culturales.
La otra opción del gobierno catalán, para no perder la alta definición, es cerrar el Canal 33 y el 3/24, por ejemplo, lo que sería traumático para el país por varias razones. Tres, cuando menos. En primer lugar, porque residualizaria aún más la oferta de canales en catalán, que está por debajo del 22%, ante la avalancha de canales en español. En segundo lugar, porque el Estado español utiliza una excusa técnica para encubrir una medida política. Lo demuestran las reiteradas negativas del ministro Soria a las soluciones técnicas que ofrece la Generalitat. Ni siquiera las ha querido escuchar. Soria dice que “es lo que hay” y echa la culpa a Europa, pero su mentira queda al descubierto al verse que el gobierno del PP no ha tenido ningún problema para resituar un múltiplex de Televisión Española en otro lugar del espectro también afectado por la normativa europea. Es obvio que hay lugar para todos, pero el Estado no lo puede admitir porque, como digo, la medida es política, no técnica. En tercer lugar, estamos ante una agresión que pretende eliminar el 50% del espacio que ahora ocupa Televisión de Cataluña.
El ataque directo a TV3, en definitiva, responde a que las telecomunicaciones son una estructura de Estado, y ahora más que nunca el Estado español está muy interesado en debilitar tanto como sea posible la incidencia de la televisión catalana en la sociedad. Es su manera de intentar acallar a todos. Y para que “se consigna el efecto sin que se note el cuidado” ha decidido dejar que sea la Generalitat quien cierre los canales. De esta manera, el cerrador no sería el gobierno de España sino el gobierno de Cataluña. El ministro Soria lo dice así: “Será la propia Generalitat quien decidirá qué canales pierde”. Lo único que él, su gobierno y la FAES no han tenido en cuenta es el factor emocional. Televisión de Cataluña es más que una televisión, es una emisora querida por la gente, y la dinamitació de sus canales, así como el estrangulamiento de la oferta en catalán, tendrá un efecto bumerán. Será un pequeño paso para la españolización, pero un paso de gigante para el independentismo en Cataluña.
EL SINGULAR DIGITAL
Víctor Alexandre
