El 27 de septiembre, día de las elecciones catalanas, España cometió un delito gravísimo que debe tener su recorrido en las instituciones europeas y que debe ser difundido internacionalmente a través del gobierno de Cataluña. Es necesario que el mundo sepa que España es un Estado que viola los derechos humanos y los principios más básicos del Estado de derecho por medio de maniobras que impiden que todos puedan votar. Este ha sido el caso de las elecciones del 27-S, en las que sólo ha podido votar un 7,5% de los cerca de 200.000 catalanes que viven en otros estados. Desinformación total en las embajadas y consulados, obstáculos e impedimentos de todo tipo, adoctrinamiento nacionalista español -como el de la embajada de Londres-, desprecios de los funcionarios a los residentes catalanes y a las elecciones en sí mismas, papeletas perdidas, papeletas impresas con direcciones erróneas, papeletas tiradas a la basura en Italia, papeletas que llegaron dos semanas después de las elecciones, quejas de todo tipo desde los cinco continentes por la imposibilidad de votar… Desde el Casal de Costa Rica, por ejemplo, dicen esto: “Al final, después de tantas solicitudes, de querer cumplir nuestro deber y de querer ejercer nuestro derecho como ciudadanos, sólo 18 catalanes han podido votar en Costa Rica. La embajada tiene censados 1.400”.
Como vemos, se trata de un escándalo mayúsculo, una maniobra gubernamental española absolutamente repugnante y propia de regímenes dictatoriales o de repúblicas bananeras, que es lo mismo. Así narraba una catalana el caso de su familia: “Me parece una vergüenza que no hayamos podido votar. Me llegó el sobre el 28 de septiembre, un día después de las elecciones, y el último día para enviarlo era el 23. Votar es un derecho, no un privilegio. Llamé a la embajada y me dijeron que puedo poner una queja”. Encima se burlaban.
Ante este estado de cosas, la respuesta oficial catalana me parece de una tibieza cuando menos inquietante. La consejera de Gobernación ha dicho: “Estamos en un Estado arcaico que no ha protegido el derecho fundamental de voto de los ciudadanos en el extranjero”. Ciertamente es así. Pero ¿cree la consejera que la expresión “no ha protegido” es de verdad la más adecuada? El gobierno español ha violado un derecho fundamental e inalienable, como es el derecho de voto, y ha manipulado el resultado de unas elecciones, ¿y lo único que se nos ocurre es decir que no ha sido suficientemente “protector”? ¿Sólo eso? Caramba, cuánta buena fe y cuánta resignación. Espero que seamos más asertivos a la hora de construir un Estado, porque esta mansedumbre concuerda más con un espíritu autonómico que con el de una nación que quiere ser libre. Ya no estamos en la etapa de los lamentos. Ahora es la hora de denunciar internacionalmente y con contundencia las maniobras antidemocráticas españolas; ahora es la hora de utilizar estos delitos de España para explicar al mundo los principios absolutistas que lo rigen. Esperamos, pues, que haya reflexión en este sentido.
Mientras tanto, sin embargo, el Estado español, a la vez que manipula las elecciones catalanas, envía dos observadores, uno del PP y otro del PSOE, a supervisar las elecciones sistemáticamente fraudulentas de Bielorrusia y a dar lecciones de democracia. Las mismas lecciones que nos da Felipe González en alusión a la mayoría absoluta independentista de Cataluña: “La legitimidad del voto no puede estar por encima de la ley”. Nos lo dice el hombre que presidía un gobierno que se saltó las leyes, que se saltó los derechos humanos y que se saltó todos los fundamentos democráticos creando con financiación pública, con nuestro dinero, una banda terrorista llamada GAL. Felipe González, sin embargo, nunca ha ido a la cárcel, nunca ha sido procesado y nunca ha sido inhabilitado. ¿Alguien se imagina entre qué barrotes estaría ahora mismo Juan José Ibarretxe, si su gobierno hubiera hecho lo mismo en sentido ideológico inverso?
El delito en el Estado español, lo que se considera delito, es que el presidente de Cataluña, recogiendo el mandato democrático de la ciudadanía, ponga las urnas para que la gente se exprese libremente. Esto sí que es un crimen. Y como es un crimen, le han puesto una querella criminal. Y también lo quieren inhabilitar, no sea que tuviera la osadía de poner las urnas de nuevo. Tiene mucha razón el presidente Mas, por tanto, cuando, refiriéndose al clamor de la ciudadanía, dice que “lo que habría hecho un Estado con una mínima solvencia democrática, en lugar de ordenar al fiscal jefe de Cataluña que asistiera al procedimiento judicial contra miembros del gobierno catalán, sería retirar las querellas que puso”. Pero el Estado español no lo hará, Presidente, porque si algo le ha faltado siempre ha sido justamente eso: solvencia democrática.
En todo caso, digamos para concluir que la obstrucción del voto en un país verdaderamente democrático es un delito, un delito gravísimo que no puede ser obviado o despachado con los tradicionales “no hay derecho”, “ya se sabe”, “España es así”. Los catalanes que han visto vulnerado su derecho de voto son miles, pero aunque sólo fueran un centenar el hecho continuaría siendo gravísimo e inadmisible. Basta cambiar de escenario y de situar esta manipulación en un país del centro o del norte de Europa para ver que el escándalo habría sido inmenso y que ya se habrían producido dimisiones y ceses. Pero ya hemos visto el carácter manipulador de la Junta Electoral Central española y cómo el ministro Margallo, carente de argumentos, envía al psiquiatra quienes lo denuncian. Como decía el franquismo, “Spain is different”. Este es un eslogan que se mantiene tan vigente como el espíritu de su autor.
EL MÓN
