Uno de los fantasmas recurrentes en la discusión pública es la cuestión de los discursos de odio. Amparados en una ola de puritanismo progresista, parece como, si de repente, viviéramos en nuestro país en una especie de ola cargada de racismo y de ataques constantes a colectivos vulnerables. La paradoja es que la sociedad catalana, según datos derivados de los mismos informes de SOS Racismo, se sitúa en una parte intermedia respecto a actitudes que podrían considerarse como “racistas”, y por el contrario, y en comparaciones con hace treinta años, tiene una tolerancia alta respecto a la diversidad, mayoritariamente confía en la igualdad ante la ley de cualquier colectivo, y es más sensible y contraria a los comentarios racistas o a las discriminaciones. Donde sí ha habido cambios es en la sensación de que hay demasiados inmigrantes. Sin embargo, esto, más que una percepción, resulta una constatación estadística.
Sin embargo, como reza el principio periodístico, no permitas que la realidad te estropee un buen titular. En una era de glorificación del subjetivismo, la imagen proyectada, especialmente desde un espacio progresista que ve mermar su espacio político y electoral, es explotada como una de las principales amenazas a la democracia, como si la expansión de las desigualdades, la acumulación de poder en pocas manos, la destrucción de nexos sociales o la decadencia de las clases medias no tuviera nada que ver. No, se ve que el racismo y la xenofobia es atribuido a la maldad intrínseca de un catalanismo, invento de la pérfida burguesía catalana, concordada para explotar y humillar a la siempre humilde clase trabajadora, a la que, como nos recordaba el vodevil de tercero de ESO perpetrado por “Esas Latinas” y patrocinado generosamente por el Ayuntamiento de Barcelona, tenían la sádica intención de hacer hablar catalán a aquellas prístinas ninfas y heroínas del proletariado internacional.
La paradoja es que, si entramos en el discurso del odio, es decir, aquella técnica que consiste en expresar públicamente rechazo a determinados colectivos a partir de circunstancias objetivas (apariencia, religión, cultura, lengua…), son los catalanes los primeros en ser objeto de discriminación. Como nos recordaba a principios de este año un informe elaborado por la entidad “Acción contra el Odio”, basado en una encuesta publicada por la empresa demoscópica 40dB, los catalanes ocupamos el segundo puesto del colectivo más odiado por los españoles, sólo por detrás de los menores no acompañados. Ironías del destino, si cruzamos datos, resulta que entre las personas que se identifican con la izquierda política, nosotros ocupamos el primer puesto en la diana de la antipatía colectiva. No es ninguna sorpresa. Buena parte del fundamento de la identidad española se construye desde la oposición al peligroso ingrediente del enemigo interior, a menudo con características propias del antisemitismo (tópicos similares, imágenes de burgués maquinador, elemento sospechoso de cuestionable lealtad…). Esto que ha sido una constante desde la época de Quevedo, y que se intensifica en épocas totalitarias (durante el franquismo las humillaciones fueron sistémicas). La recentralización política y la aspiración jacobina de la izquierda española, especialmente a partir del exitoso golpe de Estado de 1981, no ha hecho más que intensificarse. La negación reiterada de nuestra condición nacional, y a la vez, la idea omnipresente de que no formamos parte de la españolidad (salvo que renunciemos a nuestra catalanidad a fin de convertirnos en zombies al estilo del regionalismo valenciano) que propicia una exclusión sistemática, representan este tipo de paranoia hispánica propia de las identidades inseguras.
Como señala el CEO en sus informes regulares, la principal causa de discriminación en nuestro país es la lengua, por encima de la procedencia geográfica, el género, el color de la piel, la procedencia geográfica o la nacionalidad. En los últimos años, a partir de una mayor conciencia lingüística, especialmente durante la etapa postproceso, los catalanohablantes han empezado a ser objeto de tratamientos que hubiera escandalizado incluso a los partidarios más firmes del apartheid sudafricano. Las humillaciones en los comercios, en los hospitales, en los juzgados, son cotidianas y sin respuesta suficiente. Peor aún, son banalizadas e ignoradas muy especialmente por las instituciones catalanas, reconvertidas desde un 155 permanente en una especie de oficina de virreinato. Efectivamente, quien en nombre del antirracismo, se rasga la camisa cuando habla de racismo y extrema derecha a partir de comentarios en las redes sociales, calla ante los apelativos de “lazis, nazis, supremacistas” o cualquier otro atributo que caracteriza a aquel catalán que pretende ejercer como tal. Y en este tipo de silencio cómplice, especialmente entre medios españoles o nominalmente progresistas, se ignoran las agresiones contra personas que llevan una bandera estelada (ilegalmente se roban en la entrada de los estadios), o se evita hablar de cómo muchos catalanes cambian de lengua ante un policía, un juez, o cualquier otra persona hostil al país que tiene la potestad de complicarte la vida. De hecho, sin una contabilidad clara, es más que posible que haya habido más agresiones contra catalanohablantes que contra el colectivo LGTBI. Otros aspectos que tratan de evitarse en el debate público, y que a menudo sólo aparecen precisamente en las redes, la cantidad de alumnos catalanohablantes que evitan hablar su lengua para evitar acoso escolar, o incluso maestros que ceden a las presiones de clases hostiles al catalán. De hecho, uno de los fenómenos de los que nadie habla es que detrás de la falta de filólogos en catalán que se quieran dedicar a la docencia puede haber profesionales que, simplemente, ya están hartos de la hostilidad que pueden recibir de sus alumnos, con el apoyo de las familias y la inhibición de unas autoridades educativas incapaces de sancionar a cualquier maestro o profesor.
Está claro que, ¿qué se puede esperar de un Estado que niega cuestiones básicas y científicas como la unidad de la lengua? ¿Qué se puede esperar de una constitución que somete al catalán a un nivel de discriminación e inferioridad legal respecto al español? Y de una opinión pública donde todo el mundo puede expresar públicamente y sin filtros su desprecio a la lengua y a los catalanes (y que sería un escándalo si se expresara en estos términos respecto a otros colectivos de carácter étnico o religioso).
Todo el mundo expresa cierto temor respecto a la evolución política del Principado, con fuerzas políticas emergentes con discursos más o menos agresivos en algunos términos políticos. Sin embargo, ¿alguien se plantea exactamente cuáles son los motivos que indican este desplazamiento tectónico? Desde 2017 los partidos nominalmente independentistas, no sólo aparecen como muleta de sus opresores, sino que son incapaces de dar respuestas adecuadas a cada agresión. Incluso, las veces que se atreven a quejarse, existe una medida y prudencia a la hora de expresarse que prácticamente parece una claudicación. La sociedad catalana está harta, y ya no confía en que las instituciones en las que confiaban –y que sostenemos con nuestros impuestos y votos– les ayuden. Es normal que busquen otras vías y busquen nuevas estrategias. Sobre todo, cabrea la incapacidad de verbalizar lo que pasa: los catalanes somos ciudadanos de segunda en nuestro propio país. Y encima, recibimos ese tipo de represión psicológica que nos obliga a sentirnos culpables de ser lo que somos. Somos españoles de segunda y europeos de tercera, cuya lengua, efectivamente, no es ni oficial ni, como debería ocurrir en una situación de normalidad, debería ser la única oficial, o como mínimo, hacerla obligatoria para todos los residentes. Se habla mucho del modelo quebequés, o de otros modelos de estados plurilingües como Suiza o Bélgica. Pues, en Quebec, el francés es la única lengua oficial, mientras que en todo en Canadá es cooficial (resulta interesante ver cómo en los museos de Vancouver, a 3.000 km del área francófona, los carteles están siempre junto al inglés, mientras que en Montreal, sólo en francés, o como en Suiza cada cantón es monolingüe).
Es evidente que el catalanismo necesita dar la vuelta a su actitud para denunciar lo que somos: España es un ‘apartheid’ nacional y lingüístico. Las humillaciones del postproceso, con medios españoles que desempeñan un papel similar al de Radio Belgrado en la época de Milosevic, un estamento judicial que actúa como un aparato represivo posfranquista, o un progresismo que atiza el fantasma del charneguismo para humillar a los catalanohablantes, más que justifican un independentismo que necesita subir varios grados el nivel de confrontación con un Estado que nos odia de forma atávica y sistemática. Efectivamente, en España existe un discurso de odio. De odio contra su mayor minoría nacional, sostenida en su parálisis por unos partidos que se han esforzado mucho en no hacer absolutamente nada.
EL MÓN
