El discurso íntegro en la Chatham House de Londres:
«Cataluña vive desde hace más de cinco años un proceso político para dejar de ser una región de España y convertirse en un Estado independiente. Un proceso que tiene vínculos con lo que anhelan de otras naciones como Escocia, Flandes o Quebec, pero que a la vez tiene rasgos distintivos que lo hacen único, y también, permítanme decirlo, ejemplar. Un movimiento que no va contra nadie, basado en el ejercicio de la democracia, y que tiene como objetivo otorgar a nuestro país más herramientas para progresar, para ofrecer a nuestros ciudadanos un mayor bienestar. Un país que se siente profundamente europeo y que en el futuro quiere seguir siendo, no sólo miembro de la Unión Europea, sino un actor activo en su construcción.
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¿Por qué quieren ser un Estado pequeño cuando forman parte de un Estado más grande? ¿Por qué quieren dejar de formar parte de un Estado importante como es el Estado español? ¿Por qué quieren emprender una aventura arriesgada? ¿Lo lograrán solos? ¿Es real esta apuesta? Estas son preguntas que nos formulan y que es probable que ustedes también se hayan planteado. De ahí nuestra voluntad de poder explicar de primera mano, qué es lo que defendemos, por qué lo hacemos, y cómo lo queremos hacer. Agradezco sinceramente, en este sentido, la oportunidad que nos ha brindado The Chatham House.
Si bien es cierto que siempre ha habido gente que anhelaba la independencia de Cataluña, el movimiento soberanista ha cogido el grosor, la amplitud, la transversalidad y la fuerza en los últimos 6 años. Durante más de treinta años, la mayoría de partidos catalanistas y la mayoría de la sociedad catalana defendieron la vía autonomista. Es decir, ir alcanzando cotas de mayor autogobierno dentro del Estado español. Buscar un encaje que permitiera respetar lo que somos, una nación, con un camino en común dentro del Estado. Y todo ello, acompañado de dos elementos. En primer lugar, un intenso ejercicio de pedagogía, para explicarnos, para intentar hacer comprender lo que es Cataluña. Pensábamos que si nos hacíamos entender, todo sería más fácil. En segundo lugar, y como aspecto muy importante, se hizo una apuesta muy firme para contribuir a la estabilidad y la gobernabilidad del Estado. Todos los retos importantes que ha afrontado España durante sus años de democracia han contado con el apoyo del partido del que formo parte. Todos. Y lo que es más importante, eso no lo pueden decir con esta contundencia los dos principales partidos españoles, ya que cuando no han estado en el Gobierno, no han ejercido esta enorme responsabilidad que hemos tenido nosotros, más bien han hecho todo lo contrario.
¿Qué es lo que ha cambiado estos años para que Cataluña haya decidido emprender su propio camino? Debemos situarnos en el año 2010, cuando el Tribunal Constitucional, integrado por miembros claramente politizados de los dos principales partidos españoles y algunos de ellos con el mandato caducado, dictó sentencia contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, dejándolo totalmente desvirtuado. Cinco años antes, el Parlamento de Cataluña había aprobado una reforma del Estatuto de Autonomía, la norma básica que rige nuestro autogobierno. Aquel nuevo Estatuto quería ser un pacto bilateral renovado entre Cataluña y España, para poder dotarnos de más autogobierno y más capacidad financiera. No sin sacrificios aquel Estatuto fue posteriormente aprobado por el Parlamento español y seguidamente fue ratificado por el pueblo de Cataluña en referéndum. Sin embargo, cuatro años después, el Tribunal Constitucional, fruto de los recursos que presentó el PP y el Defensor del Pueblo y por tanto, con el beneplácito del Partido Socialista, entonces en el Gobierno-, se cargó literalmente los principales elementos de mejora del nuevo Estatuto de Autonomía. Previamente, durante su tramitación, el PP se había dedicado a recoger firmas en toda España en contra de esta mejora del autogobierno, en un gesto indigno.
¿Cómo era posible que lo que habían aprobado los dos Parlamentos y sobre todo los ciudadanos de Cataluña en referéndum fuera anulado cuatro años después por un tribunal deslegitimado y politizado? La respuesta de Cataluña a aquella sentencia tan dura fue una multitudinaria manifestación en la ciudad de Barcelona con un millón de personas en la calle bajo el lema “Somos una nación. Nosotros decidimos”. Aquella sentencia, que algunos pocos hoy en el Estado español ya dicen con la boca pequeña que fue un grave error, dio la señal definitiva de que era necesario un cambio radical. Que la vía seguida hasta entonces, el intento de encaje de Cataluña en España nunca podría ser realidad. Que España no tenía voluntad política de cambiar. Se planteó una disyuntiva: dejar de ser catalanes o apostar por la independencia. Y una amplia mayoría de ciudadanos decidió iniciar este nuevo camino. En ese momento, se produjo una desconexión emocional de muchos catalanes hacia España.
Fruto de todo ello, el 11 de septiembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, Fiesta Nacional de Cataluña, alrededor de un millón y medio de personas han salido cada vez a la calle para pedir la independencia de Cataluña, en un país en el que somos 7,5 millones de habitantes. Para que puedan tener una referencia respecto a su proporción, es como si el Reino Unido hubieran salido a la calle más de 12 millones de personas. Quiero hacer hincapié en que todas estas manifestaciones han tenido un carácter positivo, festivo, de ilusión y también con altas dosis de originalidad (como por ejemplo, el año 2013, que se concretó en una cadena humana de 400km, de punta a punta del país). En definitiva, estas manifestaciones no han sido de queja, de protesta, de mirada al pasado, sino un paso de afirmación, de esperanza en el futuro.
También pienso que es oportuno señalar que el movimiento independentista ha tomado forma y grosor en los últimos años no desde los extremos o la radicalidad, sino desde la centralidad. El proyecto independentista de Cataluña es la revolución democrática más potente que hay actualmente en Europa, y coloquialmente, para ilustrarlo, les podría añadir que además es una revolución tranquila, hecha con traje y corbata y con camiseta, donde participan ciudadanía e instituciones, clases populares, clases medias y empresarios del país. Esta realidad es la que más inquieta a Madrid, porque es consciente de que este movimiento es imparable.
Cabe decir, que en el año 2012, Cataluña realizó un último intento de acuerdo con el Estado español. Nuestro Parlamento aprobó una propuesta de Pacto Fiscal, una especie de concierto económico al estilo del que ya disponen dos regiones españolas como son el País Vasco y Navarra, que les permite recaudar y gestionar todos sus impuestos. La propuesta que salió de Cataluña, con un amplísimo consenso parlamentario y social, trataba de poner fin al déficit fiscal que ha sufrido Cataluña en los últimos 30 años: cada año, en promedio, una cifra equivalente al 8% del PIB catalán de los impuestos que hemos pagado los catalanes, se los ha quedado el Estado sin compensación. En el año 2011, esto en cifras representó 15.000 M € de recursos que generaron los catalanes y que no retornaron nunca en forma de servicios o inversiones en nuestro territorio. La magnitud es tal que supone un perjuicio muy importante para el progreso del país. En este sentido, nuestro objetivo, compartido por una amplia mayoría del pueblo de Cataluña, era poder recaudar nosotros todos nuestros impuestos, y luego contribuir a los servicios que el Estado presta en Cataluña y en la solidaridad con aquellos territorios del Estado español con menos recursos.
La respuesta del Gobierno a la propuesta de Pacto Fiscal fue un no rotundo. Un ‘NO’ no sólo a la propuesta concreta, sino también un no a hablar. Ante esta nueva negativa y esta nueva frustración, en noviembre de 2012 se celebraron elecciones anticipadas en Cataluña. El tema central de aquellas elecciones fue el derecho a decidir, es decir, el compromiso de las diferentes fuerzas políticas de convocar una consulta o referéndum sobre el futuro político de Cataluña. Y el resultado fue que 107 de los 135 diputados del Parlamento incorporaban en su programa este compromiso explícito. Hay que decir que, de manera sostenida en el tiempo y hasta el día de hoy, entre un 75 y un 80% de los catalanes apoyan la convocatoria de un referéndum, incluso por parte de votantes de partidos que oficialmente se oponen, y al margen de cuál sería su opción de voto si se convocara.
Así pues, a finales del 2012, el nuevo Gobierno recibió el mandato de impulsar un referéndum. En este punto, nuevamente, la falta de diálogo y el no a todo fue la respuesta del Gobierno. Desde Cataluña se tenía claro que con voluntad política, el referéndum era, y es, perfectamente posible y viable. No hay que cambiar la constitución. No hay un problema jurídico. Es únicamente un problema de voluntad política. En este sentido, destacar que se estudiaron y determinar hasta cinco vías legales posibles dentro del actual marco jurídico del Estado español para poder articular una consulta o referéndum.
Ante la negativa del Gobierno a hacer nada, en septiembre de 2014, de acuerdo con las competencias que dispone Cataluña en consultas populares no referendarias, el presidente de la Generalitat convocó una consulta para el 9 de noviembre de ese año con la pregunta: “¿Cree que Cataluña debe ser un Estado. Y en caso afirmativo, cree que este debe ser independiente?”. El 95% de los ayuntamientos del país aprobaron una moción defendiendo el derecho de los ciudadanos a votar, lo que demostró la transversalidad y la fortaleza que tenía esta reivindicación. El país estaba volcado. Nuevamente, sin embargo, España dejó patente su nula voluntad de negociar ni siquiera tolerar que se pudiera preguntar al pueblo de Cataluña, y pidió al Tribunal Constitucional la suspensión de la consulta. Inmediatamente, con una rapidez nunca vista, éste la suspendió. Visto este nuevo impedimento, el presidente de la Generalitat anunció la convocatoria de un proceso participativo, para el mismo día 9 de noviembre, con la misma pregunta que la consulta, con la ayuda de voluntarios para llevarla a cabo, como solución a la suspensión.
Este proceso participativo fue un gran éxito. A pesar de la imposibilidad de disponer del censo y de su carácter sólo simbólico, 2.305.290 catalanes de los 5,4 millones que podían hacerlo fueron a votar. Un gran día de fiesta, posible gracias al gran civismo de todos los ciudadanos y a la participación activa de 40.000 voluntarios que colaboraron. A pesar de las dificultades, y aunque no de una manera oficial, los ciudadanos de Cataluña pudieron votar y expresar su posicionamiento respecto a la independencia. Las semanas previas, el Gobierno español se dedicó a ridiculizar y menospreciar esta votación, pero el mismo día 9 y los días posteriores, la cosa cambió. Ante la alta participación y en definitiva el éxito de aquel proceso participativo ejemplar, la indiferencia se convirtió en beligerancia. Unos días después, la Fiscalía General del Estado, en contra del posicionamiento de los propios fiscales catalanes, presentó una querella contra el presidente de la Generalitat de entonces, el señor Artur Mas, la vicepresidenta del Gobierno y la consejera de Enseñanza por delitos de desobediencia, prevaricación, malversación de dinero público y usurpación de atribuciones judiciales. Hace dos meses, la Fiscalía ha pedido ampliar la querella contra el consejero de la Presidencia del momento. ¿Tiene justificación perseguir por la vía penal a quien simplemente quiere promover la democracia? ¿Es un delito poner las urnas para que la gente vote? ¿Utilizar la Fiscalía y el aparato del Estado contra aquellos que han defendido que hay que dar la voz a los ciudadanos es propio de una democracia?
Para culminar lo que ha sucedido en los últimos años en nuestro país, me queda explicarles las elecciones del pasado 27 de septiembre. El 9 de noviembre de 2014, los catalanes pudieron votar y expresar su opinión, pero para poder avanzar hacia la independencia había un mandato democrático. Ante la oposición frontal del Gobierno a la vía del referéndum, sólo nos quedaba una opción, que afortunadamente sólo dependía de nosotros: convocar unas elecciones anticipadas y convertirlas en el plebiscito que no nos habían dejado hacer sobre la independencia.
El 27 de septiembre, el pueblo de Cataluña se expresó en las urnas, votó masivamente, con un 74,9% de participación, la más alta de toda la historia en unas elecciones al Parlamento de Cataluña, y dio un mensaje claro de cuál es el camino preferido. Los partidos independentistas lograron la mayoría absoluta de diputados. La fuerza más votada fue Juntos por el Sí, formación integrada por los dos principales partidos políticos independentistas del país, con 62 diputados, a los que hay que sumar los 10 diputados que obtuvo el otro partido independentista, la CUP. En total, 72 diputados favorables a la independencia de un total de 135. Los partidos contrarios a la independencia (C’s, PSC y PP) se quedaron con 52 asientos. Finalmente, 11 diputados fueron para un partido (Cataluña sí se puede) que no se ha posicionado ni a favor ni en contra de la independencia, pero que es favorable a la convocatoria de un referéndum. En porcentajes, los partidarios a la independencia alcanzaron el 47,74% y los contrarios a la independencia, el 39,17%. Asimismo, es necesario subrayar que todas las fuerzas favorables a la convocatoria de un referéndum obtuvieron casi el 60% de los votos.
Una mayoría de los catalanes se posicionó a favor de la independencia, de iniciar una vía propia, para defender lo que somos, pero sobre todo, como decía antes, para progresar y para disponer de mayor bienestar. Es cierto que el resultado es ajustado y no tiene la amplitud que nos hubiera gustado, pero la independencia es la opción que ganó las elecciones. Creemos que tenemos mayoría para iniciar el proceso hacia la independencia, pero para culminarlo nos hará falta una mayoría que deberá ser más amplia. Esta será una tarea que habrá que hacer estos próximos tiempos. Es para nosotros, un elemento más de motivación, y estamos convencidos de que lo conseguiremos.
Nos presentamos a las elecciones con el compromiso de tener listo el paso hacia la independencia en aproximadamente 18 meses. Durante este tiempo, el compromiso es preparar y dejar a punto las estructuras de Estado que actualmente no disponemos y que son necesarias para funcionar como un Estado independiente. Una vez culminado este proceso será el turno otra vez de los ciudadanos, que deberán decidir en las urnas si optan por elegir un nuevo parlamento constituyente y avanzar definitivamente hacia la proclamación de la independencia. No daremos el paso definitivo sin una pantalla de validación democrática.
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Cataluña dispone de una economía dinámica, fuerte, emprendedora, y con una clara vocación de apertura al mundo. Somos uno de los motores económicos del Estado español y uno de los referentes del sur de Europa. Una economía que en un contexto de independencia sería perfectamente viable, como lo es Dinamarca o Austria, con un tamaño similar a la de Cataluña.
Cataluña es un país que no dispone de recursos naturales y que siempre ha tenido la necesidad de trabajar mucho, de espabilarse, de buscar el talento, ser emprendedor, creativo, arriesgar y salir fuera. Cataluña vende fuera más de la mitad de lo que produce: cerca del 50% de su PIB son ventas fuera de su territorio. Cataluña lidera las exportaciones al Estado. En concreto, representan el 25,5% del total, un peso superior al que tiene la economía catalana en el conjunto español. La inversión bruta extranjera productiva en Cataluña para el conjunto del año 2015 ha sido de 4.783,2 millones de euros, un 57,8% más que el año 2014. Fuentes internacionales, como el Financial Times, posicionan a Cataluña entre las regiones líderes europeas en captación de inversión extranjera. Según esta fuente, en 2015 Cataluña ha sido la 1ª región de Europa Occidental Continental en atracción de inversiones por volumen de inversión y la cuarta de toda Europa. Asimismo, Cataluña cerró el 2015 con más de 17 millones de turistas, un 3,7% más que el año anterior, y con un gasto que creció un 4,5% respecto al 2014.
Tenemos una economía próspera, una economía que estos últimos años ha sufrido la crisis global y que ahora empieza a rehacerse, una economía que se enfrenta a los mismos retos, problemas y oportunidades que el resto de economías, pero al mismo tiempo tenemos la constatación de que continuamente jugamos en campo contrario y con las manos y los pies atados. En lugar de tener un Estado a favor, que ayude y ponga los instrumentos en pro de la economía productiva catalana, que nos acompañe, nos proteja, nos impulse, nos ayude a crecer y a ser fuertes, jugamos en un terreno que bascula entre la ausencia algunas veces, y otras, donde directamente España juega en contra nuestra. Un Estado que es desleal, que nos ahoga económicamente, que no nos da margen para hacer nada y que no hace las infraestructuras que la economía necesita.
A pesar de ser un país pequeño, Cataluña tiene capacidades y aptitudes para ser una economía próspera, lo que significa la posibilidad de ser un país que garantice el bienestar a sus ciudadanos. Queremos ser un país normal, que trabaja, se esfuerza, y gracias a ello, puede redistribuir la riqueza, puede cohesionar su sociedad y ofrecer oportunidades para progresar. Para ello, sin embargo, nos faltan los instrumentos que tiene cualquier Estado. Por un lado, disponer de todos nuestros recursos, que pagamos en forma de impuestos. No queremos ningún regalo, no pedimos ayuda a nadie. Simplemente queremos poder manejar lo que es nuestro, lo que han aportado los ciudadanos de Cataluña, para evitar lo que ocurre ahora, que una parte muy significativa de nuestro esfuerzo fiscal no se queda en Cataluña y nos hace más pobres de lo que somos. Por otro, poder disponer de todo el poder político para tomar las decisiones, lo que ahora no es así.
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Para culminar mi intervención, me gustaría explicarles cómo estamos haciendo este proceso y cómo lo queremos culminar. Explicarles en definitiva, en qué consiste esta vía catalana.
Primero. Este es un proceso basado en todo momento en el ejercicio de la democracia. El movimiento de la gente ha sido el gran motor de este camino hacia la independencia. Será el pueblo de Cataluña el que se expresará y deberá decidir en todo momento. En este sentido, cabe preguntarse: ¿quién teme a la democracia? ¿Quién tiene miedo a que los ciudadanos se expresen y decidan? ¿Alguien que se opone a este ejercicio de radicalidad democrática es realmente un demócrata? Apuntar que, ciertamente, el marco jurídico es fundamental para la convivencia y para el ejercicio de la propia democracia. Ahora bien, el marco jurídico debe estar al servicio de la democracia, y no al revés.
La apuesta que ha hecho el Gobierno de Cataluña y una parte importante de los partidos políticos catalanes no es producto de una obsesión, de un capricho o de una locura de unos pocos. Tampoco es una reacción coyuntural a un momento político. Es una decisión madurada, estratégica y estructural, que cuenta con el apoyo activo de una mayoría del pueblo de Cataluña, expresada tanto en las urnas como de manera cívica en las diversas manifestaciones que les describía antes, junto con un rico tejido de la sociedad civil que se ha movilizado, y el apoyo de la mayoría de instituciones del país. Es una decisión honesta y que va en serio.
Segundo. Este es un proceso que se desarrolla de manera pacífica y con pleno respeto por la convivencia y la concordia. Lo hemos demostrado sobradamente: en las cinco manifestaciones que ha habido, en el proceso de participación del 9 de noviembre de 2014, y en las elecciones del pasado 27 de septiembre. Ni un solo incidente. Máxima demostración de civismo en todo momento, siempre de manera pacífica. En Cataluña hay confrontación de ideas, de proyectos políticos, pero esto va acompañado de un respeto y una convivencia ejemplares. La cohesión en nuestro país se mantiene intacta, y de hecho, es uno de los valores más preciados de nuestra sociedad. Somos conscientes en este sentido que hay que trabajar para ampliar la mayoría favorable a la independencia, y a la vez garantizar el respeto por aquellos que son contrarios a la independencia. Destacar en este sentido que el proyecto de país que defendemos es para todos, para los 7,5 millones de catalanes.
Tercero. Hemos defendido siempre el diálogo y lo defenderemos durante todos los estadios del proceso. Nosotros nunca renunciaremos, nunca nos levantaremos de la mesa de negociación. Queremos llevar a cabo esta transición con diálogo con el Estado español, con la Unión Europea y con la comunidad internacional. Creemos que la vía del diálogo es la mejor para todos. Cabe señalar que para lograr la independencia sólo hay dos vías pacíficas: la vía unilateral y la vía pactada. Nosotros hemos optado de entrada por el diálogo, la negociación y el acuerdo. Es la más beneficiosa para todos, y por el contrario, la vía unilateral contiene elementos negativos e inconvenientes para todas las partes. Por ello, en las últimas semanas me he reunido con el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y con los principales líderes de los partidos políticos españoles: Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera.
Como he explicado, el Gobierno que presido y que tomó posesión hace cuatro meses, junto con el Parlamento, ha comenzado a preparar las estructuras de Estado y a diseñar todos los aspectos necesarios para poder proclamar la independencia en un periodo aproximado de 18 meses. Esto no quita que si el Estado español ofreciera un referéndum, desde Cataluña lo aceptaríamos. No nos da miedo votar y no nos da miedo el resultado. Nosotros no lo promoveremos, porque no tiene sentido reiterar indefinidamente lo que hemos intentado por activa y por pasiva sin éxito, y de hecho, estamos convencidos de que esta oferta no llegará. En definitiva, diálogo, todo lo que sea necesario. Inacción esperando lo imposible, no.
Cabe señalar que no pedimos en España que esté a favor de la independencia, ya entendemos que esto no será así. No nos da miedo confrontar ideas. Lo que pedimos es que se nos deje votar a los catalanes, y que luego se respete el resultado y se haga lo necesario para implementarlo. De momento, vemos que en España no sólo se tiene miedo del resultado, sino que se tiene miedo a preguntar. Dicho esto, sería lógico pensar que si el Estado quiere que Cataluña siga formando parte de España debería hacer una propuesta atractiva y sobre todo debería intentar seducirnos. Es lo que vimos que hizo el Gobierno británico. En el caso español, su incapacidad para gestionar este conflicto político y su manera de actuar no hace más que incentivar y dar nuevos motivos para independizarnos.
En el caso de Escocia, la respuesta al conflicto político abierto vino de Londres, desde el propio Reino Unido. Desafortunadamente, mucho me temo que en el caso catalán, esto no será así. La respuesta no vendrá de Madrid, sino que tendrá que venir de Europa, por la incomparecencia del Estado español. La única respuesta que recibimos de España es una invasión legislativa constante en nuestro marco legal por parte del Tribunal Constitucional, que está a las órdenes del Gobierno, vulnerando la más elemental separación de poderes, consustancial en toda democracia. Un tribunal presidido por un exmilitante del PP, integrado por una mayoría de magistrados afines a este partido y una minoría de afines al PSOE. Cataluña está indefensa jurídicamente.
Cuarto. Queremos ser un nuevo Estado, y queremos serlo en el marco de la Unión Europea. No nos imaginamos otro escenario de futuro que no sea éste. Los catalanes somos y seremos europeos. La Unión Europea es nuestra familia política, un hogar donde nos sentimos cómodos y con quien compartimos referentes, valores y principios. Y de cara al futuro, queremos ser partícipes en primera persona de este proyecto de construcción europea, desde una visión mediterránea que nos otorga personalidad. De hecho, Cataluña siempre ha sido un país con una clara vocación europeísta, mucho antes incluso que el propio Estado español entrara a formar parte de la Comunidad Económica Europea.
Cataluña aspira a disponer de un Estado, pero al mismo tiempo, no tendría ningún problema en ceder parte de su soberanía en determinados ámbitos competenciales -por ejemplo asuntos exteriores, defensa, seguridad o fiscalidad- a fin de avanzar hacia una Europa federal, más fuerte, más unida. Y avanzar en este terreno es básico si queremos resolver las debilidades que tiene hoy en día la Unión Europea: para disponer de un proyecto más humano que dé respuesta a las necesidades y a las problemáticas de la ciudadanía europea, que dé respuesta a los retos y los problemas globales, que permita a Europa fortalecer su liderazgo, tanto internamente, como por lo que aporta a nivel mundial. Un proyecto con unas instituciones comunitarias fuertes, elegidas democráticamente, comprensibles e identificables, próximas a los ciudadanos, que rindan cuentas. En este sentido, creo que es imprescindible insistir en el concepto de la democracia y la transparencia. Los ciudadanos sólo harán suya Europa, si pueden escoger en todo momento cómo la quieren, si tienen poder de decisión sobre ella. Debemos construir un modelo de Europa que la haga más democrática y donde la participación de la ciudadanía sea mucho más relevante. Una apuesta por la democracia y la participación que son precisamente conceptos básicos del proceso que vive Cataluña.
Todo lo que se ha construido este último medio siglo en Europa es una historia de éxito, con un balance altamente positivo, aunque tampoco debemos obviar que hay carencias y cosas que hay que mejorar. Es tarea nuestra avanzar en la dirección buena para fortalecer el proyecto de integración europea y el espacio de convivencia común.
En este punto, permítanme que haga una breve referencia a uno de los retos más importantes a los que se enfrenta Europa en este momento, que es la crisis humanitaria originada por la llegada masiva de refugiados a nuestro continente. Desgraciadamente, la inacción, el mirar hacia otro lado, el errar la respuesta colectiva que sería necesaria, los incumplimientos, resulta enormemente triste y decepcionante. Esta no es la respuesta que debe dar Europa, ésta no puede ser la reacción de una sociedad que cree firmemente en los derechos humanos, que quiere ser abierta y que goza de una paz y de un bienestar que no tienen de otras regiones del mundo.
Cataluña siempre ha sido tierra de acogida, también a lo largo de su historia ha pasado por momentos en que muchos de sus ciudadanos han tenido que emigrar forzosamente. Y ahora pensamos que hay que implicarse activamente en la acogida de las personas refugiadas. Es un deber que tenemos todos y no podemos fallar. Dentro de nuestras posibilidades, nosotros ya estamos trabajando.
Retomando la explicación que les hacía, me gustaría hacer dos breves apuntes sobre el referéndum que celebrarán ustedes el próximo 23 de junio sobre su permanencia en la Unión Europea, con todo el respeto y la prudencia que requiere un asunto que yo observo desde de fuera. En primer lugar, que una vez más, se ha demostrado que Europa es suficientemente flexible como para adaptarse a las necesidades políticas del momento. Pone siempre por delante el pragmatismo y la oportunidad por delante de la ortodoxia y los tratados. Digo esto para aquellos que dentro del Estado español insisten en que una Cataluña independiente quedará fuera de Europa. Ante una casuística nueva nunca dada hasta ahora, estamos convencidos de que se encontrará una solución satisfactoria para todos. En segundo lugar, ante algunos que se plantean abandonar la Unión Europea, nosotros afirmamos solemnemente que nos queremos quedar. Sería sorprendente que animara a quedarse a uno de los socios que ahora debate si debe marchar -cosa que no critico-, y que se quisiera echar a aquellos que se quieren quedar. En resumen: si Europa se ha reformado para evitar que el Reino Unido se marche de la Unión Europea, también sabrá adaptarse para que Cataluña continúe en la Unión Europea cuando sea un Estado independiente.
Quinto. Aspiramos a unas relaciones muy cercanas y amistosas con el Estado español. Los vínculos familiares, afectivos, sociales, históricos, culturales y económicos entre Cataluña y España son obvios en la actualidad y lo seguirán siendo en el futuro cuando seamos independientes. En un plano de libertad, de igualdad y de respeto mutuo, estamos convencidos de que los dos estados mantendrán una relación estrecha y trabajarán en colaboración y conjuntamente en el ámbito económico y político, como actores principales del área mediterránea de la Unión Europea.
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El deseo de libertad, de escuchar a la gente, de cambiar para mejorar, de construir, la esperanza, la ilusión son algunos de los elementos que mueven el proyecto político para que Cataluña se convierta en un Estado. Es una aspiración legítima, como ha sido la de muchos otros países que se han convertido en independientes en las últimas décadas. Ninguno de ellos, por cierto, se ha querido echar atrás después. Ahora queremos nuestra oportunidad, y además lo queremos hacer a nuestra manera, a la catalana, con ejemplaridad, democracia, pacíficamente, con civismo y respeto, no como un problema sino como una oportunidad.
Durante muchos años, Cataluña pensó que ayudando a España a modernizarse, a democratizarse y regenerarse, siendo, en definitiva, la vanguardia de España, le iría bien a ella y le permitiría prosperar. Esta es una etapa que se ha terminado y queremos empezar otra nueva. Y estamos convencidos de que este proceso político que ha emprendido nuestro país puede situar a Cataluña como ejemplo de un proceso de vanguardia democrática en el seno de la Unión Europea.
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