No tengo ninguna duda: el Tribunal Supremo está cavando la tumba de la unidad de España que pretende preservar. Se trata de una más de las muy conocidas paradojas de la lógica social, que en sociología conocemos como “las consecuencias no queridas de la acción social”. Del mismo modo a como la ética protestante cavó su propia tumba exacerbando el espíritu del capitalismo hasta el paroxismo -tal como explicó Max Weber-, así la judicialización del independentismo catalán acabará enterrando el sueño de la España “una y grande”. Es decir, llevar el conflicto a los tribunales habrá sido la peor estrategia que Soraya Sáenz de Santamaría podría haber planificado nunca, asesorada por algunos de aquellos altos cargos ahora huidos y premiados con confortables destinos en el extranjero, bajo la mirada displicente y apática de un Mariano Rajoy siempre convencido de que la mejor manera de resolver un problema es dejar que se pudra.
No puedo decir que una afirmación de esta naturaleza equivalga a un pronóstico de un futuro cierto. Pero es la convicción creciente que he tenido siguiendo estas primeras semanas de juicio. Ya sé que si algo es previsible es que se produzca un desenlace bastante medido para tratar de enternecer las almas de cántaro soberanistas y lo suficientemente duro para apaciguar las fieras feroces del nacionalismo español. Ahora bien, sean cuales sean las sentencias, el Estado español está mostrando su extrema debilidad habiéndose tenido que esconder bajo las togas de la justicia debido a la ineptitud política del resto de sus instituciones.
Muy en particular, y después de la exhibición de dignidad casi feliz de Jordi Cuixart, hemos visto en toda su profundidad la arrogancia miserable de los primeros testigos políticos del gobierno español, máximo responsable del desastre actual. Su actitud -la de Rajoy, Sáenz de Santamaría o Zoido- lo delataba casi todo. Incompetencia formal, ausencia de rigor a la hora de informarse, decisiones irresponsables, imprevisión en las acciones, falta de preparación para el juicio… Nunca como ahora se había comprobado hasta qué punto la arrogancia es la defensa de los débiles.
Las declaraciones de nuestros políticos, por si alguien había dudado antes, han demostrado que habíamos estado en buenas manos. Las respuestas de los testigos responsables de la represión y los atentados a los derechos civiles, en cambio, han puesto en evidencia cuán ineptas eran sus manos. Por cierto, manos no mucho más torpes que las de los ministros de los gobiernos socialistas, antes las de José Ignacio Wert -el que quería hacer nacionalistas españoles a golpe de currículo escolar-, o las de Josep Borrell, quien quiere desinfectar Cataluña de patriotas.
En definitiva, aunque sea sobre las costillas inocentes de una parte del Gobierno y de la presidenta del Parlamento destituidos ilegítimamente, los modos del magistrado Marchena no pueden llegar a enmascarar la farsa con que se disfraza la debilidad de un Estado que no ha sabido, querido o podido hacer política ante un desafío legítimo. Un desafío que si el Estado hubiera sido fuerte, hay que reconocerlo, habría ganado desde el primer minuto. Si ha llegado a este extremo de torpeza ha sido, precisamente, por su debilidad.
Que nadie tema la desmemoria que quiere disimular tanta irresponsabilidad. Que nadie tema la arrogancia de una media risita nerviosa y cínica que esconde tanta debilidad. Que nadie tema la incompetencia ignorante de quien debía garantizar la seguridad pública. En una de esas tantas frases que se han convertido en alimento para la resistencia del soberanismo, la que decía que “no hay suficientes cárceles para tanta dignidad”, se esconde la sentencia contraria que puede inspirar nuestra esperanza ante el actual contratiempo: los adversarios del derecho a la autodeterminación de los catalanes nunca lograrán la victoria desde tanta indignidad.
ARA
