El lunes de la semana pasada, Pedro Sánchez anunció desde la Moncloa la disolución de Las Cortes y la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre, nueve meses antes de lo que tocaba. Lo hizo tres días después de que el Congreso tumbara los dos decretos de vivienda con los votos del PP, de Vox y —por razones distintas— de Junts. El presidente español no vinculó el adelanto electoral con aquella derrota, pero no hacía falta que lo hiciera, todo el mundo lo interpretó así. Las legislaturas no terminan por agotamiento del calendario. Se terminan cuando se agota la confianza de uno o más de uno de los grupos que la sostienen.
Conviene recordar cómo empezó todo. El 23 de julio de 2023 el PSOE perdió las elecciones. El PP de Alberto Núñez Feijóo fue la primera fuerza, pero no sumaba ni siquiera con el apoyo de Vox. Sánchez sólo podía ser investido si Junts lo aceptaba, y sabedor de que el partido independentista era refractario a sumarse a una mayoría de la derecha española, envió a Santos Cerdán, entonces número tres socialista, a Waterloo para indagar qué posibilidades había. El propio Cerdán, no lo olvidemos, que después pasó cinco meses en Soto del Real por el caso Koldo y que ahora espera juicio. Las personalidades también cuentan y cuando alguien ha sido presuntamente mentiroso en una cosa, es legítimo pensar que lo ha podido ser en otra, aunque lo haya sabido ocultar durante un tiempo. El entendimiento parecía entonces imposible, pero no por eso. Era tan imposible, al menos, como un acuerdo con el PP, dado que era el partido de Mariano Rajoy, responsable político de las cargas del 1-O, del 155 y de la represión que empujó al exilio al presidente Puigdemont y los consellers Comín y Puig. De eso hace nueve años que no es poco tiempo.
El president Puigdemont creyó que se abría una oportunidad y por eso empezó una negociación que concluyó en el Acuerdo de Bruselas, en el que el PSOE reconocía la existencia del conflicto político entre una nación, Cataluña, y un Estado, el español, que el PP había negado con la represión. El acuerdo, firmado en noviembre de 2023, preveía incluso un mecanismo internacional de verificación, que la Moncloa aceptó a regañadientes y que siempre procuró mantener en la penumbra. Se han logrado algunos hitos. El más trascendente es la ley de amnistía, que Junts rechazó en la primera versión porque era insuficiente y que tuvo que rehacerse para blindarla. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea la avaló este verano, y ahora el Constitucional enmienda al Supremo y le recuerda que negar la amnistía por malversación se aparta de la finalidad de la ley. Con esta sentencia se cierra un ciclo, el de la persecución judicial, y se abre otro. La amnistía no era un punto de llegada. Era la condición previa para volver a hablar de autodeterminación sin la amenaza de prisión. El unionismo españolista ha removido cielo y tierra para boicotearla.
Pero la legislatura no termina porque se hayan cumplido los acuerdos, que sería lo normal, sino precisamente porque el PSOE los ha incumplido de forma sistemática. Sánchez ha gobernado pactando por la mañana con Junts y por la tarde con Sumar y Podemos, y los pactos de la tarde desdibujaban los de la mañana. Ha sido una constante. El ejemplo más desgarrador es la ley de delegación de las competencias de inmigración, pactada con Junts en enero de 2024, que en septiembre de 2025 cayó en el Congreso con los votos en contra de Podemos, del PP y de Vox. Era una ley orgánica y se necesitaban 176 votos; el PSOE no quiso, o no supo, asegurar los votos en favor de todos los socios de la mayoría gubernamental. El otro ejemplo es la vivienda. En abril, Junts ya había rechazado la prórroga de alquileres impulsada por Sumar y había propuesto una deducción del 15% en el IRPF para los gastos de alquiler o hipoteca. El gobierno negoció con Junts y llegó a un acuerdo y, de nuevo, por la tarde pactó con Sumar y Podemos dividir las medidas en dos decretos, el segundo de los cuales desagradaba a Junts, pero también al PNV. Junts advirtió de que tumbaría los nuevos decretos si el gobierno no los retiraba para rehacerlos con el espíritu de lo que el PSOE había pactado con el independentismo. Sin embargo, Sánchez los mantuvo. Prefirió la derrota a la negociación, y después culpó a Junts.
De repente, para el PSOE el aliado independentista se convertía en el representante de los fondos buitres y en la derecha más infecta. La política hecha caricatura. Ésta es la manera populista de gobernar que sigue al dedillo el “manual de resistencia” sanchista. Sánchez se asemeja más al Jeremy Corbyn que condujo al laborismo británico a la peor derrota desde 1935 que a Mette Frederiksen, la socialdemócrata danesa que este junio empezó el tercer mandato tras pactar un gobierno de centroizquierda en un parlamento donde hay doce partidos. En Copenhague los pactos se cumplen porque sin pactos no se gobierna. En Madrid son un instrumento de propaganda que vale hasta que conviene otro. Tarde o temprano, el PSOE tendrá que elegir qué izquierda quiere representar.
En Cataluña, el PSC es más PSOE que nunca. Salvador Illa es el seguidor más fiel de Sánchez y ha convertido al Parlament en una especie de segunda cámara española. Cuando se intenta hablar de los problemas de Cataluña, el president responde con los debates de Madrid, los que interesan a su amigo y correligionario. Incluso ante el drama de los desahucios. El miércoles de la semana pasada por la mañana, en la sesión de control, Illa acudió a Maricarmen, la vecina del Retiro de 87 años desahuciada tras setenta años en el mismo piso, porque su caso monopolizaba la política española y servía, bastante impúdicamente, para atacar a Junts. Pocas horas después, Maricarmen moría en el hospital, catorce días después de que la sacaran de casa en camilla. Una mujer como ella merece respeto, no que el presidente de la Generalitat la convierta en un eslogan de campaña electoral socialista. Pero antes de Maricarmen estuvo Olga, la vecina de Hospitalet de Llobregat que se había quitado la vida tras un proceso de desahucio y que no ha recibido la atención que se merecía del Govern. Una vivía en Madrid; la otra, aquí, y está claro dónde tiene puesta la atención el presidente Illa. El drama de la vivienda en Cataluña es lo suficientemente grave como para no tener que mirarla con las gafas de la Puerta del Sol.
El PSOE -y también el PP- querrán que la campaña sea una batalla ideológica entre derecha e izquierda. Sánchez ya la ha planteado como una elección entre su proyecto y la ola ultraderechista; Feijóo, como un duelo entre la España “nacional” y Sánchez. Un planteamiento maniqueo en ambos casos. Quieren debatir de ideas en vez de las medidas a tomar para evitar dramas como el de Olga. Las encuestas alimentan el relato: un sondeo de Ipsos para La Vanguardia otorga 196 escaños a la suma del PP y Vox. Es el marco ideal para pedir el voto del miedo. El independentismo no puede caer en esa trampa. Una encuesta de La Razón publicada el jueves señala todo lo contrario. Incluso augura un rotundo éxito de Junts, para reforzar la fantasía de que es posible una alianza entre PP, PNV y Junts y otros partidos menores, excluyendo a Vox. PSOE y PP están interesados en lo mismo, lo que, paradójicamente, refuerza a Junts. Ni el miedo a Vox ni la nostalgia de una mayoría progresista liderada por el PSC que nunca ha sido sensible en Cataluña pueden sustituir a la defensa de los intereses del país. Junts no debe pedir perdón por haber dicho no a los decretos. Votar contra un gobierno que incumple no es votar con la derecha; es negarse a hacer de muleta de una mala política. Lo que distingue a los socialistas de los conservadores españoles son las soluciones, aunque no siempre, porque mientras Junts se abstuvo o no votó a favor de ninguna propuesta de resolución del PSC en el debate de política general, el PP votó más del 60%, especialmente las más centralistas y reaccionarias.
El conflicto político entre Cataluña y el Estado sigue vivo. El último barómetro del CEO sitúa el apoyo a la independencia en el 45%, el más alto desde 2020, y el Estado independiente vuelve a ser la opción preferida por primera vez desde 2023. Los problemas de los catalanes dependen de lo mismo que nos llevó a la crisis de 2017. La dependencia política es fuerte. El expolio fiscal no se ha reducido: incluso la Generalitat de Illa reconoce el déficit en una horquilla de entre 15.700 y 22.000 millones en 2021, según el método de cálculo. El cálculo más alto, de 21.982 millones, equivale a un 9,6% del PIB y 2.831 euros por habitante, aunque ahora Hacienda quiere calcularlo a la baja con trampas contables. La ruina de la clase media y trabajadora es una evidencia: según el Idescat, el riesgo de pobreza o exclusión social ha vuelto a crecer hasta el 24,8% y afecta al 36,1% de los menores de dieciséis años. Un desastre social en toda regla. Este panorama se agrava con el vaciado del autogobierno con una trama legislativa recentralizadora que el Instituto de Estudios del Autogobierno documenta cuatrimestre tras cuatrimestre. Ninguno de estos problemas protagonizará el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, porque ambos los dan por resueltos dentro de la Constitución.
El 29 de noviembre no se decide sólo quién gobernará España. Se decide si Cataluña tendrá una voz propia o si volverá a ser una sucursal que vota por miedo y se conforma con un alud de promesas que no se van a cumplir. Los votos que se pedirán para detener a la derecha acabarán, como siempre, sosteniendo a un PSOE que incumple. Hay que votar en clave catalana y no española. En Madrid se disputan el gobierno, en Cataluña lo que está en disputa es la nación. Nosotros nos jugamos el futuro del país. Los siete diputados que en 2023 decidieron una investidura no eran un premio, eran una herramienta para la acción política. Conviene recordarlo antes de ir a votar. Sin una minoría nacional catalana en el Congreso y el Senado, defender a Catalunya es más difícil.
https://www.mescat.cat/ideologia/posicionaments/la-trampa-del-29n/
