DICE el delegado del Gobierno español, mi admirado Carlos Urquijo, que “el cumplimiento de la Ley es lo que garantiza la convivencia democrática”. Una frase de manual que es el escudo de quienes se sienten incómodos con la entelequia de la voluntad popular. ¿Ha mejorado en algo la convivencia en Mungia tras la polvareda que ha generado la negativa de Izaskun Uriagereka a colocar la rojigualda en el Consistorio? La ley no solo está para cumplirla, sobre todo está para adaptarse a las necesidades de los ciudadanos. La ley cambió por ejemplo para permitir el matrimonio entre homosexuales. Y cambió menos de lo que quería el PP de Urquijo y Ruiz Gallardón porque la mayoría de los ciudadanos ven de una forma más natural el derecho al aborto. El caso es que, partiendo de la base de que el cargo de delegado del Gobierno en Euskadi me huele a represión y tanquetas en la calle, quien ocupa esa posición debería tener un perfil de diplomático, con capacidad de templar gaitas y sensibilidades. Pero se ha convertido, a la vista del caso Cabieces, en el refugio de prejubilación de aquellos que ya no tienen sitio en las listas de PP y PSE. Tendría que aclarar Urquijo hasta qué punto le mueve la ley a la hora dar guerra con las banderas y dónde empieza su antipatía por lo vasco. Porque su actitud me recuerda mucho a los hooligans del Espanyol que el miércoles pasado acudieron a San Mamés con banderas españolas solo por alterar al personal e impedir cualquier tipo de convivencia.
