No ha habido nunca ningún país dominado por la fuerza de las armas que se haya liberado sin transgredir la legalidad que le imponía el Estado dominador. Ha habido separaciones civilizadas, como la de Noruega y Suecia, o intentos de separación, también civilizados, como los de Quebec y Escocia, pero nunca ningún pueblo se ha liberado cumpliendo punto por punto la legalidad de un dominador absolutista. Esto no es posible por la sencilla razón de que la legalidad del dominador no prevé en ninguna parte que el dominado pueda dejar de serlo. Es cierto que el Canadá y el Reino Unido son estados dominadores, pero también lo es que son estados democráticos, no regímenes absolutistas, y, a pesar de que sus leyes no incluyen el derecho a la autodeterminación de las naciones que los configuran, no impiden que estas decidan su futuro depositando una papeleta en una urna. Por ello, Quebec ha celebrado dos referendos, uno en 1980 y otro en 1995, y Escocia en 2014. En el primer caso, Canadá entendió que, dijera lo que dijese su Constitución, ninguna ley verdaderamente democrática puede impedir que un pueblo decida si quiere ser libre. Y en el segundo, el primer ministro británico David Cameron lo expresó con estas palabras: “Podría haber prohibido el referéndum, pero soy un demócrata”.
El Estado español, sin embargo, piensa justo lo contrario. Alicia Sánchez-Camacho dice: “Que no se pueda votar es una victoria de la democracia”; y Mariano Rajoy añade: “No hay referéndum en Cataluña, porque España es una democracia avanzada”. Es obvio que frases como éstas, que deberían sonrojar a sus autores, provocan una fuerte carcajada en Cataluña y un gran estupor en el mundo democrático, pero oiremos muchas más, porque el totalitarismo, como la mona, aunque se vista de seda, totalitario se queda. Los hijos ideológicos del franquismo pensaron que el Estado de derecho les ofrecía suficientes grietas como para continuar imponiendo el principio máximo del régimen, la “sagrada unidad de España”, y, haciéndose pasar por demócratas de raíz, crearon unos mecanismos legales que, además de servir de coartada, hicieran imposible, literalmente imposible, que Cataluña pudiera cambiar nunca una sola coma de la Constitución española. Ni siquiera, puestos a hacer volar palomas, contando con el apoyo del País Valenciano, de las Islas, de Euskadi, de Navarra, de Galicia, de Canarias, de Andalucía y de Ceuta y Melilla.
Franco lo dijo el 30 de diciembre de 1969: “Todo ha quedado atado y bien atado, con mi propuesta y la aprobación por las Cortes de la designacion como sucesor, a título de rey, del príncipe don Juan Carlos de Borbón”. Desde entonces, tanto en la dictadura como en esta mascarada que tenemos ahora, todos los poderes del Estado han trabajado en una misma dirección para maniatar a Cataluña. Derechas e izquierdas se pueden lanzar los trastos a la cabeza por todo tipo de razones, pero nunca -¡nunca! – por Cataluña. Basta con mirar los nombres de las personas que han removido y que manejan el cotarro en todos los ámbitos del Estado para comprender hasta qué punto el nacionalismo español, con la “unidad de España” como tótem, es mucho más que una ideología política. Es una religión. Y quien discrepa comete herejía. Franco los llamaba “rojo-separatistas”; ahora los llaman “antidemocráticos”.
De acuerdo con ello, el Estado español nunca reconocerá la nación catalana, porque, si lo hiciera, debería reconocer también las naciones vasca y gallega. Y, claro, ¿cómo se puede decir a una nación que no tiene derecho a la autodeterminación? Fijémonos, en este sentido, que incluso llegan al extremo de negarnos la condición de pueblo. Lo decía el 22 de octubre pasado Susana Beltrán, profesora de derecho constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona y vicepresidenta de la entidad neofalangista Sociedad Civil Catalana: “El pueblo catalán no existe”. ¿Se da cuenta, el lector? Si no existimos, no tenemos derechos. Somos sólo una invención delirante de mentes febriles. Lo cierto, sin embargo, es que detrás de alguien que dice que un pueblo no existe, sólo hay racismo. Es decir, odio étnico e impotencia intelectual.
Situados en este punto, pues, es la hora de irse. Cada minuto que permanezcamos dentro del Estado español es un minuto más de cautiverio, es un minuto más de expoliación, de desprecio, de insultos, de agresiones, de humillaciones… Es hora de elecciones de carácter plebiscitario con el compromiso, por parte de los partidos soberanistas, de declarar unilateralmente la independencia. Es hora, en definitiva, de transgredir la legalidad española, de abrir la puerta de la cárcel y de poner fin a tres siglos de sumisión y sometimiento. Hay, por tanto, un conflicto, naturalmente que sí, pero el conflicto no es la independencia, el conflicto es la opresión.
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