Pedimos a los partidos políticos que concurren a las elecciones que sitúen la defensa del medio ambiente entre sus prioridades, con compromisos concretos y verificables para reducir las emisiones de CO₂, frenar la pérdida de biodiversidad y proteger los ecosistemas. Está en juego la conservación de las condiciones que hacen posible la vida en el planeta Tierra.
El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales son problemas medioambientales cada vez más graves. Las olas de calor, las sequías, las inundaciones y los incendios forestales evidencian que estamos superando límites ecológicos que no podemos ignorar. La vivienda, la alimentación, la sanidad, la educación, el empleo y los cuidados dependen también de que conservemos las condiciones naturales que hacen posible la vida. La destrucción ecológica del planeta no solo amenaza el presente: amenaza la posibilidad de un futuro cercano habitable. Sin embargo, nuestro modelo económico continúa dependiendo del crecimiento permanente de la producción, el consumo y los beneficios. Esta dinámica choca con los límites físicos de un planeta finito, cuyos recursos naturales son limitados y cuyos ecosistemas no pueden regenerarse ni absorber residuos indefinidamente. Por eso, no basta con mejorar las tecnologías o sustituir fuentes de energía: debemos preguntarnos qué producimos, cuánto producimos, para qué y cómo distribuimos la riqueza.
Deberíamos avanzar hacia un decrecimiento económico planificado, democrático y socialmente justo, reduciendo el consumo de energía y materiales, especialmente en los sectores de mayor impacto ambiental. Decrecer no significa empobrecer a la población, sino reducir el despilfarro, el sobreconsumo y las actividades destructivas ambientales, al tiempo que reforzamos los servicios públicos, la sanidad, la rehabilitación de viviendas, el transporte colectivo, la reparación y la reutilización de recursos. Se trata de poner la economía al servicio de las personas y de la vida, en lugar de supeditarla al crecimiento permanente.
No basta con corregir algunos excesos del modelo económico actual. Necesitamos transformar sus fundamentos y dejar de identificar el progreso exclusivamente con el crecimiento del PIB, la llegada de inversiones o el aumento del consumo. El verdadero progreso debe medirse por nuestra capacidad de garantizar una vida digna, reducir las desigualdades y conservar un territorio habitable.
También debemos abordar la relación entre crecimiento económico, demografía e inmigración. Las economías desarrolladas necesitan mano de obra creciente para sostener su expansión, pero no podemos ignorar las desigualdades globales, ni que los países ricos son responsables de una parte desproporcionada de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero. La justicia climática exige que contribuyan a financiar la adaptación al cambio climático y la mejora de las condiciones de vida de los países menos responsables de la crisis ambiental y más expuestos a sus consecuencias.
La economía circular, el reciclaje y las energías renovables son herramientas necesarias, pero insuficientes si continúa aumentando indefinidamente el volumen total de producción y consumo. La transición energética debe desarrollarse con criterios de ahorro energético, protección de la biodiversidad y participación ciudadana. No todo proyecto verde es necesariamente sostenible. En nuestra Comunidad Foral, los problemas ambientales exigen respuestas políticas decididas frente a la contaminación de suelos, acuíferos y aire por nitratos, pesticidas y residuos agrícolas y ganaderos. Del mismo modo tenemos la degradación de los ríos, la destrucción de hábitats y la ocupación de suelos fértiles y espacios naturales por infraestructuras, urbanizaciones, polígonos industriales, macrogranjas y grandes instalaciones de biometanización…
En un futuro previsible, los centros de datos pueden demandar importantes cantidades de electricidad, agua y suelo. Antes de autorizarlos, es imprescindible evaluar sus impactos ambientales y sus beneficios sociales reales; porque proteger la salud pública y la biodiversidad exige preservar el agua, los suelos fértiles y los espacios naturales.
La repetición año tras año de los incendios forestales en nuestra comunidad pone de manifiesto que no basta con actuar cuando el fuego ya se ha declarado. Es imprescindible reforzar de manera decidida la prevención de incendios y garantizar los recursos necesarios para hacer frente a estos episodios: presupuestos suficientes, plantillas de bomberos adecuadas, formación y preparación continuas, equipos y materiales suficientes, medios técnicos eficaces y una coordinación sólida entre la sociedad y todos los servicios implicados. La protección de nuestros montes, nuestro entorno natural y la seguridad de la población exige planificación, inversión y compromiso sostenido, no medidas puntuales cuando la emergencia ya está en marcha.
La política del agua no puede seguir basándose en aumentar indefinidamente la oferta. Ampliar embalses no resuelve la falta de lluvias ni hace sostenible una demanda creciente de agua en un escenario de menor disponibilidad hídrica. No podemos exigir ahorro de agua a la ciudadanía mientras se promueven nuevos proyectos urbanísticos y agrícolas, como la segunda fase del Canal de Navarra, sin garantizar antes que cuentan con agua suficiente. Es hora de planificar desde la realidad de nuestros recursos hídricos y priorizar las necesidades sociales frente a los intereses económicos. Por todo ello, invitamos a la sociedad y entes ciudadanos, a que exijamos a las candidaturas políticas que nos representarán en las instituciones futuras, a que se comprometan en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y a garantizar la protección del agua y los suelos, controlar la contaminación, evaluar rigurosamente el impacto ambiental de las grandes instalaciones y promover modelos de producción y consumo sostenibles. Porque no habrá justicia social sin justicia ecológica, ni una transición ecológica real, mientras sigamos subordinando la vida a la obligación de crecer económicamente sin límites.
NOTICIAS DE NAVARRA
